Los seguros de Mato para sin papeles fracasan: solo 300 pólizas firmadas

Los convenios para acceder a la sanidad pública cuestan entre 60 y 157 euros al mes

Médicos del Mundo asegura que solo 10 autonomías atienden sin cobrar

ELENA G. SEVILLANO / MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 19 ABR 2014 - 18:29 CET

Los seguros públicos que el Gobierno ideó para garantizar la atención a quienes había retirado el derecho a la sanidad pública se han revelado como un fracaso. Según un recuento elaborado por este diario, solo 300 personas en toda España han contratado las pólizas, que cuestan 60 o 157 euros al mes, en función de la edad del asegurado. El Ministerio de Sanidad las anunció poco después de dar la orden de retirar las tarjetas a los extranjeros en situación irregular y a los ciudadanos que nunca han cotizado y cuentan con rentas superiores a 100.000 euros al año —irónicamente, las dos caras de la exclusión sanitaria— con el objetivo de que pudieran hacer uso del sistema sin que les cobraran cada atención individual.

Pese a que ya en julio de 2012 se había decidido crear estos seguros especiales, no vieron la luz hasta un año después. Pero pasados siete meses de su entrada en vigor oficial —el 1 de septiembre de 2013—, la mayoría de comunidades aseguran que ni siquiera han recibido peticiones de ciudadanos dispuestos a contratar las pólizas. Algunas, como Madrid, han elaborado y publicitado los formularios para pedirlas. Otras, como Castilla-La Mancha, ni siquiera las han puesto en marcha. “Han llegado una o dos solicitudes y se está estudiando cómo resolverlas”, dice una portavoz del servicio de salud de esta región.

La exclusión sanitaria, uno de los ejes centrales de la reforma Mato, que entró en vigor en septiembre de 2012, derivó en el apagón de unas 150.000 tarjetas sanitarias de sin papeles —según los cálculos de este diario—. Ya no tienen derecho a la asistencia normalizada gratuita —excepto los niños y las embarazadas—, solo a la de urgencias.

El decreto de Sanidad ha abierto una gran brecha de desigualdad en la atención de este colectivo, que difiere mucho según la comunidad en la que viven. Asturias y Andalucía se han rebelado. No aplican la ley y siguen asistiéndoles como antes —prestación farmacéutica incluida—, cuando solo tenían que acreditar ser residentes. País Vasco y Navarra han aprobado leyes para seguir haciéndolo; normas que han recibido, además, el aval del Tribunal Constitucional. Otras regiones, como Extremadura o Galicia han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tienen recursos económicos. Siete autonomías cumplen la reforma a rajatabla, según el último análisis de Médicos del Mundo.

Castilla-La Mancha es, según este informe, la comunidad que más al pie de la letra ha seguido las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Es la única que no ha establecido ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios. Como María, que sabe bien lo difícil que es acudir al médico en esta región. Pide que no se desvele su nombre completo ni su nacionalidad, porque su caso está en el juzgado y teme que le pueda perjudicar. Llegó hace 10 años a España y hace cuatro pudo traer a su hija, que ahora tiene 33 y sufre una discapacidad mental. “Es como una niña”, la define. Cuando quiso regularizar su situación “cayó la reforma”.

María no sabe exactamente qué problema tiene su hija. Podría padecer una enfermedad rara, pero no está diagnosticada. Tampoco tiene reconocida la discapacidad. Le dieron número de seguridad social, pero es como si no existiera para el sistema. Hace unos meses empezó a quejarse de que le dolía mucho un bulto en la axila. Decía que no podía levantar el brazo. Su madre acabó llevándola a urgencias. “La atendieron. Gracias a Dios, era una bolita de grasa. Nos dijeron que no era nada alarmante, pero que cuando consiguiera tarjeta sanitaria debería volver para quitársela”. Como sigue sin tenerla, el bulto sigue allí. Y María espera que en cualquier momento le llegue una factura por esa visita a urgencias. “Nos pidieron el pasaporte, nos tomaron los datos y dijeron que ya nos mandarían la carta”.

Idoia Ugarte Gurrutxaga, presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, resopla cuando oye que esta comunidad asegura estar “atendiendo a todo el mundo”. “No es cierto. Llevamos desde enero de 2013 entregando un informe mensual con los casos de denegación de asistencia que nos llegan”, afirma. La organización tiene constancia, por ejemplo, de 17 casos de mujeres embarazadas y de 56 menores que desde 2012 no han podido acceder a la atención o tramitar la tarjeta sanitaria. Casos flagrantes de incumplimiento de la ley, que ampara la atención obstétrica y pediátrica gratuita en cualquier caso.

Dos grandes problemas están dificultando el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables: la falta de información y el miedo a tener que pagar por ir al médico. Muchas veces no tienen claro a qué tienen derecho y a qué no. No ayudan casos, como el recogido por la organización Yo Sí Sanidad Universal, de un ciudadano bangladesí, atendido tras un infarto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, a quien le llegó una factura de 12.000 euros por la atención. El hombre, que había pasado varios días ingresado, recurrió a esta organización para solucionar su caso. La respuesta del hospital fue que había sido un error. Pero sigue con la deuda.

