Un torpedo en la línea de flotación del sistema nacional de salud
La tasa de un euro por receta de Cataluña rompe la equidad del sistema
La ley de medidas fiscales y financieras (de acompañamiento de los presupuestos) de Cataluña que aprueba una tasa de un euro por receta en su ámbito territorial es la mayor agresión cometida hasta ahora contra la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y, lo más importante, abre una vía de desintegración del mismo que será prácticamente imposible taponar en el futuro. Porque, después de esto, ¿con qué argumentos se va a impedir que cualquier comunidad autónoma establezca una tasa por visita médica, o por día de hospitalización o por acudir a urgencias? Con ello se rompería, yo diría que sin camino de retorno, los principios de equidad y de igualdad efectiva de todos los españoles a la hora de acceder a las prestaciones y servicios sanitarios públicos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso, deseo y espero que el Gobierno de España, a propuesta de su Ministra de Sanidad tome cartas en el asunto e impida, por la vía del diálogo si es posible y si no mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad (es necesario porque se trata de una ley aprobada en un parlamento autonómico), que se cometa semejante desatino.
La norma que ha aprobado el Parlamento catalán es injusta porque grava a los más enfermos y a los más ancianos (que, en general, son los colectivos que más medicamentos toman). Las excepciones adoptadas (personas beneficiarias de la renta mínima de inserción, medicamentos cuyo precio está por debajo de 1,67 € y con un tope de 62 recetas al año) solo palían tímidamente esta injusticia.
Arremete directamente contra la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias (en este caso a la prestación farmacéutica) entronizando la desigualdad tanto entre los propios catalanes como, sobre todo, con el resto de los españoles.
La política farmacéutica es competencia exclusiva del Estado establecida en la propia Constitución (artículo 149.1.16º) quien debe garantizar la igualdad efectiva de los españoles en el acceso a las prestaciones sanitarias, igualdad que recogen expresamente las más importantes leyes sanitarias de nuestro país (la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios). De una manera particular es necesario hacer mención a esta última Ley que, en su artículo 94, dice: “mediante real decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno podrá regular periódicamente, …los supuestos en que la administración de medicamentos y productos sanitarios será gratuita, así como la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione el Sistema Nacional de Salud”. Es el real decreto que establece la cartera de servicios comunes del SNS el que concreta la aportación económica de los usuarios en la prestación farmacéutica. Toda esta legislación es básica y solo puede ser modificada por normativa estatal básica del mismo rango. Las comunidades autónomas no tienen competencias legales para aprobar normas que regulen estos aspectos de la política farmacéutica.
Y lo que no es aceptable en ningún caso es que se diga que no hay más remedio, que la sostenibilidad del SNS lo exige. Si hacen falta más recursos, los tienen que poner los que más tienen, no los más enfermos. Uno de los principios en los que se basa nuestro sistema sanitario público es el de la solidaridad, solidaridad de los sanos con los enfermos, de los jóvenes con los mayores y de los más ricos con los más desfavorecidos. Este tipo de medidas ponen en peligro las propias esencias de nuestro sistema.
Es posible que haya que reformar la actual participación económica del usuario en la prestación farmacéutica (“copago farmacéutico” que consiste en que los activos pagan el 40% del precio de las medicinas con excepción de los crónicos que pagan un 10% con un tope de 2,64 € por envase) ya que contiene algún elemento injusto como es el hecho de que un trabajador, aunque esté en paro o gane el salario mínimo, tenga que pagar una parte de los medicamentos, mientras que un pensionista, aunque cobre la pensión máxima, tiene acceso a los medicamentos de forma totalmente gratuita. Pero esta reforma habría de hacerse, en todo caso, con tres criterios básicos: Que se haga por el Gobierno de España para todos los españoles, que beneficie a las personas de rentas más bajas dejándolas exentas de toda aportación, y que se haga de manera equitativa, esto es, que pague más sólo el que más tiene, no el que esté más enfermo.
