Urge una ley de ingresos forzosos y de sujeciones

El último informe anual de la Defensora del Pueblo sobre Prevención de la Tortura ha evaluado, por primera vez, un centro sociosanitario de 406 plazas.

Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es | 29/05/2013 00:00

Soledad Becerril está al frente de la institución el Defensor del Pueblo. ()

El estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2012, el último que ha elaborado la oficina de la Defensora del Pueblo, al frente de la que está Soledad Becerril, introduce, por primera vez, la evaluación de una institución sociosanitaria.

La residencia analizada es un centro que se fundó en 1977 como hospital psiquiátrico y ha ido convirtiéndose en una residencia, ajustándose a lo recogido en la Ley General de Sanidad. Depende de la Diputación Provincial de Toledo, tiene 406 plazas y 413 profesionales. Según recoge el informe, es "el centro de estas características más grande de España" y por ese motivo fue elegido por la Defensora para incluirlo en este análisis.

En junio de 2012, varios técnicos de la institución, un psiquiatra, una psicóloga y un médico de Familia estuvieron tres días examinando el procedimiento de ingreso en el centro, su funcionamiento, las condiciones de vida de los residentes, la atención sanitaria y psicosocial, el uso de sujeciones mecánicas y farmacológicas y la adecuación en términos cuantitativos y cualitativos del personal del centro.

El informe reprocha que ni la Diputación de Toledo ni la Consejería de C-LM pidan autorización judicial para ingresar a personas que no tienen capacidad

Entre las conclusiones que se han extraído de este pormenorizado estudio está la necesidad de elaborar un proyecto de ley orgánica que regule el internamiento forzoso no voluntario en estos casos. Así lo refleja el informe que, además, dirige este mandato a la Secretaría de Estado de Justicia, instándola a que lo haga "con la mayor rapidez posible". También señala la necesidad de una ley nacional que regule el recurso sanitario a las sujeciones, tanto físicas como farmacológicas.

El estudio recoge que "con carácter general, ni la Diputación de Toledo, ni la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha requieren de autorización judicial expresa para el ingreso en el centro de las personas que no disponen de capacidad para dar su libre consentimiento, tanto si están incapacitadas judicialmente, como si no".

La Defensora ha señalado "que en esos casos debería exigirse la autorización judicial para internamientos no voluntarios del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Los primeros párrafos del primer punto del citado artículo, referidos al internamiento forzoso en trastorno mental, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en una sentencia de diciembre de 2010, aunque permanecen vigentes hasta que el Gobierno no apruebe una ley orgánica que regule esta cuestión. Esa es la ley que la Defensora insta a aprobar. El 60 por ciento de los residentes en el centro estaban totalmente incapacitados judicialmente y otro 10 por ciento tenía procedimientos de incapacitación en trámite.

Desde el punto de vista sanitario, los asistentes están bien atendidos, "con tratamientos ajustados a sus patologías", aunque el centro carece de una política de cuidados paliativos, "contrariamente a lo que estaría obligado".

Becerril tiene entre sus cometidos el de responder a las denuncias de torturas mediante la supervisión de las condiciones de retención que se dan en centros del Estado: prisiones, centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de menores, unidades de custodia hospitalaria, etcétera. Esta responsabilidad, asumida hace tres años por esta institución, conlleva la publicación anual de una evaluación. Las tres últimas, desde 2010 a 2012, fueron presentadas ayer ante las Cortes Generales, cumpliendo un cometido que se había venido posponiendo en los últimos años.