La crisis y los robos arruinan la gestión de los residuos peligrosos
La actividad del sector baja un 40% en cuatro años y se pierden la mitad de los empleos
La descontaminación de suelos se ha reducido un 70%
“Al quedar el tratamiento de estos residuos en manos de este mercado ilegal no se puede vigilar si se cumple con los requisitos, con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente”, explica Luis Palomino, portavoz de la asociación de empresas gestoras de residuos y recursos especiales (Asegre). La piratería ha ocasionado pérdidas acumuladas al sector de 218 millones desde 2008.
Entre los casos más alarmantes se encuentra la llegada a las plantas de reciclaje de frigoríficos sin compresor, que se extrae sin ninguna precaución y libera directamente a la atmósfera gases refrigerantes, con alto potencial de efecto invernadero y con capacidad de dañar la capa de ozono. “Hay gestores que utilizan lodos industriales como fertilizantes agrícolas”, aseguran en Asegre. El mayor descenso de la actividad se ha notado en la descontaminación de suelos (que ha bajado un 70% en los últimos cuatro años), le sigue la actividad en vertederos (-48%), y los procesos físico-químico-biológicos (-47%).
Un residuo pasa a ser peligroso cuando puede poner en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente. Su gestión está regulada por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, que establece sanciones. En rara ocasión, las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil consiguen imputar delitos ambientales, aunque ocurre. Una operación de 2011, por ejemplo, descubrió las prácticas de tres empresas españolas que compactaban máquinas de aire acondicionado y frigoríficos emitiendo a la atmósfera toneladas de gases refrigerantes, muy perjudiciales para la capa de ozono. En esta causa, en instrucción, sí se recurrió al Código Penal.
Desde 2010 hasta 2012, las denuncias por infracciones relacionadas con residuos peligrosos han pasado de 8.700 a 7.500. “Un alcalde de la provincia de Málaga me reconocía que le preocupaba más que robaran en el interior de los coches el centro del pueblo que en el punto limpio, que al fin y al cabo está a las afueras”, cuenta Leonardo Díaz, gerente de Recilec, empresa que posee una planta de tratamiento de residuos de Aznalcóllar (Sevilla). “El 85% de lo que nos llega de puntos limpios está manipulado. Hay bandas que les retiran los componentes valiosos como el aluminio, el cobre o el hierro, de forma que elementos como el níquel, el plomo o el mercurio terminan en la atmósfera, en el suelo, en los cauces de los ríos”, relata. Los datos del Gobierno hablan de un 70% de residuos manipulados.
A Leonardo Díaz no le salen las cuentas. La asociación nacional de fabricantes de electrodomésticos menciona una bajada de las ventas de un 8% en línea blanca en 2012, mientras que a su planta han dejado de llegar un 60% de estos aparatos para reciclaje. En lo que va de año, su negocio ha prescindido de 24 trabajadores. El empleo directo de todo el sector acumula una bajada del 50% desde 2008.
Controlar este ámbito es complejo. Hay muchos intermediarios: empresas generadoras de residuos como laboratorios, talleres mecánicos o granjas; los sistemas integrados de gestión (entidades sin ánimo de lucro que se encargan de reciclar estos productos con aportaciones de los fabricantes) o plantas de tratamiento.
ERP España, uno de estos sistemas integrados de gestión fundado por HP, Sony y Braun, habla de “redes muy bien organizadas” que han encontrado un filón en su campo. “En los últimos años, el valor del chapajo (mezcla de materiales triturados) ha sido muy alto y se ha favorecido la proliferación de canales de gestión no autorizados, ni controlados”, aporta Matias Rodrigues, director de ERP España.
“Echamos de menos datos fiables sobre el sector. Igual que la construcción ha sido un foco importante de corrupción, conviene no perder de vista cómo se gestiona el reciclaje de aparatos electrónicos”, aconseja Sara del Río, de Greenpeace.
El Ministerio de Medio Ambiente trabaja en un decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el que incorporará los objetivos de la directiva europea de 2012 y que incluye un capítulo sobre seguridad frente al robo. Entre las medidas que consideran “más exitosas” está situar los puntos de recogida en lugares cerrados, que no se visualicen desde fuera y el contacto directo con puntos de vigilancia.
El rastro policial
- Red de talleres ilegales. La Operación Trócola inspeccionó en junio 38 talleres en Cádiz en los que la Guardia Civil interpuso 154 denuncias, algunas de ellas relacionadas con el trato que daban a residuos como aceites usados, baterías, neumáticos o diferentes líquidos. El objetivo principal era ahorrar costes.
- Gases en la atmósfera. En 2011, los investigadores del Seprona actuaron contra tres empresas que compactaban frigoríficos y equipos de aire acondicionado sin retirarles los gases refrigerantes que afectan a la capa de ozono y que deben ser incinerados en una planta de Francia. Se les atribuye un delito contra el medio ambiente por haber liberado a la atmósfera “toneladas de gas”. Hubo 59 implicados. El caso sigue en instrucción.
- Aceite robado. Los contenedores de aceite usado de Murcia se saquearon en 2012 una vez cada tres días. Los gestores no saben a qué mercado secundario se estará destinando; normalmente, se utiliza para la fabricación de biodiesel. El fenómeno está cada vez más extendido. En Valencia, Almería o Málaga han trascendido episodios similares.
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