Mato estudia bajar los precios a las farmacéuticas de la segunda subasta
Sanidad pide abrir expediente a las 12 empresas adjudicatarias
El Gobierno quiere que ofrezcan a toda España el precio pactado en Andalucía
El Ministerio de Sanidad quiere castigar a los laboratorios que resultaron seleccionados en la segunda subasta de fármacos de Andalucía, adjudicada en febrero de este año. El departamento que dirige Ana Mato instó el pasado jueves a la comisión interministerial de precios de los medicamentos a abrir expediente a las empresas elegidas por la Junta para suministrar a las farmacias andaluzas los envases que prescriban sus médicos de 68 principios activos diferentes. La intención de Sanidad es obligar a estas empresas a ofrecer a para toda España los mismos precios que ha pactado con Andalucía y que, en algunos casos, suponen rebajas de casi el 50%.
El Gobierno central y el andaluz mantienen desde hace dos años un enfrentamiento por la subasta de medicamentos, el eje de la política de ahorro farmacéutico de la Junta pero que, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, invade competencias estatales. Las dos subastas ya adjudicadas están recurridas ante el Tribunal Constitucional, pero los jueces han dado luz verde a Andalucía para que siga aplicándolas hasta que dictaminen sobre si la medida invade o no atribuciones exclusivas del Estado.
En este informe, el Gobierno andaluz deberá explicar el fundamento económico y jurídico de las convocatorias ya adjudicadas; explicar el método seguido para decidir qué medicamentos se incluían en cada una de las subastas; los criterios aplicados en la selección de los elegidos; los resultados económicos del primer concurso; los resultados provisionales del segundo; y una explicación “detallada” del procedimiento recaudatorio de la segunda. Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que no hay constancia de estas peticiones y que las estudiarán cuando se reciban.
La propuesta que vio la semana pasada la comisión interministerial de precio de los medicamentos (el órgano que fija los precios industriales máximos de los fármacos) defiende la “necesidad” de castigar a los adjudicatarios de la segunda subasta como ya se hizo con los de la primera. En aquella ocasión, el Ejecutivo expedientó a los laboratorios que en marzo de 2012 se presentaron a la convocatoria andaluza y en enero de este año obligó a bajar los precios de los medicamentos formulados con clopidogrel y pravastatina, dos de las moléculas adjudicadas y en las que las empresas habían pactado con Andalucía las rebajas más importantes.
En la segunda subasta el Gobierno andaluz sacó a concurso todos los medicamentos que han perdido la patente y para los que existe en el mercado más de un preparado comercial. En total fueron 330 principios activos, entre los que había antihipertensivos, antidepresivos, antidiabéticos orales y tratamientos contra la osteoporosis. Finalmente se adjudicaron 68 a 12 laboratorios distintos, que son a los que ahora quiere expedientar Sanidad: Aurobindo, Uxafarma, Vir, Aldo-Unión Bausch Lomb, Durban Laboratorios, Abamed Pharma, Laboratorio Generfarma, Thea, Arafarma, KRKA Farmacéutica y Aristo Pharma Ibérica. La mayoría son pequeños grupos farmacéuticos no asociados ni a la patronal de los medicamentos de marca, Farmaindustria, ni a la de los genéricos, Aeseg. Ambas se oponen a la subasta, Farmaindutria la llevó a los tribunales sin éxito y el director general de Aeseg aconsejó a sus asociados que no se presentasen a la convocatoria andaluza.
Las grandes multinacionales como Bayer, Sanofi, Abbott, Rambaxy o UCB Pharma, que sí participaron en el primer concurso no optaron al segundo, cuya adjudicación se produjo una semana después de que el Ministerio de Sanidad confirmase el castigo a dos de las empresas de la primera subasta y cuando el Gobierno ya había anunciado que iba a recurrir de nuevo la convocatoria andaluza ante el Constitucional.
El acuerdo propuesto por la dirección general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia pasa por pedir a las empresas farmacéuticas toda la información de las ofertas que han hecho a Andalucía para decidir sobre revisiones a la baja de sus precios.
Las mejoras económicas que han ofrecido estas empresas a Andalucía van desde 0,01 céntimo por envase de 12 cápsulas de cefadroxilo monohidrato (un antibiótico indicado para infecciones del aparato digestivo y de la piel, entre otras) a rebajas de casi el 50% para medicamentos más caros, como el donepezilo clorhidrato, que se usa en el tratamiento del alzhéimer. El precio de venta actual de una caja de 28 comprimidos de 10 miligramos del laboratorio KRKA es de 65,19 euros y la empresa ha pactado con Andalucía una mejora de 31,48 euros. Claro que, a cambio de ofrecer este precio, el laboratorio se garantiza la venta en exclusiva de su medicamento cada vez que un médico del Servicio Andaluz de Salud recete este principio activo.
