“Ningún de nuestros vecinos abandonará su tratamiento”
“Si hay que quitar seis mil euros a una obra no hay problema porque van mejor invertidos ahí", dice el alcalde de Pedrafita
ANXO IGLESIAS
“Si tenemos que dejar de hacer una infraestructura, de asfaltar una carretera o lo que sea, nosotros lo tenemos claro. Nuestra prioridad es que ningún vecino abandone su tratamiento por cuestiones económicas”.
La frase la repite a diario el alcalde de Riotorto, el nacionalista Federico Gutiérrez Estoa, que inauguró la rebelión de los ayuntamientos gallegos. “Se lo vamos a pagar a todo el que lo necesite y, por nosotros, no van a morir a las puertas del hospital suplicando que les paguen los medicamentos”, avisa el alcalde de Pedrafita, el socialista José Luís Raposo, uno de los más veteranos de la provincia de Lugo y que enseguida se adhirió a la “insumisión” apadrinada desde Riotorto. El llamado “espíritu de Riotorto” lo encargan 150 colectivos sociales que el pasado sábado se reunieron en la casa de la cultura de este municipio lucense para exigir a la Xunta que se enfrente al Ministerio y no aplique esa tasa a los enfermos. “El derecho a la salud no puede estar en función de la disponibilidad económica de las personas", resume el regidor que ejerció de anfitrión. Junto a él en el encuentro estaban los de Monforte, Ribadeo, San Sadurniño, Allariz o Carnota, además de representantes de asociaciones de enfermos como ALCER, de síndrome de Down, Cogami y plataformas en defensa de la Sanidad pública. Hasta asistieron preferentistas y miembros del colectivo de emigrantes retornados.
En la provincia de Lugo, donde nació la revuelta municipal se ha levantado ya casi una cuarta parte de los ayuntamientos, también el de la capital. “Estamos hablando que en Lugo ciudad tendrá unas quinientas personas que son enfermos crónicos. El gasto medio se puede estimar en cincuenta euros al año”, calcula el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Eliseo Rivas. El Gobierno que preside Xosé Clemente López Orozco está dispuesto a asumir la factura, de unos 30.000 euros al año. “Nuestra prioridad no es asumir el copago sino dar la batalla social y que no se aplique, por eso aún no he calculado el coste. Pero tenemos claro que gobernar es priorizar”, insiste el padre de la idea.
“Si hay que quitar seis mil euros a una obra no hay problema porque van mejor invertidos ahí. Es algo que no debía tocar ningún gobierno pero esta gente con mayoría absoluta hace estragos de todo tipo”, lamenta desde Pedrafita el socialita José Luis Raposo. Los promotores del boicot al copago en las enfermedades crónicas aseguran que la iniciativa ha sido muy bien acogida por sus vecinos y destacan que no solo es una cuestión de dinero, también de que la sociedad “tome conciencia de sus derechos”.
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