El Parlamento de Navarra rechaza crear una ponencia sobre la organización de la atención sanitaria en las zonas rurales
Pamplona (15-16/05/2013) - E.P.
Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra han votado a favor de la constitución de la ponencia, mientras que UPN y PPN la han rechazado y el PSN se ha abstenido
La Comisión de Salud del Parlamento de Navarra ha rechazado este martes crear una ponencia dirigida al "estudio de las necesidades en la organización de la atención continuada y urgente de las zonas rurales" de la Comunidad Foral. Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra han votado a favor de la constitución de la ponencia, mientras que UPN y PPN la han rechazado y el PSN se ha abstenido.
La ponencia propuesta por los grupos parlamentarios Bildu, Aralar-Nabai e I-E pretendía "recabar desde el Parlamento cuantas aportaciones y propuestas permitieran avanzar hacia la implantación de un modelo más efectivo y eficiente en el ámbito de la asistencia de urgencias vitales en el medio rural".
Con esta iniciativa, según sus proponentes, "se quería complementar el trabajo del Gobierno de Navarra, al que la ley foral sobre atención sanitaria continuada y urgente, aprobada el 8 de febrero con los votos en contra de UPN y PPN, encomienda la elaboración de un Plan alternativo al contenido en el ya derogado Decreto Foral 131/2012".
La ley foral sobre atención sanitaria continuada y urgente implicó la abolición del Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, por el que se regulaba el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y de los puntos y modalidades de atención continuada y urgente de las zonas rurales.
La citada norma, impulsada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y los dos parlamentarios no adscritos de Geroa Bai, tiene por objeto "evaluar las necesidades de la población de las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria continuada y urgente para, a partir de ahí, facultar la elaboración de un Plan alternativo que el Gobierno de Navarra deberá remitir al Parlamento en el plazo de un año".
Mientras tanto, sigue siendo de aplicación la normativa anterior a la entrada en vigor del Decreto Foral 131/2012, normativa conforme a la que se resolverán los procedimientos administrativos iniciados de acuerdo al citado Decreto y que no hayan recibido resolución definitiva.
En riesgo la seguridad de las personas
En la exposición de motivos, los promotores de la ponencia desechada criticaban que el decreto foral 131/2012 "ponía en riesgo la seguridad de las personas residentes en las zonas rurales y de los usuarios de la red viaria de Navarra, con la única justificación de un ahorro que no era real".
En ese sentido, aseguraban que el mencionado decreto "chocaba con los principios de equidad en los niveles de salud e igualdad en las condiciones de acceso al sistema sanitario, suponía un deterioro del nivel de las prestaciones y, lejos de corregir las deficiencias del actual modelo, implicaba el desmantelamiento del sistema de urgencias destinado a la población rural".
Por todo ello, creían oportuno "completar desde el Legislativo la evaluación de las necesidades de las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria, incluida la continuada y urgente, para contribuir a la elaboración del Plan que el Ejecutivo Foral deberá remitir a la Cámara".
La ponencia propuesta por los grupos parlamentarios Bildu, Aralar-Nabai e I-E pretendía "recabar desde el Parlamento cuantas aportaciones y propuestas permitieran avanzar hacia la implantación de un modelo más efectivo y eficiente en el ámbito de la asistencia de urgencias vitales en el medio rural".
Con esta iniciativa, según sus proponentes, "se quería complementar el trabajo del Gobierno de Navarra, al que la ley foral sobre atención sanitaria continuada y urgente, aprobada el 8 de febrero con los votos en contra de UPN y PPN, encomienda la elaboración de un Plan alternativo al contenido en el ya derogado Decreto Foral 131/2012".
La ley foral sobre atención sanitaria continuada y urgente implicó la abolición del Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, por el que se regulaba el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y de los puntos y modalidades de atención continuada y urgente de las zonas rurales.
La citada norma, impulsada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y los dos parlamentarios no adscritos de Geroa Bai, tiene por objeto "evaluar las necesidades de la población de las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria continuada y urgente para, a partir de ahí, facultar la elaboración de un Plan alternativo que el Gobierno de Navarra deberá remitir al Parlamento en el plazo de un año".
Mientras tanto, sigue siendo de aplicación la normativa anterior a la entrada en vigor del Decreto Foral 131/2012, normativa conforme a la que se resolverán los procedimientos administrativos iniciados de acuerdo al citado Decreto y que no hayan recibido resolución definitiva.
En riesgo la seguridad de las personas
En la exposición de motivos, los promotores de la ponencia desechada criticaban que el decreto foral 131/2012 "ponía en riesgo la seguridad de las personas residentes en las zonas rurales y de los usuarios de la red viaria de Navarra, con la única justificación de un ahorro que no era real".
En ese sentido, aseguraban que el mencionado decreto "chocaba con los principios de equidad en los niveles de salud e igualdad en las condiciones de acceso al sistema sanitario, suponía un deterioro del nivel de las prestaciones y, lejos de corregir las deficiencias del actual modelo, implicaba el desmantelamiento del sistema de urgencias destinado a la población rural".
Por todo ello, creían oportuno "completar desde el Legislativo la evaluación de las necesidades de las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria, incluida la continuada y urgente, para contribuir a la elaboración del Plan que el Ejecutivo Foral deberá remitir a la Cámara".
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