La comunidad científica denuncia que la I+D está al borde del colapso
La inversión en I+D ha caído un 40% desde 2009 y los proyectos de investigación convocados en 2011 aún no han recibido la financiación aprobada
La Confederación de Sociedades científicas de España, la CRUE y los sindicatos piden medidas para retener el talento
“El Gobierno debe tomar con urgencia decisiones que eviten el colapso de nuestro sistema de I+D+i”, advierten los miembros de la Carta por la Ciencia, colectivo que surgió en respuesta a los recortes en I+D en España y que suscriben la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Jóvenes Investigadores y la Plataforma Investigación Digna. Un año después de la primera movilización en defensa de la ciencia, el colectivo denuncia que la situación ha empeorado: “Asistimos al desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear y a la amenaza del abandono de líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que son punteras”.
La inversión pública en I+D se ha reducido en un 13,7% (en subvenciones) en el último año, acumulándose ya un recorte del 40% respecto a 2009, señala ahora la Carta por la Ciencia. Además, los grupos de investigación que desarrollan su labor en comunidades autónomas que no cumplen el objetivo de déficit están abocados a la “muerte por inanición”, señala el colectivo, ya que el Ministerio de Hacienda ha negado la financiación que se había aprobado, por lo que los científicos sufren así los efectos de la “mala gestión de los presidentes de sus respectivas CCAA”.
La última convocatoria para proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, en diciembre de 2012, fue resuelta, con notable retraso, a finales de enero de 2013. La lista definitiva de grupos de investigación que recibirían los fondos se publicó en el BOE, pero todavía no han recibido dinero alguno, pese a que sus proyectos de investigación debió arrancar el pasado uno de enero. Los equipos o investigadores menos consolidados, que no disponen de otras fuentes de financiación o cuyas instituciones no puedan adelantar los fondos comprometidos por el ministerio de Economía y Competitividad, no han podido empezar a trabajar. Además, el colectivo denuncia la “paralización de todas las convocatorias del Plan Nacional (ahora Estatal) 2013 por una mala coordinación entre ministerios”. La convocatoria debió salir en diciembre del año pasado. Dado que los proyectos son trienales, cada año se presenta aproximadamente un tercio de los investigadores en España que optan a esta financiación competitiva. “Si no se resuelve de manera inmediata, un tercio de los investigadores se quedará sin recursos durante 2014”, señala el colectivo.
La Carta por la Ciencia denuncia asimismo la “pérdida acelerada de capital humano, tanto en el sistema productivo como en el académico”. El número de nuevas plazas estables en los organismos públicos de investigación (OPI) ha pasado de 681 en 2007 a 15 en 2013, para toda Estaña, y los investigadores que se jubilan no son reemplazados. “Los programas de contratación de jóvenes investigadores sufren reducciones del 30% o superiores. Podemos destacar los contratos Ramón y Cajal, investigadores de destacada experiencia internacional y prestigio en su campo, que se recuperaron del éxodo con promesas incumplidas de estabilización para ahora volverlos a expatriar”, señalan los firmantes de la carta.
En el examen del declive del sistema de I+D español en el último año, el colectivo recuerda que “las empresas innovadoras no encuentran el acceso al crédito y los presupuestos destinado sal apoyo y colaboración público-privada, después de ser recortados año a año, se ejecutan por debajo del 50% ante la falta de cofinanciación de la aportación pública”.
“Ante esta situación”, señala la Carta por la Ciencia, “el Gobierno insiste en su política de ‘hacer más con menos’ que ha sido duramente criticada a nivel internacional y que demuestra una irresponsable manera de eludir sus compromisos y responsabilidades”.
Las demandas del colectivo para evitar “el colapso del sistema de I+D+i” apuntan a remediar las grandes carencias que se están agudizando. La primera es que arranque el plan Estatal de I+D+i 2013, con un cumplimiento estricto de los plazos en las convocatorias. Hay que tener en cuenta que la labor de investigación, dados sus plazos prolongados para obtener resultados, exige un marco estable y previsible de financiación y que esta convocatoria debió salir hace cinco meses.
La segunda demanda atañe a los recursos humanos, reclamando “coherencia” política “para atraer y retener el talento en España, manteniendo el talento actual y, en especial, los contratos Ramón y Cajal”. Es necesaria, señala la Carta por la Ciencia, “una planificación consensuada de una carrera investigadora coherente capaz de evitar la pérdida irreparable de generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación”. También en el ámbito de los recursos humanos, los firmantes piden que se elimine la restricción del 10% en la tasa de reposición de empleo público para el conjunto de las actividades de I+D+i.
El Programa de Reformas remitido por el Gobierno de España a la UE anuncia la congelación de la inversión en I+D hasta 2020 y reduce el objetivo a un 2% del PIB, “frente al 3% inicialmente previsto”. Además, para alcanzarlo, el Gobierno cuenta con que se duplique la inversión privada en I+D, algo que la Carta por la Ciencia considera “ilusorio” ya que dicha inversión privada no ha hecho sino decrecer por efecto de la crisis. Frente a este conservador objetivo, los firmantes consideran que se han de poner las medidas pertinentes para alcanzar el 2% del PIB en el período 2013-2016. España invierte ahora en I+D el 1,3% de su PIB, muy por debajo de la media de la UE del 2%.
