Baleares deroga la garantía del tiempo máximo de espera y valida pagar un plus de 25.000 euros a los altos cargos
Palma de Mallorca (29/03/2012) - Nerea Garay
La oposición cuestiona que la consejera Carmen Castro utilice la figura del Decreto ley 3/2012 para el aumento de salarios a directivos
La reestructuración del Servicio de Salud de Baleares se llevará a cabo tras haber conseguido los votos suficientes para materializar el Decreto ley 3/2012 de Medidas urgentes. La Cámara balear dio el visto bueno a la nueva organización del sistema sanitario con 33 votos frente a los 19 que se opusieron a las medidas. Con este Decreto, la consejera Carmen Castro tendrá plenos poderes en la gerencia y se elimine esta figura administrativa.
La responsable de la Sanidad balear ha contextualizado el Decreto ley en un tiempo marcado por la crisis económica y que demanda, según sus propias palabras, "más grado de disciplina y coordinación presupuestaria". Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo, porque la nueva organización permitirá pagar un plus de 25.000 euros a los altos cargos del sistema sanitario Balear. Una medida que la Federación de Servicios Públicos de UGT piensa impugnar. Otra de las medidas cuestionadas por la oposición es derogar la garantía del tiempo máximo de espera.
En el nuevo organigrama el IB-Salud dispondrá "con la misma personalidad jurídica", si bien se impulsarán "acciones transversales" entre las Direcciones Generales y el Servicio de Salud en aras de conseguir una estructura "más ejecutiva y ágil", subrayó Castro, al tiempo que se ha referido a la conveniencia de modificar el apartado concerniente a los tiempos de espera máximos, en la línea del Real Decreto estatal promovido por el Gobierno.
La encargada de defender la medida por parte del Partido Popular ha sido la presidenta de la Comisión de Salud, María José Bauzá i Alonso, quien ha justificado el texto como un ejercicio de "transparencia con mayúsculas" y un "marco único de garantía". Ante la controversia sobre el aumento de sueldos de altos cargos, la portavoz popular ha justificado el incremento asegurando que "es lógico ya que asumen más funciones" y sin embargo esta decisión no supone "más gasto adicional" para las arcas autonómicas ya que además "se ahorran 28.000 euros" del sueldo del gerente del Servicio de Salud, Juan José Bestard.
El portavoz socialista, Vicenç Thomàs, ha asegurado que el Decreto ley "afecta a derechos y presupuestos" y que la justificación del Partido Popular a esta medida es "una auténtica falacia". En su opinión, es un error que "mientras en otras autonomías se aboga por separar tareas políticas y gestoras, aquí se unen". En este sentido ha asegurado que la medida supone la "anulación de los derechos de los ciudadanos" en lo que a regulación de tiempos de espera se refiere.
Tildan de vergonzosa la subida de sueldos en el IB-Salud
Desde PSM-IV-Entesa, Fina Santiago ha acusado a ambos partidos mayoritarios de "no poseer argumentos políticos" y basarse en "atacar" la gestión de unos y otros. Santiago ha insistido en su malestar ante la subida de sueldos, como el plus anual del vicepresidente actual en 25.000 euros.
Según Santiago, este decreto modifica dos leyes y un decreto y responde, en realidad, a la necesidad de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, de controlar el IB-Salud, "que no lo tenía controlado" hasta ahora.
"Nos parece vergonzoso que se aproveche este decreto ley para subir sueldos", como el del actual vicepresidente, que pasará a cobrar un plus anual de 25.000 euros más, ha denunciado Santiago.
Ha recordado también que este decreto ley modifica lo relativo al tiempo máximo de espera de atención en sanidad, lo que significa que los ciudadanos no podrán reclamar a la Administración cuando no sean atendidos.
UGT quiere frenar las subidas de los 25.000 euros
No es la primera vez que el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, se estrella con el Tribunal Superior de Justicia y con UGT por subidas salariales a gente de su entorno. La Federación de Servicios Públicos de UGT ya tiene otro objetivo en el punto de mira: los dos vicepresidentes recién nombrados para el IB-Salud, tras la fulminante destitución del director del ente, Juan José Bestard.