El Gobierno central y el andaluz mantienen desde hace dos años un enfrentamiento por la subasta de medicamentos, el eje de la política de ahorro farmacéutico de la Junta pero que, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, invade competencias estatales. Las dos subastas ya adjudicadas están recurridas ante el Tribunal Constitucional, pero los jueces han dado luz verde a Andalucía para que siga aplicándolas hasta que dictaminen sobre si la medida invade o no atribuciones exclusivas del Estado.
Petición de información a la Junta
R. R.
El informe que llevó el pasado jueves el Ministerio de Sanidad a la comisión interministerial de precio de los medicamentos cuestiona las “condiciones y métodos” de la segunda subasta andaluza y los considera “difícilmente encuadrables” en la normativa presupuestaría. El Gobierno considera irregular que la Junta no licite el llamado precio menor de los fármacos (el precio que fija el ministerio para la financiación pública), sino que las mejoras que ofrecen los laboratorios se hagan efectivas al Gobierno andaluz mediante ingresos a la hacienda pública. Sanidad asegura, además, que se han denunciado desabastecimientos por parte de las empresas adjudicatarias de algunos fármacos, por lo que pide un informe a la Junta para decidir sobre posibles castigos a las farmacéuticas.En este informe, el Gobierno andaluz deberá explicar el fundamento económico y jurídico de las convocatorias ya adjudicadas; explicar el método seguido para decidir qué medicamentos se incluían en cada una de las subastas; los criterios aplicados en la selección de los elegidos; los resultados económicos del primer concurso; los resultados provisionales del segundo; y una explicación “detallada” del procedimiento recaudatorio de la segunda. Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que no hay constancia de estas peticiones y que las estudiarán cuando se reciban.
La propuesta que vio la semana pasada la comisión interministerial de precio de los medicamentos (el órgano que fija los precios industriales máximos de los fármacos) defiende la “necesidad” de castigar a los adjudicatarios de la segunda subasta como ya se hizo con los de la primera. En aquella ocasión, el Ejecutivo expedientó a los laboratorios que en marzo de 2012 se presentaron a la convocatoria andaluza y en enero de este año obligó a bajar los precios de los medicamentos formulados con clopidogrel y pravastatina, dos de las moléculas adjudicadas y en las que las empresas habían pactado con Andalucía las rebajas más importantes.
En la segunda subasta el Gobierno andaluz sacó a concurso todos los medicamentos que han perdido la patente y para los que existe en el mercado más de un preparado comercial. En total fueron 330 principios activos, entre los que había antihipertensivos, antidepresivos, antidiabéticos orales y tratamientos contra la osteoporosis. Finalmente se adjudicaron 68 a 12 laboratorios distintos, que son a los que ahora quiere expedientar Sanidad: Aurobindo, Uxafarma, Vir, Aldo-Unión Bausch Lomb, Durban Laboratorios, Abamed Pharma, Laboratorio Generfarma, Thea, Arafarma, KRKA Farmacéutica y Aristo Pharma Ibérica. La mayoría son pequeños grupos farmacéuticos no asociados ni a la patronal de los medicamentos de marca, Farmaindustria, ni a la de los genéricos, Aeseg. Ambas se oponen a la subasta, Farmaindutria la llevó a los tribunales sin éxito y el director general de Aeseg aconsejó a sus asociados que no se presentasen a la convocatoria andaluza.
Las grandes multinacionales como Bayer, Sanofi, Abbott, Rambaxy o UCB Pharma, que sí participaron en el primer concurso no optaron al segundo, cuya adjudicación se produjo una semana después de que el Ministerio de Sanidad confirmase el castigo a dos de las empresas de la primera subasta y cuando el Gobierno ya había anunciado que iba a recurrir de nuevo la convocatoria andaluza ante el Constitucional.
El acuerdo propuesto por la dirección general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia pasa por pedir a las empresas farmacéuticas toda la información de las ofertas que han hecho a Andalucía para decidir sobre revisiones a la baja de sus precios.
Las mejoras económicas que han ofrecido estas empresas a Andalucía van desde 0,01 céntimo por envase de 12 cápsulas de cefadroxilo monohidrato (un antibiótico indicado para infecciones del aparato digestivo y de la piel, entre otras) a rebajas de casi el 50% para medicamentos más caros, como el donepezilo clorhidrato, que se usa en el tratamiento del alzhéimer. El precio de venta actual de una caja de 28 comprimidos de 10 miligramos del laboratorio KRKA es de 65,19 euros y la empresa ha pactado con Andalucía una mejora de 31,48 euros. Claro que, a cambio de ofrecer este precio, el laboratorio se garantiza la venta en exclusiva de su medicamento cada vez que un médico del Servicio Andaluz de Salud recete este principio activo.
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