La Sanidad pública madrileña está siendo continuamente descapitalizada por lo que se espera que más de 7.000 trabajadores pierdan su empleo de aquí a final de año

Madrid (30/05/2013) - Ana Montero

Así se ha recogido en el segundo informe publicado por el Observatorio Madrileño de Salud en el se que analiza el impacto de las políticas de recortes y privatizaciones en la Sanidad pública de la Comunidad de Madrid

Después de la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 y del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público por la Asamblea de Madrid en las leyes de presupuesto de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 2012, el Observatorio Madrileño de Salud, integrado por una treintena de organizaciones, entre ellas, sindicatos, ayuntamientos y asociaciones de defensa de la Sanidad pública, ha realizado un balance sobre el grado de implantación de las medidas adoptadas hasta el momento y sobre el funcionamiento de la Sanidad Pública madrileña y, especialmente, sobre la atención sanitaria que recibe la población. Se trata del segundo informe que realiza la plataforma, puesto que ya presentó uno en diciembre del pasado año, en el que se analizaba la situación sanitaria de Madrid, “es una atalaya desde donde se reflexiona acerca del proceso de venta de la Sanidad pública a la empresa privada”, ha reconocido Antonio López, representante de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid). En este sentido, Susana Celis, de UGT, señalaba que “estamos en un proceso de desmantelamiento donde los efectos, que son malignos y perversos, afectan, sobre todo a la equidad en el acceso”.

Por su parte, Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para a Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), ha realizado un balance sobre el grado de realización de las propuestas del plan privatizador y ha repasado los pliegos de condiciones de los seis hospitales madrileños, entre otros, la reconversión del Hospital de La Princesa, “que no se ha ejecutado en los términos previstos”, según sus palabras, aunque, como ha explicado, fruto del acuerdo que se llegó con los jefes de servicio se han implantado ya algunas especialidades geriátricas; también la privatización de los centros de salud de Atención Primaria, “se anunció que iban a ser 27 y ahora dicen que son cuatro”; el cierre del Instituto de Cardiología o la Agencia de Formación Laín Entralgo; las suspensión de las prolongaciones de jornada de tarde en muchos centros; el desabastecimiento de vacunas en los centros de salud y de otros materiales, etc.

Por lo que se refiere a la aprobación de los pliegos para las privatizaciones de los seis hospitales, Sánchez Bayle ha reconocido lo “llamativo” que resulta el elevado coste por cama que se plantea, “muy por encima del de los centros de gestión tradicional y, en algún caso, triplicando el coste cama anual”, ha lamentado. Asimismo, tal y como ha explicado, se les traspasa la tecnología existente “comprada por el sistema público” a precio de saldo; se les garantiza una actualización anual del canon con el IPC, “mientras el sector público sólo sufre recortes presupuestarios”, según ha apuntado; y se les ceden varios centros públicos que son propiedad de la Seguridad Social, tales como centros de especialidades y centros de Salud Mental, “que en algunos casos han renovado el aparataje para cederlo en las mejores condiciones”, ha señalado el portavoz de FADSP.

“A pesar del impacto de las medidas, el proceso privatizador avanza más lentamente de lo previsto, no ha tocado aún todos los palos, gracias a la presión de la ciudadanía y de los trabajadores de la Sanidad que vienen movilizándose desde hace siete meses contra los recortes”, concluía Sánchez Bayle.

En esta línea intervenía Ana González, representante de CC.OO., quien ha defendido la unidad de la sociedad para hacer frente “al mayor expolio al que se ha sometido la Sanidad pública madrileña”. Igualmente, González ha destacado el “vínculo” que se ha creado entre usuarios, profesionales y trabajadores. “El Gobierno regional está marcando una estrategia clara por ocultar con el tema de las privatizaciones otros problemas estructurales como son las listas de espera; la situación de la Atención Primaria, la gran maltratada; o la Atención Especializada, en la que se vuelcan modelos ideológicos, anteponiendo los intereses del mercado a los intereses de los ciudadanos”, ha reconocido González.

