Habla el letrado de los cirujanos demandados
"El paciente con prótesis PIP se siente estafado, pero el cirujano también"
Tranquilidad es lo que quiere transmitir Carlos Fornes, abogado experto en Derecho Sanitario, a todos los médicos demandados por la colocación de una prótesis Poly Implant Prothèse (PIP), que fueron retiradas por el Ministerio de Sanidad el 31 de marzo de 2010 por su alto riesgo de rotura.
Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es | 24/06/2013 00:00
Tranquilidad es lo que quiere transmitir Carlos Fornes, abogado experto en Derecho Sanitario, a todos los médicos demandados por la colocación de una prótesis Poly Implant Prothèse (PIP), que fueron retiradas por el Ministerio de Sanidad el 31 de marzo de 2010 por su alto riesgo de rotura.
Fornes lleva la defensa de una veintena de cirujanos demandados, en vía civil y penal, por mujeres a las que se les implantaron las prótesis defectuosas. Aunque solamente tiene sentencia de los casos resueltos en juicio oral, el letrado afirma que ninguno de sus clientes -sólo defiende a médicos- ha sido condenado. En vía penal, asegura que las querellas se han archivado.
Médico con implantes
"Los pacientes se pueden considerar estafados, pero el cirujano también", afirma el letrado, quien recuerda que estos implantes contaban con todas las acreditaciones y, de hecho, "una de mis clientes, médico, llevaba PIP". Algunos de estos facultativos han confesado al abogado su intención de demandar al fabricante o a la Administración, si bien reconoce que no se ha concretado ninguna. Y es que "las reclamaciones de pacientes están ocasionando un trastorno a los médicos, que tiene que asistir a juicios, invertir tiempo...". En la práctica, los implantes se están retirando sin cobrar los honorarios, apunta, pero se reclama la devolución íntegra del coste de la extracción.
Demanda conjunta
El abogado, que, según afirma medio en broma medio en serio, está pensando abrir un departamento exclusivo de PIP dentro de su despacho, está tramitando la defensa facultativa de una demanda interpuesta por 58 mujeres de la Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares. "Solicitan, de manera conjunta, una indemnización de 715.000 euros, quieren la devolución del coste de la extracción y una compensación por el daño moral, sin argumentar en contra la praxis médica".
No hay comentarios:
Publicar un comentario