Expertos apuntan la necesidad de definir los criterios de la evaluación económica de los medicamentos

Madrid (11-13/05/2013) - Redacción

Es importante definir aspectos como la financiación, la metodología, la transparencia o la accesibilidad de las agencias evaluadoras, además de incluir en la evaluación de los medicamentos los costes asociados a la asistencia sanitaria y considerar también los costes sociales que provoca la enfermedad, según se ha puesto de manifiesto en una jornada de estudio organizada en el marco de la Cátedra de Economía de los Medicamentos

Definir detalladamente los criterios de la evaluación económica de los medicamentos es fundamental. Así lo han manifestado expertos sanitarios del ámbito institucional, académico y legal reunidos en la Jornada "Evaluación de la eficiencia de medicamentos desde la perspectiva social", organizada por la Universidad Carlos III en colaboración con la compañía biofarmacéutica AbbVie en el marco de la 'Cátedra de Economía de los Medicamentos', impulsada por ambas entidades.

El Real Decreto-Ley 16/2012 establece como requisito para la inclusión de nuevos medicamentos y productos sanitarios en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como para la intervención de precios, estudios de coste-efectividad y de impacto presupuestario. Para ello la ley prevé un Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS. Sin embargo, apunta el profesor Félix Lobo, director de la Cátedra de Economía de los Medicamentos, "todavía no se ha promulgado legislación en detalle sobre estos mecanismos de evaluación de eficiencia".

José Vida, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, propone desarrollar esta ley incluyendo la coordinación de la evaluación económica en financiación y fijación de precios, la garantía de duración de la evaluación por debajo de los 180 días o un procedimiento participativo y transparente. Además, estima que se debe regular la independencia de los miembros del Comité Asesor de Prestación Farmacéutica y aprovechar los recursos de las comunidades autónomas y de las sociedades científicas.

Jordi Faus, socio del despacho de abogados Faus&Moliner, destaca por su parte que las "normas españolas abren interrogantes" y que, a su vez, estos interrogantes crean "inseguridad jurídica". "Los análisis de eficiencia relativa se van a imponer y la industria farmacéutica en bloque se ha ofrecido a la Administración para concretar estos temas".

Todo ello hace que estemos "en un momento de transición en el que se deben discutir y establecer los criterios que deben orientar la evaluación de eficiencia de los medicamentos, incluyendo aspectos específicos como financiación, metodología, transparencia y accesibilidad de las agencias evaluadoras, dentro del marco normativo europeo. La evaluación económica es ya obligatoria en varios países de la UE, como Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda o Portugal. Sin embargo, en el caso de Italia y España no se ha elaborado un marco legal definido", ha subrayado Félix Lobo.

Uno de los conceptos que se han tratado en la Jornada es el de los aspectos metodológicos a tener en cuenta en la evaluación económica de los medicamentos, especialmente en lo que respecta al punto de vista social de los análisis, de manera que en la evaluación de los medicamentos se incluyan tanto los costes sanitarios directos como los sociales que provoca una enfermedad. Existen multitud de patologías en las que los costes sociales (bajas laborales y pérdidas de productividad y salarios, costes asociados a los cuidados por los familiares) son importantes y hay que poner un foco mayor en este tipo de carga a la hora de evaluar económicamente un medicamento", ha añadido Félix Lobo.

En este sentido, el profesor Juan Oliva, de la Universidad de Castilla La Mancha, apunta que en países como Australia, Canadá, Suecia y Holanda se valoran tanto los costes sanitarios como los no sanitarios. A su juicio, "lo relevante es tener en cuenta todos los recursos que se pierden o se emplean de un modo no previsto a consecuencia de una enfermedad o problema de salud". Además, apunta, "el creciente impacto de la evaluación económica de las intervenciones sanitarias por su utilización cada vez más decidida en la toma de decisiones sanitarias ha impulsado la necesidad de contar con una serie de normas metodológicas que regulen la realización de estos trabajos"