Reducción extrema de plantillas y recursos
Una de las medidas más duras, como ha reconocido el portavoz de FADSP, tiene que ver con los recortes de personal. “Se estima que son más de 2.500 los puestos de trabajo del sector público que han desaparecido en la Sanidad madrileña en sólo cuatro meses, es más, el gasto de personal presupuestado para el SERMAS para 2013 ha sufrido un recorte de casi 300 millones respecto al gasto real de 2012, lo que implicará que más de 7.000 trabajadores perderán su empleo de aquí a final de año”, ha lamentado Sánchez Bayle.

Del mismo modo, el Observatorio Madrileño de Salud considera que la Sanidad pública está siendo continuamente “descapitalizada” y uno de los principales resultados de los recortes es la “extrema” disminución presupuestaria de la Sanidad pública madrileña, “los hospitales públicos han tenido una disminución del 16,5 por ciento en 2013, que debe sumarse a las caída del 9,5 por ciento en 2011 y del 1,5 por ciento en 2012”, ha informado el portavoz de FADSP. En el caso de la Atención Primaria el proceso de “descapitalización” es paralelo, 7 por ciento en 2013 y 3,7 por ciento en 2012.

Además, como consecuencia de disminución de profesionales en todas las categorías, junto a los cierres de plantas en los hospitales, la pérdida de actividad en las jornadas de tarde, la infrautilización de quirófanos y recursos tecnológicos, se producirá una disminución de la actividad del sector público, concretamente, se estima que en un año se producirán 4,7 millones de consultas menos en Atención Primaria y un descenso de un millón en Especializada; y 123.000 exploraciones radiológicas, 44.800 ingresos hospitalarios y 37.400 intervenciones quirúrgicas menos, a lo que se añade una pérdida de la calidad en la atención prestada.

En esta línea, el documento recoge que se producirá un aumento de la lista de espera de un 9,5 por ciento de promedio, si bien esa distribución no será homogénea y habrá especialidades que tendrán demoras muy superiores.

Otra cuestión abordada en el informe ha sido el copago en farmacia y la retirada de la financiación pública de 417 medicamentos, “el copago farmacéutico ha producido una disminución de recetas, aproximadamente 11 millones menos, es decir, un 9,97 por ciento de descenso respecto al pasado año”, ha informado la representante de UGT, quien también ha señalado que un 17 por ciento de los pensionistas no retiran de las oficinas de farmacia algunas de sus recetas por no poder asumir los costes del copago, “en contra de lo que dice la ministra de Sanidad”, reconocía Sánchez Bayle. Del mismo modo, el informe del Observatorio Madrileño de Salud ha criticado, por un lado, la derivación “sistemática” de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas hacia los centros privados, bien concesiones administrativas, centros con conciertos especiales y centros concertados, que se produce desde los centros de llamadas que gestionan las citas; y, por otro, la exclusión de los inmigrantes irregulares, “es intolerable no dar atención sanitaria a cualquier individuo, rompe con el principio de universalidad”, ha manifestado el representante de CECU Madrid. Además, según sus propias palabras, “la Comunidad de Madrid se ha metido en un lío porque es consciente de que, con un 70 por ciento de la ciudadanía en contra, la privatización no va a salir adelante”.
Por último, el informe plantea una serie de alternativas al “desmantelamiento” de la Sanidad pública madrileña, tales como la eliminación de repagos farmacéuticos; la derogación del RD-Ley 16/2012; la implantación de una atención integrada y multidisciplinar centrada en la Atención Primaria; la paralización de la externalización; la exigencia de transparencia y control parlamentario de las cuentas del SERMAS; la derogación del Área Única sanitaria; la reinstauración de una dirección general de Salud; o la auditoría de la gestión de la Consejería de Sanidad de Madrid, con especial atención a las concesiones realizadas durante los últimos años.