Maternidad discriminada
Algunos juristas creen inconstitucional que solo se financien tratamientos de fertilidad a heterosexuales
La oposición y las organizaciones sociales califican la medida que propone Sanidad de Ideológica
La sanidad pública realiza unos 10.000 tratamientos de reproducción al año. / getty
La propuesta del Ministerio de Sanidad para que solo se financien tratamientos de reproducción asistida a parejas heterosexuales tiene muy difícil encaje constitucional. Los expertos definen la iniciativa, que ha indignado a las organizaciones sociales y a la oposición, como discriminatoria.
“Permitir acceder a esta prestación solo a determinados colectivos, en este caso a las parejas formadas por hombre y mujer, es una discriminación vetada en la Constitución”, apunta la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez, que considera el de la reproducción un derecho.
A pesar de que el último documento que manejan los consejeros autonómicos —que analizarán la propuesta el martes para su aprobación— contempla solo este tipo de parejas podrán acceder al servicio en la pública, un portavoz del departamento de Ana Mato asegura que los criterios de acceso a la prestación serán solamente científicos. “El único requisito será que se padezca una infertilidad”, aseguró.
Aunque finalmente se modificara la medida para matizar los términos que excluyen por ahora a mujeres solas y parejas de lesbianas, ese criterio de esterilidad tampoco convence a los especialistas.
“La propuesta parte implícitamente de un entendimiento muy restrictivo de la infertilidad, dirigido exclusivamente a la imposibilidad de reproducción en pareja heterosexual, que supone una limitación para las parejas y matrimonios homosexuales y para las mujeres solas”, argumenta Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que recuerda la sentencia que declara constitucional el matrimonio homosexual. “Un entendimiento avanzado de la infertilidad, a partir de la dignidad de la persona consagrada en la Constitución, consiste en entender que también cubre la de aquellas mujeres que, por cualquier razón, desean ser madres y su situación, por vivir solas o por tener una pareja del mismo sexo, no les permite engendrar por sí mismas”, dice.
El catedrático cree para que el criterio de acceso a esta prestación que maneja el ministerio es inconstitucional. “Parece responder a una visión determinada de la reproducción humana, siempre basada en la pareja heterosexual, que conduciría, desde los poderes públicos (al formar parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud) a una discriminación por orientación sexual, en el caso de las lesbianas, y a una discriminación por la situación personal de las mujeres solas. La razón de esta normativa no es médica sino ideológica. Y por ello inconstitucional”, precisa.
Yolanda Gómez esboza argumentos similares. La catedrática, además, explica que la ley de reproducción asistida de 2006 eliminó las referencias que recogía la normativa de 1988, que establecían que esta actuación médica se daría solo ante la esterilidad humana. “La ley establece ahora que la mujer puede ser usuaria o receptora de las técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual. Se redactó así para cubrir no solo los casos de esterilidad médica sino para que se hiciese posible el derecho a la reproducción humana de todas las personas”, incide Gómez, que sostiene que el límite de edad que propone Sanidad (40 años para las mujeres y 55 para los hombres) también es “tajantemente discriminatorio”.
La propuesta que remitió el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas para establecer los criterios de acceso a los tratamientos de fertilidad en la sanidad pública establece como requisito que los usuarios sean “parejas integradas por mujer y hombre”. La medida ha indignado a la oposición que la criticó duramente. El Partido Socialista pidió ayer la comparecencia de la ministra Mato para explicar la propuesta que definieron como “injusta e incomprensible”. “La decisión es pura ideología”, afirmó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. La secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié, declaró que el Gobierno discrimina hacia un “único modelo de familia”. La portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Contxita Tarruella, confía en que el Ministerio de Sanidad corrija su propuesta y elimine los criterios que excluyen a parejas de lesbianas y mujeres que acudan solas a solicitar la prestación a la sanidad pública. “No se puede hacer un debate de modelos de familia cuando se habla de carteras de servicios”, dijo ayer.
“Este Gobierno cree que somos familias de segunda, y por tanto no garantiza en igualdad nuestro derecho a tener hijos”, critica la vocal de Igualdad de la Federación de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB, Isabel Gómez). “El Ejecutivo del PP sigue volcando sobre nuestro colectivo todo su odio, convirtiendo en ley la pura discriminación”, afirma. “No se puede discriminar a nadie en virtud de su opción sexual. Si hay reproducción asistida para unos debe haberla para todos”, argumenta la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos.