El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, afirma que la reforma sanitaria ha servido para “aclarar” quien tiene derecho a ser asegurado y beneficiario. “Además, hemos evitado que se siga produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario que, como reclamó el Tribunal de Cuentas, no se sabía dónde iban”, añade. Aunque el Tribunal de Cuentas incidía en su informe en que había sido la incapacidad de España para gestionar los cobros lo que había hecho perder unos 970 millones, la mayoría a países de la UE. Ese turismo sanitario poco tiene que ver con el uso que hacen los extranjeros en situación irregular de la sanidad pública española.

Y los seguros ideados por Sanidad, destinados a cubrir en parte ese agujero —para quienes se lo puedan permitir—, no han servido para paliar el problema de este colectivo. En Castilla y León solo hay activos 12 de estos convenios. En la Comunidad Valenciana se han acogido a la póliza Mato 191 personas, según un portavoz, que añade que las que no tienen recursos pueden optar por el Plan Valenciano de Protección de la Salud, iniciado en septiembre pasado y al que se han apuntado 2.732 personas. En Murcia, donde hay contratadas 24 pólizas Mato, los solicitantes son en su mayoría de estados europeos o sudamericanos y centroamericanos. Madrid, con 43 convenios firmados, asegura que el perfil del solicitante es el de una persona extranjera (solo el 6% son españoles), fundamentalmente de países latinoamericanos, mujer (en torno al 80%) y de entre 40 y 65 años (más del 50%).

Las comunidades aún no han evaluado los ingresos que obtendrán por estas pólizas —que pueden llegar a costar 2.000 euros anuales—. Tampoco Sanidad, dos años después de la reforma que transformó la base de universalidad de la sanidad pública, ha medido el ahorro concreto derivado de la exclusión. Y es que a pesar del varapalo de las sociedades científicas y del Consejo de Europa —que considera ilegal la expulsión de la atención normalizada de los sin papeles— , la ministra Ana Mato mantiene que España es uno de los países que más cobertura da a los extranjeros.

Agustín Rivero es más mesurado. Asegura que con la reforma completa se ha conseguido que el sistema sea “universal, público y gratuito para los que residan en España”, y también “la accesibilidad de los grupos vulnerables”. Recuerda que en diciembre, el Consejo Interterritorial de Sanidad —donde están representadas las autonomías— aprobó un protocolo para cubrir de manera gratuita a todos los sin papeles con enfermedades infecciosas, tratamientos prolongados y crónicos o con problemas que puedan ser un riesgo para la salud pública.

La medida no ha corregido casos como el de Juan Pablo. Este uruguayo de 37 años y con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lleva más de un año sin tomarse la medicación completa. “No puedo pagarla. Antes, el tratamiento me costaba tres o cuatro euros, ahora unos 400 cada 15 días”, se lamenta. Cuenta que lleva diez años en España, que trabajó duro durante mucho tiempo. “Llevaba nueve años con la medicación pautada. Me iba bien. Ahora tengo ataques de pánico”, remarca. Sus problemas de salud le han llevado dos veces al hospital, pero al salir ha seguido sin el tratamiento. Del médico de familia ha ido a servicios sociales. Y vuelta a empezar. “Nadie me resuelve mi caso”, dice. Ahora espera que Médicos del Mundo le ayude con los trámites para conseguir los fármacos. “Si no, no sé qué haré”, añade.

“Cogí miedo a mi propio hijo”

A Jeanette, ecuatoriana de 46 años, le da algo de apuro admitir que durante algunos meses no pudo pagar la medicación de su hijo, un joven de 22 años que padece esquizofrenia. Mientras él estuvo sin tarjeta sanitaria por culpa de la reforma de 2012, tampoco le llevó al especialista para que hiciera seguimiento de su enfermedad psiquiátrica. Toda la familia, que reside en Mora (Toledo), estaba en paro. A él le había caducado la tarjeta y se negaban a darle otra, pese a que su situación administrativa en España era legal. “Si íbamos al médico nos cobraban, así que evitamos ir”, cuenta.

Los fármacos costaban casi 500 euros cada 15 días, recuerda. Jeanette deja un momento el teléfono y va a buscar las recetas para leer las marcas comerciales. Son ansiolíticos y antipsicóticos. “Claro que sabemos que son fármacos que no se pueden dejar, pero no podía pagarlos. Estuvo unos ocho meses sin tomarlos. Durante ese tiempo tuvo crisis y estuvo muy agresivo y eufórico. A veces me imaginaba qué pasaría si le daba por coger un cuchillo y salir a la calle. Una le coge miedo hasta a su propio hijo”, relata.

El hijo de Jeanette siempre ha tenido permiso de residencia y tarjeta sanitaria europea. Y pese a ello, estuvo cerca de un año sin acceder a la atención sanitaria pública de Castilla-La Mancha. A finales del año pasado la mujer acudió a Médicos del Mundo, que la ayudó a desentrañar la maraña burocrática, presentar el papeleo adecuado y conseguir finalmente la ansiada tarjeta. Hoy siguen teniendo problemas de dinero. “Voy a Cáritas y a Cruz Roja para que nos ayuden, y mi madre, que vive en Valencia, nos echa una mano”, dice. Al menos se ha librado de la carga añadida de los fármacos, por los que, según explica, ahora paga apenas 17 euros.