La Carta por la Ciencia reclama el mantenimiento de la inversión en ciencia básica y que se utilice el 100% del dinero presupuestado, ya que en los últimos años no sólo se han recortado drásticamente los presupuestos de I+D+i, sino que se ha gastado mucho menos de lo aprobado. Asimismo recuerda que no se ha creado aún la ansiada Agencia de Estatal de Investigación, recogida en la Ley de la Ciencia de 2011 y varias veces anunciada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
La inversión pública en I+D se ha reducido en un 13,7% (en subvenciones) en el último año, acumulándose ya un recorte del 40% respecto a 2009, señala ahora la Carta por la Ciencia. Además, los grupos de investigación que desarrollan su labor en comunidades autónomas que no cumplen el objetivo de déficit están abocados a la “muerte por inanición”, señala el colectivo, ya que el Ministerio de Hacienda ha negado la financiación que se había aprobado, por lo que los científicos sufren así los efectos de la “mala gestión de los presidentes de sus respectivas CCAA”.
La última convocatoria para proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, en diciembre de 2012, fue resuelta, con notable retraso, a finales de enero de 2013. La lista definitiva de grupos de investigación que recibirían los fondos se publicó en el BOE, pero todavía no han recibido dinero alguno, pese a que sus proyectos de investigación debió arrancar el pasado uno de enero. Los equipos o investigadores menos consolidados, que no disponen de otras fuentes de financiación o cuyas instituciones no puedan adelantar los fondos comprometidos por el ministerio de Economía y Competitividad, no han podido empezar a trabajar. Además, el colectivo denuncia la “paralización de todas las convocatorias del Plan Nacional (ahora Estatal) 2013 por una mala coordinación entre ministerios”. La convocatoria debió salir en diciembre del año pasado. Dado que los proyectos son trienales, cada año se presenta aproximadamente un tercio de los investigadores en España que optan a esta financiación competitiva. “Si no se resuelve de manera inmediata, un tercio de los investigadores se quedará sin recursos durante 2014”, señala el colectivo.
La Carta por la Ciencia denuncia asimismo la “pérdida acelerada de capital humano, tanto en el sistema productivo como en el académico”. El número de nuevas plazas estables en los organismos públicos de investigación (OPI) ha pasado de 681 en 2007 a 15 en 2013, para toda Estaña, y los investigadores que se jubilan no son reemplazados. “Los programas de contratación de jóvenes investigadores sufren reducciones del 30% o superiores. Podemos destacar los contratos Ramón y Cajal, investigadores de destacada experiencia internacional y prestigio en su campo, que se recuperaron del éxodo con promesas incumplidas de estabilización para ahora volverlos a expatriar”, señalan los firmantes de la carta.
En el examen del declive del sistema de I+D español en el último año, el colectivo recuerda que “las empresas innovadoras no encuentran el acceso al crédito y los presupuestos destinado sal apoyo y colaboración público-privada, después de ser recortados año a año, se ejecutan por debajo del 50% ante la falta de cofinanciación de la aportación pública”.
“Ante esta situación”, señala la Carta por la Ciencia, “el Gobierno insiste en su política de ‘hacer más con menos’ que ha sido duramente criticada a nivel internacional y que demuestra una irresponsable manera de eludir sus compromisos y responsabilidades”.
Las demandas del colectivo para evitar “el colapso del sistema de I+D+i” apuntan a remediar las grandes carencias que se están agudizando. La primera es que arranque el plan Estatal de I+D+i 2013, con un cumplimiento estricto de los plazos en las convocatorias. Hay que tener en cuenta que la labor de investigación, dados sus plazos prolongados para obtener resultados, exige un marco estable y previsible de financiación y que esta convocatoria debió salir hace cinco meses.
La segunda demanda atañe a los recursos humanos, reclamando “coherencia” política “para atraer y retener el talento en España, manteniendo el talento actual y, en especial, los contratos Ramón y Cajal”. Es necesaria, señala la Carta por la Ciencia, “una planificación consensuada de una carrera investigadora coherente capaz de evitar la pérdida irreparable de generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación”. También en el ámbito de los recursos humanos, los firmantes piden que se elimine la restricción del 10% en la tasa de reposición de empleo público para el conjunto de las actividades de I+D+i.
El Programa de Reformas remitido por el Gobierno de España a la UE anuncia la congelación de la inversión en I+D hasta 2020 y reduce el objetivo a un 2% del PIB, “frente al 3% inicialmente previsto”. Además, para alcanzarlo, el Gobierno cuenta con que se duplique la inversión privada en I+D, algo que la Carta por la Ciencia considera “ilusorio” ya que dicha inversión privada no ha hecho sino decrecer por efecto de la crisis. Frente a este conservador objetivo, los firmantes consideran que se han de poner las medidas pertinentes para alcanzar el 2% del PIB en el período 2013-2016. España invierte ahora en I+D el 1,3% de su PIB, muy por debajo de la media de la UE del 2%.
La Carta por la Ciencia reclama el mantenimiento de la inversión en ciencia básica y que se utilice el 100% del dinero presupuestado, ya que en los últimos años no sólo se han recortado drásticamente los presupuestos de I+D+i, sino que se ha gastado mucho menos de lo aprobado. Asimismo recuerda que no se ha creado aún la ansiada Agencia de Estatal de Investigación, recogida en la Ley de la Ciencia de 2011 y varias veces anunciada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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