En 2011 se tramitaron un total de 3.180 quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con Sanidad y Política Social
Madrid (30/03/2012) - Redacción
• La confidencialidad de la información y documentación clínica, la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, la seguridad de los pacientes y las demoras en Atención Primaria y Especializada siguieron siendo las quejas más comunes
• La Institución inició una investigación de oficio con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren
El Informe del Defensor del Pueblo, cuya oficina dirige María Luisa Cava de Llano, relativo a 2011 destaca que el año pasado sobresalieron las quejas relacionadas con asuntos económicos, como el empleo, las prestaciones sociales, los problemas con entidades bancarias, o el acceso a la vivienda. En lo que se refiere a Sanidad y Política Social, a lo largo del ejercicio pasado se tramitaron un total de 3.180 quejas. De ellas, la mayoría tuvo que ver con el empleo y la Seguridad Social (1.284) y con la política social (1.113). Asimismo, se abrieron 41 investigaciones de oficio.
Por lo que a la Sanidad se refiere, la confidencialidad de la información y documentación clínica, la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, la seguridad de los pacientes y las demoras en Atención Primaria y Especializada siguieron siendo las quejas más comunes. Además, en 2011, la Institución inició una investigación de oficio con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren.
Las demoras en el reconocimiento de las prestaciones sociales preocuparon a los ciudadanos, y la Institución continuó manteniendo una atención constante sobre los problemas que afectan a la infancia y especialmente sobre los menores que se hallan en situación de riesgo.
En materia de dependencia, durante 2011 fueron numerosas las quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aunque la Institución ha podido constatar ciertas mejoras, siguen produciéndose demoras inaceptables tanto en la valoración de los interesados, como en la notificación de la resolución de grado y nivel de dependencia, y en la posterior aprobación del programa individual de atención. La constatación de esos retrasos ha llevado a la Institución a formular recordatorios de deberes legales sobre la obligación de resolver en tiempo y forma las solicitudes presentadas.
Función y Empleo Público
El año pasado, los funcionarios de los tres niveles administrativos, el personal de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, así como jueces, magistrados y fiscales, presentaron un total de 1.789 quejas.
Además, la Institución abrió 37 investigaciones de oficio sobre esta materia. Destacan las iniciadas ante la Subsecretaría del Ministerio de Educación y ante todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre los procedimientos de gestión de las bolsas de interinos del cuerpo de maestros; y las abiertas ante los organismos competentes en materia de Sanidad y Bienestar de todas las comunidades autónomas, y ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre profesionales que prestan servicios de forma temporal como médicos de familia, sin la titulación exigida de médico especialista en medicina familiar y comunitaria.
La oficina del Defensor del Pueblo inició el año pasado 506 investigaciones de oficio, una cifra que supone un récord histórico. España sigue atravesando una complejísima crisis económica y financiera que agudiza muchos de los problemas que expresan habitualmente los ciudadanos en sus quejas.
Por lo que a la Sanidad se refiere, la confidencialidad de la información y documentación clínica, la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, la seguridad de los pacientes y las demoras en Atención Primaria y Especializada siguieron siendo las quejas más comunes. Además, en 2011, la Institución inició una investigación de oficio con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren.
Las demoras en el reconocimiento de las prestaciones sociales preocuparon a los ciudadanos, y la Institución continuó manteniendo una atención constante sobre los problemas que afectan a la infancia y especialmente sobre los menores que se hallan en situación de riesgo.
En materia de dependencia, durante 2011 fueron numerosas las quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aunque la Institución ha podido constatar ciertas mejoras, siguen produciéndose demoras inaceptables tanto en la valoración de los interesados, como en la notificación de la resolución de grado y nivel de dependencia, y en la posterior aprobación del programa individual de atención. La constatación de esos retrasos ha llevado a la Institución a formular recordatorios de deberes legales sobre la obligación de resolver en tiempo y forma las solicitudes presentadas.
Función y Empleo Público
El año pasado, los funcionarios de los tres niveles administrativos, el personal de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, así como jueces, magistrados y fiscales, presentaron un total de 1.789 quejas.
Además, la Institución abrió 37 investigaciones de oficio sobre esta materia. Destacan las iniciadas ante la Subsecretaría del Ministerio de Educación y ante todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre los procedimientos de gestión de las bolsas de interinos del cuerpo de maestros; y las abiertas ante los organismos competentes en materia de Sanidad y Bienestar de todas las comunidades autónomas, y ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre profesionales que prestan servicios de forma temporal como médicos de familia, sin la titulación exigida de médico especialista en medicina familiar y comunitaria.
La oficina del Defensor del Pueblo inició el año pasado 506 investigaciones de oficio, una cifra que supone un récord histórico. España sigue atravesando una complejísima crisis económica y financiera que agudiza muchos de los problemas que expresan habitualmente los ciudadanos en sus quejas.
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