Carlos Carnicer: "Es un anteproyecto de ley sin consensuar con el sector"

Unión Profesional considera que la liberalización de los servicios profesionales no debe mirarse únicamente desde un prisma económico, como cree que se ha hecho tras la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Redacción | 05/08/2013 11:04

Ante la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales con la que el Gobierno pretende modernizar el sector, desde Unión Profesional se pone de manifiesto que el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, ya habían sido modernizados en 2009 a partir de la Ley Ómnibus, yendo más allá de lo exigido por la Directiva europea de Servicios.

Según Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, "si, como afirmó el ministro de Economía, el subsector de los servicios profesionales es competitivo en la actualidad, no se entiende que haya que reformarlo". En este sentido, Carnicer enfatiza que "cuando un sector funciona bien, y además ya ha sido reformado, no es comprensible que se le someta a una nueva reforma, como la presentada, y menos aún que se haga a espaldas del sector".

"La liberalización de los servicios profesionales no es una cuestión baladí ni debe ser mirada únicamente desde un prisma económico, existen unos derechos de los ciudadanos que proteger a través de la sujeción del profesional a unas normas éticas y deontológicas mediante la colegiación y eso no creo que haya sido tenido en cuenta", afirma Carnicer.

Sesde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas se reitera la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecten a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente. Además de las ya contempladas -jurídicas, sanitarias y técnicas (en su más amplio ejercicio)-, existen muchos profesionales como psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física que deben ser ayudados y controlados por los colegios profesionales para proteger los derechos de la ciudadanía.

El presidente de Unión Profesional concluye que "la tramitación precipitada de una ley de esta importancia recomendaba no sólo un mayor cuidado en su redacción sino, sobre todo, una mayor participación de las profesiones afectadas".