Según UGT, el auto que retira la subida de salarios a los miembros del gabinete de Bauzá les da base legal para atacar un complemento de 25.854 que el Gobierno aprobó solo para Bestard, y que ahora podría emplearse para elevar el salario de los dos altos cargos que le sustituyen. "Esa subida es también ilegal", sostiene UGT.
La responsable de la Sanidad balear ha contextualizado el Decreto ley en un tiempo marcado por la crisis económica y que demanda, según sus propias palabras, "más grado de disciplina y coordinación presupuestaria". Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo, porque la nueva organización permitirá pagar un plus de 25.000 euros a los altos cargos del sistema sanitario Balear. Una medida que la Federación de Servicios Públicos de UGT piensa impugnar. Otra de las medidas cuestionadas por la oposición es derogar la garantía del tiempo máximo de espera.
En el nuevo organigrama el IB-Salud dispondrá "con la misma personalidad jurídica", si bien se impulsarán "acciones transversales" entre las Direcciones Generales y el Servicio de Salud en aras de conseguir una estructura "más ejecutiva y ágil", subrayó Castro, al tiempo que se ha referido a la conveniencia de modificar el apartado concerniente a los tiempos de espera máximos, en la línea del Real Decreto estatal promovido por el Gobierno.
La encargada de defender la medida por parte del Partido Popular ha sido la presidenta de la Comisión de Salud, María José Bauzá i Alonso, quien ha justificado el texto como un ejercicio de "transparencia con mayúsculas" y un "marco único de garantía". Ante la controversia sobre el aumento de sueldos de altos cargos, la portavoz popular ha justificado el incremento asegurando que "es lógico ya que asumen más funciones" y sin embargo esta decisión no supone "más gasto adicional" para las arcas autonómicas ya que además "se ahorran 28.000 euros" del sueldo del gerente del Servicio de Salud, Juan José Bestard.
El portavoz socialista, Vicenç Thomàs, ha asegurado que el Decreto ley "afecta a derechos y presupuestos" y que la justificación del Partido Popular a esta medida es "una auténtica falacia". En su opinión, es un error que "mientras en otras autonomías se aboga por separar tareas políticas y gestoras, aquí se unen". En este sentido ha asegurado que la medida supone la "anulación de los derechos de los ciudadanos" en lo que a regulación de tiempos de espera se refiere.
Tildan de vergonzosa la subida de sueldos en el IB-Salud
Desde PSM-IV-Entesa, Fina Santiago ha acusado a ambos partidos mayoritarios de "no poseer argumentos políticos" y basarse en "atacar" la gestión de unos y otros. Santiago ha insistido en su malestar ante la subida de sueldos, como el plus anual del vicepresidente actual en 25.000 euros.
Según Santiago, este decreto modifica dos leyes y un decreto y responde, en realidad, a la necesidad de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, de controlar el IB-Salud, "que no lo tenía controlado" hasta ahora.
"Nos parece vergonzoso que se aproveche este decreto ley para subir sueldos", como el del actual vicepresidente, que pasará a cobrar un plus anual de 25.000 euros más, ha denunciado Santiago.
Ha recordado también que este decreto ley modifica lo relativo al tiempo máximo de espera de atención en sanidad, lo que significa que los ciudadanos no podrán reclamar a la Administración cuando no sean atendidos.
UGT quiere frenar las subidas de los 25.000 euros
No es la primera vez que el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, se estrella con el Tribunal Superior de Justicia y con UGT por subidas salariales a gente de su entorno. La Federación de Servicios Públicos de UGT ya tiene otro objetivo en el punto de mira: los dos vicepresidentes recién nombrados para el IB-Salud, tras la fulminante destitución del director del ente, Juan José Bestard.
Según UGT, el auto que retira la subida de salarios a los miembros del gabinete de Bauzá les da base legal para atacar un complemento de 25.854 que el Gobierno aprobó solo para Bestard, y que ahora podría emplearse para elevar el salario de los dos altos cargos que le sustituyen. "Esa subida es también ilegal", sostiene UGT.
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