Evaluación: de asignatura pendiente a verdad incómoda

La limitación de los recursos hace que, en sanidad, resulte imprescindible priorizar y, para llevar a cabo esta tarea, nada mejor evaluar la efectividad y la eficiencia de las intervenciones; sin embargo, los resultados de esta evaluación pueden no ser del agrado de los decisores.

Rosalía Sierra. Palma | rsierra@diariomedico.com | 24/11/2016 16:48

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Jorge Mestre, Carlos Campillo y Juan del Llano, durante la reunión de la Aeets. (DM)

Big data, data mining, machine learning... Muchos son los términos que, tras ser utilizados desde hace décadas en sectores como la empresa, la banca y la tecnología, se están introduciendo cada vez con más fuerza en el ámbito de la salud. Todos ellos se refieren a la posibilidad de extraer conocimiento valioso de la ingente cantidad de datos de los que se dispone. Y es que, "si bien la información tiene valor por sí sola, si se utiliza éste ya es incalculable", ha dicho Pere Ibern, del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, durante la 12 Reunión Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Aeets), que se está celebrando en Palma de Mallorca.

El problema, claro está, es que esa información no se utiliza todo lo que se debiera. Al menos, en lo que a evaluación se refiere: "La rapidez del desarrollo tecnológico no ha ido paralela a una rigurosa valoración de la eficacia clínica y menos aún al beneficio que reporta a la sociedad en su conjunto", se ha lamentado Juan del Llano, presidente de la Aeets.

A su juicio, la Administración "debería preocuparse de que el sistema esté bien gestionado, se haga un uso responsable de los recursos y se ordene la entrada al mercado de las nuevas tecnologías con requerimientos regulatorios eficaces", mientras que los profesionales son los que realmente "deciden si adoptar las tecnologías e imponen el ritmo de implantación, y cuentan con prestigio y poderes suficientes para intervenir o, al menos, influir, en el devenir del sistema sanitario". No obstante, "no los ejercen con plenitud, seguramente por un exceso de individualismo, conformidad y comodidad con el statu quo".

En este sentido, Jorge Mestre, de la Oficina de Economía de la Salud de Londres, en Reino Unido, opina que, en lo que respecta a autorización de fármacos y tecnología sanitaria, "falta transparencia y evaluación; el Ministerio de Sanidad ha financiado guías de evaluación que están guardadas en cajones".

Además, considera que el actual marco de autorización es manifiestamente mejorable: "La regulación basada en precios de referencia internacional es perversa, porque cada sistema es diferente, y también debería dar igual lo que cueste desarrollar un nuevo fármaco, por ejemplo, argumento utilizado aún por muchas patronales para defender precios elevados. El precio debería reflejar únicamente el valor del fármaco en cuanto a su impacto en salud".

Límites
Sin embargo, lo que sucede habitualmente es que "la información se usa en la medida en que los políticos y la sociedad lo permiten", ha afirmado Ibern, que ha recordado que esta limitación en el uso de la información viene generada porque "revela una verdad incómoda: en sanidad, es necesario priorizar".

Para llevar a cabo esta priorización, existen diferentes marcos, como los ha definido el experto del CRES. Los más usados, la medicina basada en la evidencia y el análisis de coste-efectividad, que permiten valorar tanto aspectos clínicos como económicos. Y, frente a ellos, otro que va tomando fuerza: la efectividad comparada, que, de hecho, está siendo el hilo conductor de la reunión de la Aeets y que se basa en la comparación de dos o más intervenciones, productos o técnicas diferentes para definir la que aporta más valor.

Permite además "realizar evaluaciones tras la implantación de una técnica y medir la efectividad de las intervenciones, algo que es muy necesario", según Carlos Campillo, responsable de Evaluación Clínica del servicio de salud balear (Ib-Salut).

De hecho, según ha explicado, el propio Ministerio de Sanidad "insta a hacer este tipo de estudios sobre dispositivos sanitarios, pero no es de recibo que lo haga sin un registro disponible, unos parámetros definidos y una financiación".