Sanidad ve "complejo y desproporcionado" limitar la compra de fármacos a menores

El Defensor del Pueblo ha presentado este martes su informe anual, con menos quejas sanitarias que en 2015, al Congreso. Copago, acceso a fármacos y demoras centran las protestas.

Laura G. Ibañes | 28/02/2017 13:27

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, este martes en la entrega del informe anual. ()

La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó el pasado año 1.229 quejas sobre sanidad, lo que representa un 16 por ciento menos de las gestionadas el año anterior. El grueso de ellas, casi un 30 por ciento correspondieron a atención especializada, según constata el informe anual de esta institución, entregado este martes al Congreso y el Senado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Por temáticas, las quejas sobre listas de espera fueron una vez más protagonistas junto al acceso a ciertos fármacos, el copago farmacéutico, el calendario vacunal y la dificultad para ser atendido en distinta autonomía de la de residencia. A alas quejas presentadas por los españoles hay que sumar las actuaciones de oficio en materia de sanidad iniciadas por la propia oficina del Defensor de Pueblo, entre las que destaca la investigación por demoras en la cirugía reparadora para mujeres sometidas a masectomía, la protección social de pacientes oncológicos, la atención a celíacos y la interoperabilidad de la historia clínica entre autonomías.

Dispensación de fármacos a menores de edad

Entre los temas más novedosos que destacan en el informe del Defensor del Pueblo, resalta la queja planteada por una madre que expuso el perjuicio padecido por su hija de 14 años, que padece un trastorno de la alimentación ,por el consumo de medicamentos laxantes que adquiría sin restricción alguna en las farmacias. Al respecto, el informe constata que el Ministerio de Sanidad contestó al Defensor del Pueblo que sería "complejo y desproporcionado establecer un sistema de control sobre la dispensación de medicamentos a menores" al tiempo que recordó que "los farmacéuticos deben practicar en todo momento e principio de dispensación informada y denegar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica cuando no de presente receta".

El Defensor del Pueblo, con todo, considera que "una previsión legal específica podía ofrecer mayor amparo a la actuación de los profesionales farmacéuticos si estiman preciso denegar la dispensación a un menor de edad, lo que redundaría en una mayor protección para la salud de los menores, especialmente adolescentes, que pueden incurrir más frecuentemente en conductas de riesgo, aún con productos no sujetos a prescripción médica, como en el caso expuesto".

Restricciones de acceso a fármacos

Entre las quejas recibidas en 2016 por el Defensor del Pueblo buena parte se refieren a dificultades de acceso a medicamentos. Tras el aluvión de quejas el aspado año sobre los fármacos para la hepatitis C, en esta ocasión un buen número de protestas se han centrado en las restricciones de ciertas autonomías a los nuevos anticoagulantes orales y sus condiciones de financiación. El Defensor del Pueblo dice haber trasladado a la Administración competente "aquellos casos en los que se aprecia una contradicción entre los criterios de gestión de la prestación farmacéutica y el criterio avalado en informes médicos especialistas del propio servicio de salud".

Entre las peticiones a la Oficina del Defensor del Pueblo ha figurado también la solicitud de pacientes con patologías graves, fundamentalmente oncológicas, de utilizar cannabis o sus derivados con fines terapéuticos. Tras la respuesta emitida por Sanidad sobre el asunto, el informe concluye que "en la actualidad no está previsto adoptar medidas concretas de estudio sobre el uso terapéutico o medicinal de cannnabis", una cuestión que en opinión del Defensor del Pueblo "contrasta con la línea seguida por otros Estados de nuestro entorno".

Otras quejas relevantes en materia de acceso a medicamentos se refieren al calendario vacunal y desigual implantación de la vacunación del neumcoco y al desabastecimiento de la vacuna de la tos ferina.

Copago farmacéutico

Una buena parte de las quejas sanitarias se han referido al copago farmacéutico, tanto sobre la dificultad de determinar qué administración es la encargada de determinar el nivel de copago que corresponde a cada individuo, como por las dificultades de afrontar el copago exigido sufridas por determinadas personas. Sobre esta cuestión, el informe afirma que "a pesar de que la normativa vincula la capacidad económica de los usuarios y su nivel de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, la regulación actual no garantiza que determinados grupos de personas sin ingresos o con rentas muy bajas puedan acceder a los medicamentos que precisan".

Para ilustrar el problema, el informe detalla el caso de un hombre, por ejemplo, con trastorno mental que ha presentado una queja porque está divorciado, debe hacer frente al pago de alimentos para sus hijos y dispone únicamente de unos 280 euros líquidos mensuales por lo que no es capaz de hacer frente al pago de sus medicamentos y alerta del peligro para otras personas que, por su tipo de trastorno mental, puede conllevar que no tome los medicamentos recetados.

El Defensor del Pueblo alerta de que la solución ofrecida por la Consejería de Sanidad (en este caso la de Asturias) es remitir al paciente a una entidad social privada sin ánimo de lucro por si ésta pudiera facilitarle ayuda económica. Por esta razón, el Defensor advierte de que "parece neceario disponer de un protocolo para atender con medios públicos situaciones de alto riesgo como la descrita". El aviso llega después de que el lunes el Barómetro Sanitario de 2016 constatase que un 4,4 por ciento de la población dejó de tomar los medicamentos prescritos por el médico por no poder afrontar su coste económico.

Listas de espera

El informe del Defensor del Pueblo de 2016 constata que "las listas de espera constituyen el principal motivo de queja de los ciudadanos". Éstas se dan en todos los ámbitos: el informe recoge casos de demoras en procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas de internos de centros penitenciarios, demoras de hasta 28 meses en tratamientos de fecundación in vitro y de más de dos años y medio para mamoplastia, retrasos de un año para cierre de una ileostomía tras un tratamiento quimioterápico, etc.

El Defensor del Pueblo inició también actuaciones de oficio contra todas las autonomías en las que se constataron demoras excesivas para implante de protesis de mama y reconstrucción de seno en mujeres que han sufrido masectomía por cáncer de mama. Desde Andalucía se dijo ser consciente del problema y estar en marcha la aprobación de una norma de garantía de plazos de respuesta, al igual que en Cantabria, Aragón, valencia , Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

Cuidados paliativos

El informe de 2016 destaca que el Defensor del Pueblo está todavía pendiente de recibir por parte del Ministerio de Sanidad una respuesta a los problemas detectados en Cuidados Paliativos, que permita una evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos y una revisión de los dispositivos disponibles "buscando una mayor homogeneidad en la dotación de estos recursos y la equidad en el conjunto del SNS".

Sanidad limítrofe

En 2016 se volvieron a producir quejas como consecuencia de la dificultad de ser atendido en diferente autonomía de la de residencia. El informe destaca al respeto los casos de falta de acuerdo para la sanidad limítrofes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Burgos así como el caso concreto de una niña que falleció tras ser trasladada desde Teruel al Hospital Miguel Servet de Zaragoza en lugar de haber sido acogida en el Hospital La Fe de Valencia.