¿Puede haber responsabilidad penal por una mala gestión?

El político puede responder civilmente de las decisiones que tome en el ámbito sanitario, pero los abogados encuentran difícil su condena penal.

S.V. Madrid | soledad.valle@unidadeditorial.es | 15/07/2013 00:00

El cohecho o la prevaricación son delitos propios de la gestión de la Administración que, por tanto, conllevan responsabilidad penal. Pero, imputar a un ejecutivo o a una Administración como tal un delito de homicidio es juzgado por varios abogados consultados como "extraño" o, dicho de otro modo, con pocos visos de prosperar.

Sin embargo, ocurre. Una asociación de derechos humanos de Mallorca, la Confederación General de Trabajadores de Baleares (CGT-IB) y la Asociación de Senegaleses de Mallorca (Asema) presentaron una querella conjunta por la muerte de Alpha Pam, el inmigrante senegalés que falleció en Mallorca por tuberculosis.

La querella se dirigió contra del consejero de Salud, Martí Sansaloni, el director de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso, el director del servicio de salud, Miquel Tomàs, y contra el director de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado por el fallecimiento de Pam.

El texto, presentado a mediados del pasado junio en un juzgado de instrucción de Palma recogía cinco delitos: la denegación discriminatoria de una prestación de carácter público, prevaricación, coacciones, homicidio imprudente y revelación de secretos.

José Ramón Díez, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la UNED y experto en Derecho Sanitario, afirma que "las imputaciones a responsables administrativos de falta de prestación de un servicio tienen muy pocas probabilidades de prosperar en vía penal".

Homicidio imprudente
Javier Moreno Alemán, socio abogado de Asjusa-Letramed, sostiene que "la posición natural de estos cargos dentro de un proceso penal sería la de responsable civil ". Puntualiza que, "aunque las personas jurídicas pueden ser responsables de diversos delitos, lo cierto es que el de homicidio imprudente no sería uno de ellos".

Pero el caso del senegalés Alpha Pam no es el único que en las últimas semanas ha buscado responsables penales entre los gestores políticos y admistrativos.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid: Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles, y el Hospital de Torrejón de Ardoz.