La sanidad pública realiza unos 10.000 tratamientos de reproducción asistida al año, según estimaciones de la Sociedad Española de Fertilidad. Esta prestación es una de las más desiguales del sistema nacional de salud: las listas de espera —en ocasiones de años— y los criterios de acceso difieren no solo entre autonomías; también entre centros. “Ahora que se establece una nueva regulación de cartera es el momento de retirar las restricciones para clarificar la situación y dar mayores garantías y seguridad jurídica a los potenciales demandantes de servicios y a los profesionales”, dice el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco. Sin embargo, se unifica para recortar. “No parece que exista razón alguna salvo la puramente ideológica para excluir de los tratamientos a las parejas del mismo sexo o a las mujeres solas”, dice.
También la consejera andaluza, María Jesús Montero, criticó la medida y aseguró que si finalmente se aprueba el documento tal y como está redactado actualmente, no dejará de atender a las mujeres solas o las parejas de lesbianas que están en lista de espera en los centros andaluces que las atienden. La consejera cree que la exclusión rompe el criterio de igualdad de oportunidades. “Quien tenga dinero podrá someterse al tratamiento en clínicas privadas porque desde un punto de vista legal no hay ningún problema”, dijo ayer.
“Solo está bien vista la familia convencional. Cuando los monoparentales o los homoparentales queremos tener hijos se nos dice que no es una necesidad sino un deseo; y que por tanto nos lo gestionemos por nuestra cuenta. Parece que ahora el Gobierno pondrá esa premisa por escrito”, dice Mariluz Vázquez, de la asociación Madres Solteras por Elección. Vázquez apunta que el tratamiento de fertilidad en una clínica privada –al que muchas por las barreras que ya pone el sistema, criterios de edad o imposibilidad de espera a la pública recurren-- puede ser un obstáculo insalvable: “Una inseminación puede costar 1.500 euros por intento y una fecundación in vitro entre 4.000 y 6.000. Eso es un veto y nosotras debemos tener los mismos derechos que todos los ciudadanos, y eso incluye el acceso a esta prestación”.
“Permitir acceder a esta prestación solo a determinados colectivos, en este caso a las parejas formadas por hombre y mujer, es una discriminación vetada en la Constitución”, apunta la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez, que considera el de la reproducción un derecho.
A pesar de que el último documento que manejan los consejeros autonómicos —que analizarán la propuesta el martes para su aprobación— contempla solo este tipo de parejas podrán acceder al servicio en la pública, un portavoz del departamento de Ana Mato asegura que los criterios de acceso a la prestación serán solamente científicos. “El único requisito será que se padezca una infertilidad”, aseguró.
Aunque finalmente se modificara la medida para matizar los términos que excluyen por ahora a mujeres solas y parejas de lesbianas, ese criterio de esterilidad tampoco convence a los especialistas.
“La propuesta parte implícitamente de un entendimiento muy restrictivo de la infertilidad, dirigido exclusivamente a la imposibilidad de reproducción en pareja heterosexual, que supone una limitación para las parejas y matrimonios homosexuales y para las mujeres solas”, argumenta Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que recuerda la sentencia que declara constitucional el matrimonio homosexual. “Un entendimiento avanzado de la infertilidad, a partir de la dignidad de la persona consagrada en la Constitución, consiste en entender que también cubre la de aquellas mujeres que, por cualquier razón, desean ser madres y su situación, por vivir solas o por tener una pareja del mismo sexo, no les permite engendrar por sí mismas”, dice.
“La propuesta parte de un entendimiento de la infertilidad dirigido solo a la imposibilidad de concebir en parejas heterosexuales”, dice un constitucionalista
El catedrático cree para que el criterio de acceso a esta prestación que maneja el ministerio es inconstitucional. “Parece responder a una visión determinada de la reproducción humana, siempre basada en la pareja heterosexual, que conduciría, desde los poderes públicos (al formar parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud) a una discriminación por orientación sexual, en el caso de las lesbianas, y a una discriminación por la situación personal de las mujeres solas. La razón de esta normativa no es médica sino ideológica. Y por ello inconstitucional”, precisa.
