Llamazares llama a una “marea violeta” contra la reforma del aborto
"La jerarquía eclesiástica ¿quiere más hijos para el país o para el negocio de bebés robados?"
Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha vaticinado este jueves el inminente surgimiento de una "marea violeta" contra los planes del Gobierno de reformar la ley del aborto. En una rueda de prensa, Llamazares ha anunciado que la medida ha sido acordada entre distintas fuerzas políticas y sociales tras un acto celebrado ayer en un hotel madrileño. Esta marea, de composición plural y amplio alcance social, se propone frenar, desde la calle, el propósito del Gobierno del Partido Popular por modificar la ley de Interrupción del Embarazo.
Asimismo, Llamazares ha arremetido contra la ley Wert sobre la Educación; ha considerado las dos iniciativas gubernamentales del PP como "dos banderines de enganche que incluyen concesiones a intereses ideológicos del nacional-catolicismo, para atajar la pérdida de legitimidad con la que tropieza entre su propio electorado". Así lo ha asegurado Gaspar Llamazares en una comparecencia ante periodistas celebrada esta mañana en Madrid. Ha afirmado que "al Gobierno le importa un bledo el fracaso escolar, lo único que le preocupa son las concesiones a Rouco Varela (arzobispo de Madrid) y a la jerarquía eclesiástica". Y a continuación ha planteado: "Puede parecer una pregunta dura pero ya es hora de planteársela a la jerarquía eclesiástica, ¿quiere en verdad que haya más hijos para el país o bien desean más niños para desarrollar el negocio de los bebés robados iniciado bajo el franquismo y prolongado hasta hoy y sobre el cual, por cierto, (la jerarquía eclesiástica) no se ha pronunciado?".
El portavoz de Izquierda Abierta se ha ofrecido a explicar su pregunta: "La he planteado para quitarle a la jerarquía eclesiástica los argumentos morales que dice invocar contra la Interrupción del embarazo". Llamazares se ha preguntado además: "¿Porqué le preocupan más los no nacidos que los nacidos, ante los cuales, con su política de recortes en sanidad y en educación, se muestra insensible?". A juicio del parlamentario asturiano, después del reciente debate sobre la política económica en el Congreso "Mariano Rajoy se propone sobrevivir políticamente como un zombie, con una creciente deslegitimación ante su propio partido y una política económica "fracasada que no es otra cosa que sumisión a la troika europea y a las presiones del ala dura del PP". Ha criticado también lo que considera, por parte de Mariano Rajoy, "insensibilidad ante la tragedia que implica para millones de españoles y españolas el desempleo", mediante la prosecución de "una política fracasada, sin osar corregirla ni enmendarla un ápice". Y concluye: "Frente a esa política sumisa a la troika del Gobierno del PP, solo caben la rebeldía y la desobediencia civil; su legitimidad y credibilidad no está bajo mínimos, sencillamente, ya no existe", ha sentenciado.
Por su parte Montserrat Muñoz, coportavoz de Izquierda Abierta junto con Llamazares y exalcaldesa de San Fernando de Henares, ha denunciado lo que considera "profunda hipocresía del Gobierno al decir, por un lado, que le preocupa la calidad de la enseñanza cuando, por otra parte, recorta los medios económicos y los recursos destinados a la escuela pública".
A propósito de lo que entiende como "ataques del PP a la ley de Interrupción del embarazo", Muñoz ha afirmado que "el Gobierno persigue llevar a un supuesto terreno moral el debate, cuando la moral es un territorio de la privacidad personal y de lo que la ley vigente trata es de conservar el derecho de las mujeres a decidir libremente, sin tutelas de ningún tipo". Según ha resaltado después Montserrat Muñoz, "la ley de Interrupción del Embarazo, tal como está, no se le impone a nadie, es una garantía de esa libertad de decidir de cada mujer, que constituye un derecho irrenunciable". Y se ha preguntado luego: "¿Cómo es posible, tal cual pretende el Gobierno del Partido Popular, quitar de la ley el supuesto de aborto por malformación del feto, al mismo tiempo que decide retirar todas las ayudas a la dependencia?". La portavoz de Izquierda Abierta ha concluido su comparecencia ante los periodistas con una sentencia: "Si no es capaz de garantizar a todos los niños la alimentación a base de tres platos de comida diarios, ¿cómo puede decir el ministro Wert que le preocupa la calidad de la enseñanza?".