Nuestro SNS está considerado, a nivel internacional, como uno de los mejores del mundo. En pocas cosas los españoles estamos entre los mejores, pero ésta es una de ellas y, una de las razones más importantes para que sea así es, precisamente, su cobertura universal y su equidad en el acceso. No debemos permitir que se quiebren estos principios básicos porque haríamos un flaco favor al conjunto de la ciudadanía que, en tiempos difíciles como los que corren, está más necesitada que nunca de los sistemas de protección social que, como el sanitario público, cumplen una extraordinaria función de cohesión y de amortiguación de las consecuencias de la crisis.
Por eso, deseo y espero que el Gobierno de España, a propuesta de su Ministra de Sanidad tome cartas en el asunto e impida, por la vía del diálogo si es posible y si no mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad (es necesario porque se trata de una ley aprobada en un parlamento autonómico), que se cometa semejante desatino.
La norma que ha aprobado el Parlamento catalán es injusta porque grava a los más enfermos y a los más ancianos (que, en general, son los colectivos que más medicamentos toman). Las excepciones adoptadas (personas beneficiarias de la renta mínima de inserción, medicamentos cuyo precio está por debajo de 1,67 € y con un tope de 62 recetas al año) solo palían tímidamente esta injusticia.
Arremete directamente contra la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias (en este caso a la prestación farmacéutica) entronizando la desigualdad tanto entre los propios catalanes como, sobre todo, con el resto de los españoles.
La política farmacéutica es competencia exclusiva del Estado establecida en la propia Constitución (artículo 149.1.16º) quien debe garantizar la igualdad efectiva de los españoles en el acceso a las prestaciones sanitarias, igualdad que recogen expresamente las más importantes leyes sanitarias de nuestro país (la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios). De una manera particular es necesario hacer mención a esta última Ley que, en su artículo 94, dice: “mediante real decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno podrá regular periódicamente, …los supuestos en que la administración de medicamentos y productos sanitarios será gratuita, así como la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione el Sistema Nacional de Salud”. Es el real decreto que establece la cartera de servicios comunes del SNS el que concreta la aportación económica de los usuarios en la prestación farmacéutica. Toda esta legislación es básica y solo puede ser modificada por normativa estatal básica del mismo rango. Las comunidades autónomas no tienen competencias legales para aprobar normas que regulen estos aspectos de la política farmacéutica.
Y lo que no es aceptable en ningún caso es que se diga que no hay más remedio, que la sostenibilidad del SNS lo exige. Si hacen falta más recursos, los tienen que poner los que más tienen, no los más enfermos. Uno de los principios en los que se basa nuestro sistema sanitario público es el de la solidaridad, solidaridad de los sanos con los enfermos, de los jóvenes con los mayores y de los más ricos con los más desfavorecidos. Este tipo de medidas ponen en peligro las propias esencias de nuestro sistema.
Es posible que haya que reformar la actual participación económica del usuario en la prestación farmacéutica (“copago farmacéutico” que consiste en que los activos pagan el 40% del precio de las medicinas con excepción de los crónicos que pagan un 10% con un tope de 2,64 € por envase) ya que contiene algún elemento injusto como es el hecho de que un trabajador, aunque esté en paro o gane el salario mínimo, tenga que pagar una parte de los medicamentos, mientras que un pensionista, aunque cobre la pensión máxima, tiene acceso a los medicamentos de forma totalmente gratuita. Pero esta reforma habría de hacerse, en todo caso, con tres criterios básicos: Que se haga por el Gobierno de España para todos los españoles, que beneficie a las personas de rentas más bajas dejándolas exentas de toda aportación, y que se haga de manera equitativa, esto es, que pague más sólo el que más tiene, no el que esté más enfermo.
Nuestro SNS está considerado, a nivel internacional, como uno de los mejores del mundo. En pocas cosas los españoles estamos entre los mejores, pero ésta es una de ellas y, una de las razones más importantes para que sea así es, precisamente, su cobertura universal y su equidad en el acceso. No debemos permitir que se quiebren estos principios básicos porque haríamos un flaco favor al conjunto de la ciudadanía que, en tiempos difíciles como los que corren, está más necesitada que nunca de los sistemas de protección social que, como el sanitario público, cumplen una extraordinaria función de cohesión y de amortiguación de las consecuencias de la crisis.
Alfonso Jiménez Palacios es inspector médico, ex director general de Farmacia y ex director general de Cohesión y de Alta Inspección del SNS.
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