Yolanda Gómez esboza argumentos similares. La catedrática, además, explica que la ley de reproducción asistida de 2006 eliminó las referencias que recogía la normativa de 1988, que establecían que esta actuación médica se daría solo ante la esterilidad humana. “La ley establece ahora que la mujer puede ser usuaria o receptora de las técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual. Se redactó así para cubrir no solo los casos de esterilidad médica sino para que se hiciese posible el derecho a la reproducción humana de todas las personas”, incide Gómez, que sostiene que el límite de edad que propone Sanidad (40 años para las mujeres y 55 para los hombres) también es “tajantemente discriminatorio”.
La propuesta que remitió el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas para establecer los criterios de acceso a los tratamientos de fertilidad en la sanidad pública establece como requisito que los usuarios sean “parejas integradas por mujer y hombre”. La medida ha indignado a la oposición que la criticó duramente. El Partido Socialista pidió ayer la comparecencia de la ministra Mato para explicar la propuesta que definieron como “injusta e incomprensible”. “La decisión es pura ideología”, afirmó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. La secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié, declaró que el Gobierno discrimina hacia un “único modelo de familia”. La portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Contxita Tarruella, confía en que el Ministerio de Sanidad corrija su propuesta y elimine los criterios que excluyen a parejas de lesbianas y mujeres que acudan solas a solicitar la prestación a la sanidad pública. “No se puede hacer un debate de modelos de familia cuando se habla de carteras de servicios”, dijo ayer.
“Este Gobierno cree que somos familias de segunda, y por tanto no garantiza en igualdad nuestro derecho a tener hijos”, critica la vocal de Igualdad de la Federación de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB, Isabel Gómez). “El Ejecutivo del PP sigue volcando sobre nuestro colectivo todo su odio, convirtiendo en ley la pura discriminación”, afirma. “No se puede discriminar a nadie en virtud de su opción sexual. Si hay reproducción asistida para unos debe haberla para todos”, argumenta la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos.
La sanidad pública realiza unos 10.000 tratamientos de reproducción asistida al año, según estimaciones de la Sociedad Española de Fertilidad. Esta prestación es una de las más desiguales del sistema nacional de salud: las listas de espera —en ocasiones de años— y los criterios de acceso difieren no solo entre autonomías; también entre centros. “Ahora que se establece una nueva regulación de cartera es el momento de retirar las restricciones para clarificar la situación y dar mayores garantías y seguridad jurídica a los potenciales demandantes de servicios y a los profesionales”, dice el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco. Sin embargo, se unifica para recortar. “No parece que exista razón alguna salvo la puramente ideológica para excluir de los tratamientos a las parejas del mismo sexo o a las mujeres solas”, dice.
“Debemos tener los mismos derechos que todos los ciudadanos, y eso incluye el acceso a esta prestación”, reclama la portavoz de Madres Solteras por Elección
También la consejera andaluza, María Jesús Montero, criticó la medida y aseguró que si finalmente se aprueba el documento tal y como está redactado actualmente, no dejará de atender a las mujeres solas o las parejas de lesbianas que están en lista de espera en los centros andaluces que las atienden. La consejera cree que la exclusión rompe el criterio de igualdad de oportunidades. “Quien tenga dinero podrá someterse al tratamiento en clínicas privadas porque desde un punto de vista legal no hay ningún problema”, dijo ayer.
“Solo está bien vista la familia convencional. Cuando los monoparentales o los homoparentales queremos tener hijos se nos dice que no es una necesidad sino un deseo; y que por tanto nos lo gestionemos por nuestra cuenta. Parece que ahora el Gobierno pondrá esa premisa por escrito”, dice Mariluz Vázquez, de la asociación Madres Solteras por Elección. Vázquez apunta que el tratamiento de fertilidad en una clínica privada –al que muchas por las barreras que ya pone el sistema, criterios de edad o imposibilidad de espera a la pública recurren-- puede ser un obstáculo insalvable: “Una inseminación puede costar 1.500 euros por intento y una fecundación in vitro entre 4.000 y 6.000. Eso es un veto y nosotras debemos tener los mismos derechos que todos los ciudadanos, y eso incluye el acceso a esta prestación”.
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