Tribunales para médicos

La creación de tribunales especializados en responsabilidad sanitaria es un camino que se plantean en Estados Unidos para recortar el gasto sanitario, que se debe fundementalmente a la medicina defensiva.

Federico de Montalvo. Profesor visitante del College of Law, De Paul University, Chicago | 30/04/2013 00:00

l 15 de junio de 2009 el presidente Barack Obama se comprometió, ante los responsables de la American Medical Association (AMA), a reformar del sistema legal de responsabilidad médica. Tal compromiso pretendía, entre otras cuestiones, lograr de la profesión médica su apoyo a la reforma del sistema sanitario de salud que se traduciría en la conocida y controvertida norma de reforma del Sistema de Salud, Affordable Care Act 2010. Sin embargo, han pasado ya casi cuatro años, Obama ha renovado su mandato por cuatro años más, sin que la promesa haya sido cumplida ¿Cuáles son las razones de tal presunto incumplimiento?

Razones de incumplimiento
Hay dos motivos principales. En primer lugar, la regulación es competencia en gran parte de los Estados y no del Estado federal, de manera que cualquier pretensión de reformar tal área del Derecho podría encontrarse con el obstáculo de afectar a la estructura constitucional de reparto territorial de competencias, algo en lo que, por cierto, ya se pronunció el Tribunal Supremo el verano pasado cuando considero que la Affordable Care Act habría de ser interpretada en el sentido de respetar las competencias sanitarias de los Estados.

Sin embargo, si ello es así, ¿cómo Obama asumió dicho compromiso? Responde al hecho de que si bien tal competencia corresponde prima facie a los Estados, en el sistema norteamericano existen clausulas suficientes que han de permitir que por parte del Estado federal se regule una materia competencia de los Estados (commerce clause, implied powers doctrine, …). Así pues, si bien el reparto competencial dificulta algo la tarea, ello no impide promover una reforma común, aunque sea algo limitada o, al menos, respetuosa con algunas singularidades o preferencias de los Estados.

En segundo lugar, y aquí entendemos que radica realmente el problema, se apuntan las dudas que existen sobre el impacto real que el sistema de responsabilidad médica tiene en el incremento del gasto sanitario. Aunque las indemnizaciones por responsabilidad sanitaria dan lugar a unos importes desconocidos en Europea, sin embargo, varios autores sostienen que el problema radica en la medicina defensiva y, si bien entre ambos hay un nexo de unión -a mayor posibilidad de demanda y por mayor importe se presume que mayor medicina defensiva-, las soluciones no pasan necesariamente por la mismas reformas. A este respecto, una de las propuestas y desarrolladas en algún Estado (véase Texas), como es la limitación de los importes indemnizatorios (caps on damages) parece que no tendría, para algunos autores, un efecto relevante en la contención del gasto, ya que no impediría que continuara el incremento de litigios contra médicos y, según algunos estudios, la mayor parte del dinero consumido en tales litigios no va destinado a las indemnizaciones sino a los gastos del procedimiento (se estima que sesenta centavos por dólar gastado se destina a gastos procesales y el resto a indemnizaciones).

La solución radicaría, pues, en desarrollar reformas que evitaran o, al menos, atenuaran el temor de los médicos a verse inmersos en un proceso de responsabilidad profesional, más que a contener los gastos provocados por las indemnizaciones. Por ello, la medida que parece cobrar mayor fuerza es la creación de tribunales especializados en responsabilidad sanitaria (Health Courts). Varias instituciones de prestigio han apostado claramente por esta medida (Harvard School of Public Health y la organización no gubernamental Common Good, entre otras), ya que consideran que la creación de un sistema de justicia con un alto nivel de especialización daría lugar una doctrina jurídica consensuada sobre estándares de actuación médica.
La especialización habría de provocar mayor consenso en las decisiones y, por tanto, mayor previsibilidad jurídica, evitando un gran número de prácticas de medicina defensiva que responden a la mera inseguridad sobre lo que realmente exigen los tribunales. Este es precisamente el temor de algunos lobbies de abogados que ven en esos criterios consensuados una barrera insoslayable para iniciar futuros litigios. Sin embargo, la propuesta sí parece gustar a las asociaciones de consumidores, y así algunas encuestan señalan que dos tercios de los ciudadanos la apoyan. Incluso, tanto Mitt Romney como Barack Obama hicieron suya tal propuesta durante la pasada campaña presidencial.

Mirada al pasado
En definitiva, ¿cumplirá su compromiso Obama? Puede que sí, aunque parece que primero es necesario determinar con claridad cuál es el problema real, si el coste que supone en cuanto a indemnizaciones o la medicina defensiva. Y a este respecto gana fuerza la posición que sostiene que las reformas han de ir encaminadas a atajar esta última, y entre ellas, parece que la opción puede ser la de crear tribunales especializados en responsabilidad médica.

Esta experiencia la tuvimos en España hace tiempo con la notable labor que realizó durante una década la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional. Puede que sea momento de recuperar nosotros dicha experiencia.