El TSJM levanta la suspensión de la privatización hospitalaria
El tribunal no admite el recurso presentado por el PSM para interrumpir el proceso
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión cautelarísima del plan privatizador de la sanidad madrileña que había decretado este mismo tribunal el 10 de julio al no admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por el PSM para interrumpir el proceso. Con esta decisión judicial, el concurso, que estaba suspendido provisionalmente y que afecta a seis hospitales cuya gestión se externalizará, "sigue adelante", según ha anunciado la Consejería de Sanidad. El Gobierno regional ha convocado una rueda de prensa a las cinco y media de la tarde para ofrecer más detalles.
El fallo, con fecha de hoy y contra el que cabe recurso de reposición en los próximos cinco días ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, establece que los seis representantes del PSM que presentaron el recurso “no ostentan de ningún modo un ‘interés legítimo’ (…) Los pretendidos recurrentes ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría legitimación para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente ‘interés legítimo’ , ni pueden articular su invocada legitimación activa para impugnar tal convocatoria sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde”.
La sentencia resalta que la jurisprudencia, en los términos declarados, “no les otorga la disposición de un ‘interés legítimo’ máxime cuando actúan en su propio nombre y derecho y como simples usuarios de los seis hospitales cuya gestión sanitaria especializada se saca a concurso, sin que se atisbe ni se acredite en qué medida la concesión de tal gestión les puede afectar negativamente”. “Los pretendidos actores carecen de la legitimación activa que dicen ostentar, por lo que procede declarar la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo”, concluye. Entre los criterios jurisprudenciales también se resalta que “las meras expectativas contra supuestos agravios futuros o potenciales no bastan para reconocer la legitimación activa”.
Hace 14 días, la sección tercera de lo contencioso administrativo del TSJM acordó en un auto paralizar el proceso de privatización al aceptar las medidas cautelares urgentes que había pedido el Partido Socialista, lo que se traducía en la paralización inmediata de la adjudicación de los seis hospitales, certificada por el Consejo de Gobierno regional apenas seis días antes, el 4 de julio. La suspensión era provisional y se daba tres días al Gobierno regional para pronunciarse. El viernes pasado, la Consejería de Sanidad presentó sus alegaciones. El Gobierno regional hizo cinco apreciaciones entre las que destacó, sobre todo, uno: que el PSM no tiene "legitimidad procesal" para hacerlo al "no ser un perjudicado directo" ni "parte interesada" en el proceso. El tribunal aprecia este argumento y considera que los firmantes del recurso, seis diputado del PSM, no tienen "interés legítimo" en los términos requeridos por la jurisprudencia.
La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones.
Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretende que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.
El Consejo de Gobierno del 4 de julio aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. A Ribera Salud le fueron adjudicados los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; a Bupa Sanitas, el hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez. Los contratos de concesión aún no están firmados.
El proceso por vía contencioso administrativa del PSM, cerrado ahora por el TSJM, no es el único. Sigue abierta una querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.
El fallo, con fecha de hoy y contra el que cabe recurso de reposición en los próximos cinco días ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, establece que los seis representantes del PSM que presentaron el recurso “no ostentan de ningún modo un ‘interés legítimo’ (…) Los pretendidos recurrentes ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría legitimación para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente ‘interés legítimo’ , ni pueden articular su invocada legitimación activa para impugnar tal convocatoria sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde”.
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La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones.
Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretende que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.
El Consejo de Gobierno del 4 de julio aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. A Ribera Salud le fueron adjudicados los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; a Bupa Sanitas, el hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez. Los contratos de concesión aún no están firmados.
El proceso por vía contencioso administrativa del PSM, cerrado ahora por el TSJM, no es el único. Sigue abierta una querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.
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