Nueve autonomías suspenden en dependencia

Valencia, Canarias, Baleares, Madrid, Murcia, Aragón, Navarra, Asturias y Extremadura no superan la evaluación de los gerentes de servicios sociales

Laura G. Ibañes | 03/07/2013 14:22

José M. Ramírez, de la ADGSS. (DM)

La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado su sexto barómetro de la dependencia, que evalúa la actuación de las autonomías en función del crecimiento de la lista de espera, la concesión de servicios de ayuda en lugar de prestaciones económicas y la tasa de reposición de dependientes, entre otros parámetros.

Algunas comunidades están haciendo revisiones masivas para recalificar a los dependientes con menor grado de gravedad del que tenían hasta ahora

Y el resultado ha sido un suspenso global de media para España, que obtendría una calificación de 4,38 sobre 10, fruto de las malas calificaciones obtenidas por nueve autonomías que suspenden la evaluación. Se trata concretamente de Extremadura (que obtiene un 4,6), Asturias (3,8), Navarra (3,8), Aragón (3,3), Murcia (3,3), Madrid (2,9), Baleares (2,5), Canarias (1,7) y la Comunidad Valenciana (0,4). A estas autonomías se sumarían Cataluña (5,4), Castilla-La Mancha (5 ) y Galicia (5), con un aprobado raspado. Los gerentes conceden mejor calificación a La Rioja (6,3), Andalucía (5,8) y Cantabria (5,8), pero el sobresaliente queda tan sólo en manos de Castilla y León (9,6) y del País Vasco (8,3).

Los gerentes de servicios sociales acusan a las autonomías de no cubrir la tasa de reposición a medida que fallecen los dependientes

El presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha explicado que todas las autonomías, a excepción de Castilla y León, el País Vasco y Cantabria, han empeorado sustancialmente su situación desde que se aprobara el pasado mes de julio el paquete de medidas de reforma de la dependencia, que entre otras cuestiones redujo las ayudas a los cuidadores profesionales y eliminó la clasificación de los dependientes en diferentes niveles dentro de cada grado de gravedad.

Según Ramírez, este empeoramiento de gestión de la dependencia que están realizando las autonomías se ha producido fundamentalmente por no cumplir la tasa de reposición de dependientes a medida que fallecen; es decir, por no incorporar al sistema a nuevos dependientes a medida que otros desaparecen del sistema por fallecimiento.

Menos derechos
De este modo, "se dice que se está reduciendo la lista de espera cuando esa reducción no es porque se atienda a más dependientes, sino porque se quita el derecho hasta 2015 a los dependientes moderados, se recalifica a la baja con grados menores a pacientes que estaban calificados como graves para evitar pagarles prestaciones y no se cumple la tasa de reposición. El resultado de este desmantelamiento es que el sistema de dependencia mengua en 70 dependientes al día, de modo que actualmente hay 748.000 personas en el sistema, 20.605 menos que hace tan sólo un año" y 12.438 menos que hace seis meses.

Dentro de estas medidas, Ramírez ha destacado la "sangrante situación de autonomías como Aragón, que atiende a un 17 por ciento menos de dependientes que hace un año, porque no cumple la tasa de reposición y porque se realizan recalificaciones de los dependientes a la baja de forma masiva". Ésta es la primera vez que para el conjunto de España se registra un decrecimiento del número de personas dependientes atendidas, que cae un 1,3 por ciento.

Revisión del grado
Ramírez ha añadido su preocupación por la reducción del número de dependientes de grado III, los más graves, que estarían bajando tanto por no cubrirse la tasa de reposición como por la revisión a la baja de su condición de dependientes. En este sentido destaca que para el conjunto de España los dependientes más graves han caído un 8,2 por ciento y que esta disminución ha sido especialmente acusada en algunas autonomías como Aragón, con una rebaja del 16,8 por ciento, Andalucía (-14 por ciento), Asturias (-12,5 por ciento) y Murcia (-12 por ciento).

Con todo, Ramírez ha dicho no culpar a las autonomías de esta "demolición programada del sistema de dependencia por pura inanición" sino al Gobierno central cuyos recortes en la financiación han provocado que, pese a que debería por ley financiar el 50 por ciento de todo el gasto público en dependencia, sus fondos actualmente representen sólo el 21 por ciento del total.

El presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales ha ido un paso más allá y ha afirmado que "el sistema de dependencia se va a hacer absolutamente insostenible para las comunidades autónomas si el Gobierno central sigue recortando" los fondos que le corresponde aportar a él.

Fondos estatales
Sus palabras hacían referencia al Plan Nacional de Reformas que ha enviado el Gobierno a Bruselas en el que se habla de un recorte de 1.108 millones de euros en 2013, una cifra que, según Ramírez, "es superior a la propia partida presupuestaria para dependencia" lo que en su opinión hace pensar que, "o el Gobierno de España está mintiendo a Bruselas sobre el ahorro que va a hacer o, además de suprimir todo el gasto estatal en dependencia, prevé recaudar del usuario o las autonomías hasta 20 millones extra".

Ramírez ha apuntado que el Gobierno debe aprobar en breve un nuevo decreto por el que regulará la aportación del usuario en la dependencia, que se aprobó formalmente el pasado verano, pero que debe concretarse en una nueva norma. Y según sus estimaciones esta nueva norma supondrá, para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, un incremento del copago del usuario (que actualmente ronda el 10 por ciento del coste total de la atención a la depende ncia) del 50 por ciento.

Los cálculos de Ramírez se desprenden del Plan Nacional de Reformas, que prevé un ahorro para las arcas públicas de 339 millones de euros como consecuencia de un incremento del copago de dependencia, que actualmente suma alrededor de 600 millones y que subiría un 50 por ciento.

Las ayudas dejarán de ser compatibles

La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales denunció ayer que los recortes derivados del Plan Nacional de Reformas enviado a Bruselas, que prevé cortar el gasto público en dependencia en más de 1.000 millones extra, se traducirá en un nuevo decreto que prevé el Gobierno central para formalizar la incompatibilidad entre las ayudas que reciben los dependientes. De este modo, sólo la teleasistencia será compatible con la recepción de otras ayudas, pero en el resto de casos, el dependiente tendrá que optar, por ejemplo, entre recibir la económica para cuidadores familiares o la ayuda para el centro de día.