Asimismo, Llamazares ha arremetido contra la ley Wert sobre la Educación; ha considerado las dos iniciativas gubernamentales del PP como "dos banderines de enganche que incluyen concesiones a intereses ideológicos del nacional-catolicismo, para atajar la pérdida de legitimidad con la que tropieza entre su propio electorado". Así lo ha asegurado Gaspar Llamazares en una comparecencia ante periodistas celebrada esta mañana en Madrid. Ha afirmado que "al Gobierno le importa un bledo el fracaso escolar, lo único que le preocupa son las concesiones a Rouco Varela (arzobispo de Madrid) y a la jerarquía eclesiástica". Y a continuación ha planteado: "Puede parecer una pregunta dura pero ya es hora de planteársela a la jerarquía eclesiástica, ¿quiere en verdad que haya más hijos para el país o bien desean más niños para desarrollar el negocio de los bebés robados iniciado bajo el franquismo y prolongado hasta hoy y sobre el cual, por cierto, (la jerarquía eclesiástica) no se ha pronunciado?".
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Por su parte Montserrat Muñoz, coportavoz de Izquierda Abierta junto con Llamazares y exalcaldesa de San Fernando de Henares, ha denunciado lo que considera "profunda hipocresía del Gobierno al decir, por un lado, que le preocupa la calidad de la enseñanza cuando, por otra parte, recorta los medios económicos y los recursos destinados a la escuela pública".
A propósito de lo que entiende como "ataques del PP a la ley de Interrupción del embarazo", Muñoz ha afirmado que "el Gobierno persigue llevar a un supuesto terreno moral el debate, cuando la moral es un territorio de la privacidad personal y de lo que la ley vigente trata es de conservar el derecho de las mujeres a decidir libremente, sin tutelas de ningún tipo". Según ha resaltado después Montserrat Muñoz, "la ley de Interrupción del Embarazo, tal como está, no se le impone a nadie, es una garantía de esa libertad de decidir de cada mujer, que constituye un derecho irrenunciable". Y se ha preguntado luego: "¿Cómo es posible, tal cual pretende el Gobierno del Partido Popular, quitar de la ley el supuesto de aborto por malformación del feto, al mismo tiempo que decide retirar todas las ayudas a la dependencia?". La portavoz de Izquierda Abierta ha concluido su comparecencia ante los periodistas con una sentencia: "Si no es capaz de garantizar a todos los niños la alimentación a base de tres platos de comida diarios, ¿cómo puede decir el ministro Wert que le preocupa la calidad de la enseñanza?".
Médicos, monjas y padres traficaban con bebés comprados en Marruecos
La Guardia Civil imputa a 19 personas de esta red internacional
Los menores eran de familias humildes a las que daban dinero o prometían un mejor futuro
El comandante de la Guardia Civil que ha dirigido la "Operación Oculta". / Laureano Valladolid (EFE)
Las redes de compraventa de bebés que operaron en España hasta 1990 no solo se aprovisionaban de recién nacidos en territorio nacional, también los importaban del extranjero. La Guardia Civil ha descubierto ahora la existencia de un entramado que captaba a parturientas en Marruecos y que, con base de operaciones en Melilla, abastecía a matrimonios españoles deseosos de ser padres. Buena parte de estos chiquillos fueron entregados a familias de la Comunidad Valenciana, una región que ya antes aparecía como destinataria de muchos de los recién nacidos robados.
La Guardia Civil ha detectado 28 casos de lactantes procedentes de Marruecos que fueron introducidos en Melilla y trasladados a la Península con documentación falsa, simulando que eran hijos biológicos de los adoptantes. Algunos de ellos habían nacido en Melilla y otros en Marruecos.
