Más de 6 millones de españoles tendrán serias dificultades para acceder a la asistencia sanitaria, según FADSP

Madrid (20/06/2012) - Silvia C. Carpallo

• PSOE e IU se muestran de acuerdo en resaltar que la implantación del RDL 16/2012 supondrá una vuelta atrás y que incidirá directamente en los más desfavorecidos

• Trinidad Jiménez desmiente a su vez los argumentos utilizados en lo relacionado con el turismo sanitario

"Este Real Decreto es un drama para la Sanidad pública, se ha hecho sin contar con las fuerzas políticas en el Parlamento, pero también se ha hecho sin contar con los profesionales". Así iniciaba Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del Partido Socialista, su intervención en la mesa redonda sobre "Análisis y evaluación de los recortes en Sanidad, RDL 16/2012", organizada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Con esta misma idea coincidían los otros dos intervinientes, Caridad García, vocal de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, y Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP.
Otra de las ideas que recalcaban los ponentes era el hecho de que esta normativa supone transformar un sistema universal en un sistema de aseguramiento, que además de crear desigualdades sociales, es más costoso. "Se vuelve a un sistema anterior a la Ley General de Sanidad, y por eso se le llama contrarreforma", explicaba Jiménez. La ex ministra, además de considerar el texto "una chapuza jurídica", recalcaba que, de momento, en vez de asegurar el sistema y dar tranquilidad a la ciudadanía, "se ha conseguido generar inseguridad, incertidumbre y miedo en los españoles, sobre todo en los ciudadanos de una determinada edad", ya que actualmente la Sanidad se ha posicionado como la cuarta preocupación de los españoles.
Más concretamente, según se calcula desde FADSP, "más de 6 millones de personas tendrán serios problemas para acceder a la atención sanitaria que necesita si se implanta esta ley", motivo por el cual, Caridad García declaraba que este es un Real Decreto "desalmado", ya que "es un decreto de exclusión de los más débiles de la población española".
Aunque está en marcha un borrador para realizar el desarrollo reglamentario y así poder incluir a esos grupos que inicialmente parecían quedar excluidos, como por ejemplo los mayores de 26 años que no hubieran cotizado, Jiménez considera que sigue existiendo "una extraordinaria injusticia social", sobre todo en referencia al grupo de pensionistas que a raíz de esta nueva normativa tendrá que copagar, ya que aquellos con "pensiones muy bajas que tengan que adelantar este dinero se van a ver en una situación insoportable", sobre todo aquellas familia que sobreviven de la pensión de sus mayores.

La otra realidad del turismo sanitario
En cuanto a otro de los temas candentes de este análisis, cabe destacar que Trinidad Jiménez desmentía totalmente los argumentos que el Gobierno ha utilizado para aprobar la parte referente al turismo sanitario, como el informe del Tribunal de Cuentas, sobre el cual opinaba que "es radicalmente falso, la justificación que se adopta en el RDL en relación a ese informe, puesto que ese informe lo único que dice es que las comunidades autónomas no suelen facturar determinadas prestaciones a los extranjeros comunitarios". El problema, -afirma sin embargo-, es que los hospitales no están realizando la facturación correspondiente, pero no por falta de regulación, sino por falta de incentivos, ya que ese dinero no vuelve al hospital, ni a la correspondiente consejería de Sanidad, sino que es devuelto a la Consejería de Hacienda.
Sobre los residentes en España de la Unión Europea, Jiménez recuerda que por cada uno de ellos se recibe un total de 3.000 euros al año en concepto de asistencia sanitaria, teniendo en cuenta además que el gasto medio al año por cada ciudadano español ronda los 1.240 euros. Además, recuerda que se firmó la Directiva Europea Transfronteriza, por la que si un ciudadano residente en España se trasladaba, el coste de sus asistencia lo tenía que pagar su país de origen y no España, por lo que "estaba todo resuelto" y en su opinión sólo se ha centrado el discurso político en este aspecto para crear alarma social y desviar la atención.
Respecto a la inmigración no regulada, Jiménez también aportaba datos como que el coste total de esta atención supone un 0,8 por ciento, y por lo tanto, no supone los ahorros anunciados, y se cae en el peligro, ya no sólo de la exclusión social, sino de poner en riesgo la Salud Pública al no tener atendida a una población en caso de alguna epidemia, como lo fue la de la gripe A, o de otro tipo de enfermedades infecciosas.