Ley de garantías en listas de espera
Galicia: no adelantará el pago quien sea derivado a la privada
Los pacientes gallegos no tendrán que adelantar el pago quien sea derivado a la sanidad privada. Se ha cambiado la redacción del texto de la ley de garantías en esperas; la norma eleva a derecho la gestión de la espera por prioridades
María Lagoa / Santiago | 06/05/2013 18:27
Tras el visto bueno otorgado por el Gobierno gallego, el proyecto de Ley de Garantías Sanitarias llega esta semana al Parlamento autonómico. La Consejería de Sanidad ha tenido que modificar la redacción después de las dudas que el articulado provocó en cuanto al pago de las intervenciones de larga espera que acabarán asumiendo los centros privados y para dejar claro que los pacientes no tendrán que adelantar el dinero. "Si el paciente no recibe una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido, transcurrido ese plazo podrá optar por continuar a la espera en el centro elegido o por requerir asistencia en otro centro acreditado de la comunidad autónoma y, en este caso, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) asumirá directamente el pago. Si el paciente no recibe una oferta y acude a otro centro de la comunidad autónoma, tendrá derecho al reembolso", reza el texto final.
La Asociación de Hospitales Privados de Galicia expuso sus dudas en las alegaciones debido a una primera escritura ambigua: "Si el paciente no huviera recibido una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido, tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección y a ser reembolsado de acuerdo con las tarifas que se establezcan reglamentariamente para el proceso realizado". Después, el Consejo Económico y Social de Galicia reclamó en su dictamen "criterios que garanticen que los pacientes con menos recursos puedan tener el derecho efectivo de acudir a un centro privado".
La Consejería de Rocío Mosquera espera disipar la desconfianza con la nueva redacción. Fuentes de Sanidad insisten en que el sistema es igual al que ahora tiene como tope 180 días de espera y en el que ningún usuario tiene que adelantar el dinero: "Cuando el paciente no sea atendido en el plazo, deberá recibir una oferta del hospital elegido y, si no la recibe, nos podrá comunicar que se operará en uno de los centros acreditados y el Sergas se hará cargo de la factura. Si no lo comunica, tendrá derecho al reintegro. Es un sistema en línea con la directiva europea que entrará en vigor antes de octubre".
Espera por prioridades
Las mismas fuentes insisten en que la nueva ley eleva a derecho la gestión de la espera por prioridades, una estrategia en la que Galicia viene trabajando desde la pasada legislatura: "Ahora, la prioridad es un objetivo de gestión pero no le damos al ciudadano ningún derecho. La ley consolida una forma distinta de trabajar".
De todas formas, el texto deja para una posterior reglamentación la determinación de los procedimientos en los que se aplicarán los nuevos tiempos máximos de respuesta: 60 días para intervenciones quirúrgicas y 45 para consultas externas y pruebas diagnósticas. Sólo especifica que se aplicará un sistema de priorización que tendrá en cuenta la gravedad de las patologías, la eficacia para aumentar la supervivencia o disminuir la discapacidad y la oportunidad de la atención sanitaria. Precisamente, esta gestión por prioridades es el argumento de la consejería para rechazar las críticas que apuntan que será necesario un mayor desembolso económico para cumplir con los plazos justo en el momento en que las listas de espera han experimentado un mayor ascenso.
La Asociación de Hospitales Privados de Galicia expuso sus dudas en las alegaciones debido a una primera escritura ambigua: "Si el paciente no huviera recibido una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido, tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección y a ser reembolsado de acuerdo con las tarifas que se establezcan reglamentariamente para el proceso realizado". Después, el Consejo Económico y Social de Galicia reclamó en su dictamen "criterios que garanticen que los pacientes con menos recursos puedan tener el derecho efectivo de acudir a un centro privado".
La Consejería de Rocío Mosquera espera disipar la desconfianza con la nueva redacción. Fuentes de Sanidad insisten en que el sistema es igual al que ahora tiene como tope 180 días de espera y en el que ningún usuario tiene que adelantar el dinero: "Cuando el paciente no sea atendido en el plazo, deberá recibir una oferta del hospital elegido y, si no la recibe, nos podrá comunicar que se operará en uno de los centros acreditados y el Sergas se hará cargo de la factura. Si no lo comunica, tendrá derecho al reintegro. Es un sistema en línea con la directiva europea que entrará en vigor antes de octubre".
Espera por prioridades
Las mismas fuentes insisten en que la nueva ley eleva a derecho la gestión de la espera por prioridades, una estrategia en la que Galicia viene trabajando desde la pasada legislatura: "Ahora, la prioridad es un objetivo de gestión pero no le damos al ciudadano ningún derecho. La ley consolida una forma distinta de trabajar".
De todas formas, el texto deja para una posterior reglamentación la determinación de los procedimientos en los que se aplicarán los nuevos tiempos máximos de respuesta: 60 días para intervenciones quirúrgicas y 45 para consultas externas y pruebas diagnósticas. Sólo especifica que se aplicará un sistema de priorización que tendrá en cuenta la gravedad de las patologías, la eficacia para aumentar la supervivencia o disminuir la discapacidad y la oportunidad de la atención sanitaria. Precisamente, esta gestión por prioridades es el argumento de la consejería para rechazar las críticas que apuntan que será necesario un mayor desembolso económico para cumplir con los plazos justo en el momento en que las listas de espera han experimentado un mayor ascenso.
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