Los implicados en la compraventa de recién nacidos realizaban distintos roles en la trama: captadores, intermediarios, vendedores, compradores, suministradores, médicos, comadronas... Había dos monjas relacionadas con los hechos, de las que solo vive una.
Estas personas obtenían los recién nacidos de diferentes formas. En ocasiones, en la propia Melilla, donde contactaban con madres gestantes —prostitutas, limpiadoras y mujeres de extracción humilde— que accedían a la entrega del bebé bajo la promesa de una vida mejor para él o a cambio de dinero. En algún caso, a estas parturientas, a las que alojaban en una especie de pisos-nido hasta el parto, “les despacharon dándoles 3.000 pesetas (menos de 20 euros)”, según un responsable de la investigación.
La Operación Oculta arrancó tras una denuncia general referida a 261 niños robados interpuesta en enero de 2011 por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). No obstante, el punto de partida del operativo fue una denuncia cursada el 25 de febrero de 2011 por el abogado Enrique Vila en representación de dos niñas (hoy ya mujeres), que fueron compradas por sendas familias de Ontinyent (Valencia).
Las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla han aclarado que 14 bebés fueron comprados en esa ciudad entre 1970 y 1980 por cantidades que oscilaban entre 1.200 y los 6.000 euros.
A las 31 personas implicadas en la trama —entre ellas varios padres y madres adoptivos— se les imputan delitos como suposición de parto, alteración de la paternidad, detención ilegal o falsificación de documento. 12 de esas personas —entre las que hay un médico y dos comadronas— han fallecido, mientras que el resto son personas de edad avanzada.
Un matrimonio de Ontinyent era piedra angular de la red criminal: actuaba como captador de familias que buscaban un bebé.
Los implicados en la trama captaban a matrimonios estériles, que anhelaban ser padres. Concertaban una cita con ellos y, a cambio de dinero, los llevaban a Melilla. Una vez allí, les hacían entrega de un recién nacido, a la vez que les ponían en contacto con un médico o una comadrona que, a cambio de 300 euros, les facilitaba un certificado de nacimiento haciendo constar falsamente que la madre adoptante era la que había alumbrado a la criatura. Así podrían inscribirlo en el Registro Civil.
Otro eslabón importante de la cadena eran tres hermanas nacidas en Tetuán (Marruecos). Dos de ellas residían en Melilla y la tercera en Marruecos, donde cambió su nombre y apellidos. Esta última, que era la encargada de captar a jóvenes en avanzado estado de gestación, era el enlace con dos auxiliares de enfermería de los hospitales de Oujda y Nador.
Estas empleadas hospitalarias fueron interrogadas hace varios meses por la policía marroquí y admitieron que tenían conocimiento de la compraventa de 28 bebés por parte de esta red. Las dos empleadas facilitaban la entrega y traslado a Melilla de los bebés.
Catorce personas han sido identificadas como víctimas, una de ellas madre gestante a la que le quitaron su hijo recién nacido, siendo un total de 28 los casos de niños lactantes objeto de la trama.
La Guardia Civil ha identificado a 14 hombres y mujeres que fueron comprados por sus padres adoptivos siendo bebés. La mayoría de ellos fueron llevados a Valencia, y el resto a Málaga, Granada, Cuenca, Las Palmas y Palma de Mallorca. Las niñas eran más caras que los niños simplemente porque eran más demandadas por los padres adoptantes.
Una de estas niñas, llamada María José, nació en Melilla y fue entregada a sus padres adoptivos en un bar, con restos de sangre y envuelta en una sábana. El matrimonio, de clase media, viajó desde Valencia a Melilla y pagó 200.000 pesetas por ella. La denuncia de esta mujer, que hoy tiene 33 años, fue clave en la Operación Oculta.
Médicos, monjas y padres traficaban con bebés comprados en Marruecos | Sociedad | EL PAÍS
La Guardia Civil ha detectado 28 casos de lactantes procedentes de Marruecos que fueron introducidos en Melilla y trasladados a la Península con documentación falsa, simulando que eran hijos biológicos de los adoptantes. Algunos de ellos habían nacido en Melilla y otros en Marruecos.
