viernes, 10 de mayo de 2013

Saénz de Buruaga culpa del estado de Valdecilla a la negligente gestión durante 8 años del PSOE y PRC :: El Médico Interactivo ::

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Saénz de Buruaga culpa del estado de Valdecilla a la negligente gestión durante 8 años del PSOE y PRC


Santander (10/05/2013) - Nerea Garay

La consejera cántabra apuesta por el modelo de colaboración público-privada para financiar las obras del Hospital

La consejera de Sanidad de Cantabria ha culpado del estado último del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a la negligente gestión del PSOE y PRC después de ocho años en el poder. María José Sáenz de Buruaga ha criticado con dureza la estrategia "de acoso y derribo por parte de estos dos partidos", al tiempo que ha apostado en el Pleno regional por el modelo de colaboración público-privada para finalizar las obras del centro.

Saénz de Buruaga respondió a la pregunta formulada por la diputada regionalista Concepción Solanas quien le pidió que explicara los criterios políticos que han marcado la decisión del modelo para Valdecilla. La portavoz regionalista asegurado que este proceso de diálogo competitivo ofrece menos garantías y menos transparencia.

Según la consejera de Sanidad de Cantabria, el contrato elegido para concluir el hospital es un "contrato típico y regulado por la Ley de Contratos del Sector Público". En este sentido ha destacado que "el clausulado del mismo no será definitivo hasta que el diálogo competitivo no concluya". "Mientras tanto, -ha manifestado-, lo que tenemos es un documento previo". Asimismo, ha recordado que en la actualidad el hospital mantiene 40 contratos con empresas privadas y hasta ahora no se había hablado de privatización".

La consejera ha reconocido que mediante el proceso de diálogo, "se pretende fijar el mejor método de financiación así como el porcentaje máximo a subcontratar". Saénz de Buruaga ha apuntado que lo que primará para su adjudicación no será lo económico, sino la solvencia social y asistencial. Así ha apuntado que el centro sobre el que pivota el contrato no es la ejecución de la obra sino la prestación de servicios". En este sentido, la responsable de la Sanidad de Cantabria ha garantizado el cumplimiento del contrato a partir de la creación de dos órganos: el responsable del contrato y una comisión mixta de seguimiento.


Pacto político para blindar la Sanidad pública
Por otro lado, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha ofrecido a los grupos políticos con representación en el Parlamento regional un pacto para "dejar absolutamente claro y comprometido de aquí a 2020 y más allá" el carácter público tanto del Hospital de Valdecilla como de la Sanidad cántabra.
Diego se ha comprometido a trabajar con un documento que posteriormente será remitido a las diferentes formaciones y en el que queden delimitadas "las líneas rojas que nunca se deberán cruzar por ningún partido, gobierne quien gobierne, en cuanto al carácter público de la sanidad".

Así se lo ha trasmitido el presidente cántabro a representantes de los grupo parlamentarios Popular, Eduardo Van den Eynde; Regionalista, Rafael de la Sierra y José María Mazón; y Socialista, Miguel Ángel Palacio y Juan Guimerans, en el transcurso de un encuentro en la sede del Gobierno en el que también ha apelado al consenso para solucionar el problema que sufren centenares de familias cántabras sobre cuyas viviendas pesan sentencias de derribo.

Sobre el recurso que el Partido Socialista y los sindicatos CC.OO y UGT han interpuesto contra el concurso de Valdecilla, Diego ha asegurado que no entendería nunca que estos recursos se plantearan para "torpedear o retrasar la finalización de las obras" y se ha comprometido a atender todas aquellas reivindicaciones que puedan mejorar el pliego del concurso.

Por todo ello, porque confía en que a todas las organizaciones políticas de Cantabria aspiran a posicionar al hospital como "referente mundial", Diego ha propuesto diálogo sin "condiciones previas" para materializar un acuerdo del que "sólo se excluirán quienes quieran hacer de Valdecilla una bandera política partidista".


Concertación
El presidente cántabro ha reafirmado su creencia en la concertación como instrumento para generar actividad y empleo en la comunidad autónoma, que es el fin último que persigue su Ejecutivo. "La mejor concertación social posible es llegar a acuerdos que generen actividad y empleo en Cantabria".

Asimismo, ha "tendido mano" a sindicatos y empresarios para alcanzar consensos en cada una de las mesas de Concertación Social, consensos que posteriormente se remitirían al Parlamento regional para que tenga conocimiento de ellos.

"Si las fuerzas social, sindicatos y empresarios quieren, estamos dispuestos a sentarnos a dialogar e intentar alcanzar un acuerdo que sea bueno para crear empleo en la Región, reforzar la cohesión social y ayudar a la reactivación económica", ha zanjado Diego.


El PRC dispuesto a llegar a acuerdos
Por su parate, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) está dispuesto a alcanzar un pacto sobre el futuro de Valdecilla y la sanidad pública, siempre y cuando el Estado pague antes la "deuda" con el Hospital y asuma la financiación restante, desvinculando, además, las obras de la gestión de otros servicios.

El portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, acompañado de la diputada Concepción Solanas, ha presentado una iniciativa que su grupo llevará al próximo pleno, dispuestos a sentarse a hablar de Valdecilla, pero sobre la aceptación de varias premisas básicas.

Como primer requisito, el PRC pide que el Estado pague de manera inmediata el desfase que ya existe en las obras y garantice la financiación para los trabajos restantes, en total, cerca de 200 millones de euros que, según De la Sierra, no son "una gracia o un regalo, sino una deuda". Ésta es, para los regionalistas, una condición "sine qua non, imprescindible y previa".

Y una vez garantizada la financiación estatal, piensan que el siguiente paso debe ser la licitación también inmediata de las obras que faltan, pero desvinculándolas de la gestión de los servicios externalizados que, a su juicio, deben adjudicarse aparte dando opción a participar a más empresas.

También reclaman que se garantice la calidad de esos servicios "privatizados" o los que se pretendan "privatizar", así como el mantenimiento de los puestos de trabajos afectados, al tiempo que reivindican la gestión pública de los servicios de mantenimiento, informática y archivo.

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