Más de dos décadas de crisis sin fin
La Generalitat ha fracasado en todos sus intentos de mantener a flote el centro
Antía Castedo / Oriol Güell Barcelona8 JUN 2013 - 02:50 CET1
El hospital de Sant Pau ha sido campo de pruebas y terreno de fracasos para el Gobierno catalán en los últimos 25 años.
La división. Acuciado por una gigantesca e histórica deuda con la Seguridad Social, la seis veces centenaria institución es dividida en 1991, en un proceso pilotado por la Generalitat, en dos fundaciones. Una —conocida como “la de gestión”— asume la asistencia médica en el hospital. La otra —“la patrimonial” o “la privada”— administra el millar de bienes donados por enfermos y sus familias al Sant Pau. A estas dos se añade poco después una tercera fundación dedicada a la investigación. El objetivo de la división es proteger el patrimonio de Sant Pau de un eventual embargo de la Seguridad Social. El consejero de Salud es entonces el actual alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
El déficit. La nueva arquitectura jurídica no evita que el hospital empiece a acumular déficit desde el primer año. En 2007, este asciende ya a casi 300 millones de euros. El segundo Gobierno tripartito hace una aportación extraordinaria por esta cantidad para poner el contador a cero.
El nuevo hospital. A partir de 2001, un edificio empieza a crecer en la parte alta de los terrenos de Sant Pau para albergar el nuevo hospital. El coste previsto de las obras es de 216 millones, pero acaba escalando hasta los 293. La Generalitat, que financia la totalidad de las obras, cede la propiedad del nuevo edificio a la fundación patrimonial de Sant Pau, controlada por la Iglesia. Es un regalo de 300 millones.
Nuevo déficit. Ni la gran aportación de 2007 logra frenar, salvo por un par de años, el déficit crónico en el que el hospital incurre ejercicio tras ejercicio.
La destitución de Varela. El consejero de Salud, Boi Ruiz, destituye al gerente, Jordi Varela, en marzo de 2012 al alcanzar el agujero iniciado en 2007 los 18 millones de euros (30 si se tienen en cuenta las provisiones obligatorias por demandas laborales).
La denuncia. El comité de empresa y algunos sindicatos presentan en mayo de 2012 una querella contra los gestores del Sant Pau. Se abre la caja de Pandora. Salen a la luz todo tipo de adjudicaciones, pagos y contratos irregulares.
La llegada de Pomés. Boi Ruiz elige al exconsejero de Salud e Interior Xavier Pomés, que también preside el hospital Clínic y es consejero en dos holdings privados, para enderezar el rumbo de Sant Pau.
Las imputaciones. Uno tras otro, la práctica totalidad de los gestores del hospital entre 2000 y 2011 son imputados a lo largo de los últimos 12 meses por el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que investiga las irregularidades denunciadas como delitos societarios, estafa y malversación.
Guerra abierta. Pomés se muestra incapaz de reconducir el conflicto laboral que vive el hospital. Los trabajadores rechazan que se les recorte el sueldo y piden que las rentas de la fundación patrimonial reviertan en el hospital. Pomés les acusa de impedir cualquier solución.[APARTADO] Ante el bloqueo, aunque por motivos diferentes, Pomés y comité de empresa piden en marzo y abril al Protectorado de Fundaciones que intervenga el hospital.
El concurso. El Protectorado toma al fin una decisión esta semana y obliga al hospital a presentar concurso de acreedores, algo que debería haber hecho el patronato presidido por Pomés. Este, sin embargo, convoca una reunión extraodinaria en la que los cinco patrones dimiten poco antes de recibir la orden.
La división. Acuciado por una gigantesca e histórica deuda con la Seguridad Social, la seis veces centenaria institución es dividida en 1991, en un proceso pilotado por la Generalitat, en dos fundaciones. Una —conocida como “la de gestión”— asume la asistencia médica en el hospital. La otra —“la patrimonial” o “la privada”— administra el millar de bienes donados por enfermos y sus familias al Sant Pau. A estas dos se añade poco después una tercera fundación dedicada a la investigación. El objetivo de la división es proteger el patrimonio de Sant Pau de un eventual embargo de la Seguridad Social. El consejero de Salud es entonces el actual alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
El déficit. La nueva arquitectura jurídica no evita que el hospital empiece a acumular déficit desde el primer año. En 2007, este asciende ya a casi 300 millones de euros. El segundo Gobierno tripartito hace una aportación extraordinaria por esta cantidad para poner el contador a cero.
El nuevo hospital. A partir de 2001, un edificio empieza a crecer en la parte alta de los terrenos de Sant Pau para albergar el nuevo hospital. El coste previsto de las obras es de 216 millones, pero acaba escalando hasta los 293. La Generalitat, que financia la totalidad de las obras, cede la propiedad del nuevo edificio a la fundación patrimonial de Sant Pau, controlada por la Iglesia. Es un regalo de 300 millones.
Nuevo déficit. Ni la gran aportación de 2007 logra frenar, salvo por un par de años, el déficit crónico en el que el hospital incurre ejercicio tras ejercicio.
La destitución de Varela. El consejero de Salud, Boi Ruiz, destituye al gerente, Jordi Varela, en marzo de 2012 al alcanzar el agujero iniciado en 2007 los 18 millones de euros (30 si se tienen en cuenta las provisiones obligatorias por demandas laborales).
La denuncia. El comité de empresa y algunos sindicatos presentan en mayo de 2012 una querella contra los gestores del Sant Pau. Se abre la caja de Pandora. Salen a la luz todo tipo de adjudicaciones, pagos y contratos irregulares.
La llegada de Pomés. Boi Ruiz elige al exconsejero de Salud e Interior Xavier Pomés, que también preside el hospital Clínic y es consejero en dos holdings privados, para enderezar el rumbo de Sant Pau.
Las imputaciones. Uno tras otro, la práctica totalidad de los gestores del hospital entre 2000 y 2011 son imputados a lo largo de los últimos 12 meses por el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que investiga las irregularidades denunciadas como delitos societarios, estafa y malversación.
Guerra abierta. Pomés se muestra incapaz de reconducir el conflicto laboral que vive el hospital. Los trabajadores rechazan que se les recorte el sueldo y piden que las rentas de la fundación patrimonial reviertan en el hospital. Pomés les acusa de impedir cualquier solución.[APARTADO] Ante el bloqueo, aunque por motivos diferentes, Pomés y comité de empresa piden en marzo y abril al Protectorado de Fundaciones que intervenga el hospital.
El concurso. El Protectorado toma al fin una decisión esta semana y obliga al hospital a presentar concurso de acreedores, algo que debería haber hecho el patronato presidido por Pomés. Este, sin embargo, convoca una reunión extraodinaria en la que los cinco patrones dimiten poco antes de recibir la orden.
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