Los implicados en la compraventa de recién nacidos realizaban distintos roles en la trama: captadores, intermediarios, vendedores, compradores, suministradores, médicos, comadronas... Había dos monjas relacionadas con los hechos, de las que solo vive una.
Estas personas obtenían los recién nacidos de diferentes formas. En ocasiones, en la propia Melilla, donde contactaban con madres gestantes —prostitutas, limpiadoras y mujeres de extracción humilde— que accedían a la entrega del bebé bajo la promesa de una vida mejor para él o a cambio de dinero. En algún caso, a estas parturientas, a las que alojaban en una especie de pisos-nido hasta el parto, “les despacharon dándoles 3.000 pesetas (menos de 20 euros)”, según un responsable de la investigación.
La Operación Oculta arrancó tras una denuncia general referida a 261 niños robados interpuesta en enero de 2011 por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). No obstante, el punto de partida del operativo fue una denuncia cursada el 25 de febrero de 2011 por el abogado Enrique Vila en representación de dos niñas (hoy ya mujeres), que fueron compradas por sendas familias de Ontinyent (Valencia).
Las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla han aclarado que 14 bebés fueron comprados en esa ciudad entre 1970 y 1980 por cantidades que oscilaban entre 1.200 y los 6.000 euros.
A las 31 personas implicadas en la trama —entre ellas varios padres y madres adoptivos— se les imputan delitos como suposición de parto, alteración de la paternidad, detención ilegal o falsificación de documento. 12 de esas personas —entre las que hay un médico y dos comadronas— han fallecido, mientras que el resto son personas de edad avanzada.
Un matrimonio de Ontinyent era piedra angular de la red criminal: actuaba como captador de familias que buscaban un bebé.
Los implicados en la trama captaban a matrimonios estériles, que anhelaban ser padres. Concertaban una cita con ellos y, a cambio de dinero, los llevaban a Melilla. Una vez allí, les hacían entrega de un recién nacido, a la vez que les ponían en contacto con un médico o una comadrona que, a cambio de 300 euros, les facilitaba un certificado de nacimiento haciendo constar falsamente que la madre adoptante era la que había alumbrado a la criatura. Así podrían inscribirlo en el Registro Civil.
Otro eslabón importante de la cadena eran tres hermanas nacidas en Tetuán (Marruecos). Dos de ellas residían en Melilla y la tercera en Marruecos, donde cambió su nombre y apellidos. Esta última, que era la encargada de captar a jóvenes en avanzado estado de gestación, era el enlace con dos auxiliares de enfermería de los hospitales de Oujda y Nador.
Estas empleadas hospitalarias fueron interrogadas hace varios meses por la policía marroquí y admitieron que tenían conocimiento de la compraventa de 28 bebés por parte de esta red. Las dos empleadas facilitaban la entrega y traslado a Melilla de los bebés.
Catorce personas han sido identificadas como víctimas, una de ellas madre gestante a la que le quitaron su hijo recién nacido, siendo un total de 28 los casos de niños lactantes objeto de la trama.
La Guardia Civil ha identificado a 14 hombres y mujeres que fueron comprados por sus padres adoptivos siendo bebés. La mayoría de ellos fueron llevados a Valencia, y el resto a Málaga, Granada, Cuenca, Las Palmas y Palma de Mallorca. Las niñas eran más caras que los niños simplemente porque eran más demandadas por los padres adoptantes.
Una de estas niñas, llamada María José, nació en Melilla y fue entregada a sus padres adoptivos en un bar, con restos de sangre y envuelta en una sábana. El matrimonio, de clase media, viajó desde Valencia a Melilla y pagó 200.000 pesetas por ella. La denuncia de esta mujer, que hoy tiene 33 años, fue clave en la Operación Oculta.
Médicos, monjas y padres traficaban con bebés comprados en Marruecos | Sociedad | EL PAÍS
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