CSIT Unión Profesional reitera su oposición a las instrucciones sobre las 37,5 horas en Madrid
Madrid (03-05/03/2012) - Redacción
• Desde que el Gobierno regional presentara a finales de 2011 su propuesta de ley, que se plasmó en la 'Ley de Medidas Fiscales y Administrativas', CSIT ha rebatido los efectos que la aplicación de ésta tendría para los trabajadores de los servicios públicos
• Los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de la Función Pública colaboran para llevar a cabo acciones legales contra las instrucciones
Las instrucciones de Función Pública, publicadas el pasado día 29 de febrero en el BOCM, marcan las pautas generales de aplicación de la jornada semanal de 37,5 horas para todos los empleados públicos afectados en el ámbito del Convenio Colectivo para el personal laboral de la CM y el Acuerdo Sectorial de Personal Funcionario de Administración y Servicios. CSIT se pregunta cómo las van a aplicar en los centros, y recomienda a los trabajadores que cualquier modificación del calendario laboral que se pretenda por parte de las Unidades de Personal en los centros, sea denunciada en la Inspección de Trabajo y se remita a la Comisión Paritaria o a la de Seguimiento, según corresponda a cada colectivo.
Desde CSIT UP, recuerda el sindicato, siempre se ha exigido a la Administración la apertura de una verdadera negociación en los foros correspondientes, sin olvidar su obligación como representantes de los empleados públicos de la CM "es denunciar el abuso que hace el Gobierno regional saltándose la normativa vigente con un claro objetivo político del que no deberían ser víctimas los trabajadores. Por ello, los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales que estamos presentes en la Mesa General de los empleados públicos de la CM colaboran para llevar a cabo las acciones legales que permitan que los tribunales se pronuncien sobre la publicación de las Instrucciones".
CSIT explica que "la inflexibilidad de la Administración en la Mesa General de los empleados públicos de la CM convirtió este foro de negociación en reuniones informativas donde la propuesta presentada por esta organización sindical no fue ni siquiera tenida en cuenta, como tampoco lo ha sido la que presentamos conjuntamente el banco sindical. En esta situación de estancamiento, la Consejería de Presidencia se vio obligada a presentar un documento que pretendía asimilar la propuesta que la Consejería de Sanidad hacía días antes en el seno de su Mesa Sectorial".
"Mientras que la de Sanidad fue firmada por tres sindicatos, la de la Mesa General no obtuvo acuerdo social, seguramente porque las organizaciones sindicales que la formamos no estamos dispuestas a ser cómplices de la imposición de unas medidas que se implantan desde el ámbito parlamentario ignorando el derecho a la negociación colectiva del personal afectado", añade.
Información a los trabajadores
CSIT aclara que desde su condición de sindicato no está legitimados para emprender acciones legales contra una Ley, por lo sus líneas de actuación hasta el momento se han centrado "en la elaboración de documentos y asambleas informativas para que los ciudadanos y empleados afectados por las medidas de recorte, tuvieran conocimiento de las mismas, así como la convocatoria de movilizaciones (concentraciones en los centros, en la Asamblea de Madrid, en las Consejerías y la manifestación del 7 de febrero), que han sido secundadas por gran parte de los afectados".
A pesar de ello, continúa el sindicato, "el Gobierno regional ha preferido seguir menospreciando a sus empleados públicos e imponer sus criterios como si las quejas no se hubieran producido o respondieran a intereses ajenos a la defensa de nuestros derechos".
Para CSIT UP, "las repercusiones que estas medidas conllevan no se pueden resumir en una frase como 'los empleados públicos de la CM vamos a trabajar media hora más diaria sin que éste nos sea remunerada'.
Eso sería demasiado simplista y e injusto, porque estaríamos olvidando que con esta medida, la Comunidad de Madrid realizará 17.000 contrataciones menos, los empleados públicos tendrán una sobrecarga de trabajo que impedirá mantener los niveles de calidad en los servicios públicos que ofrecemos al ciudadano y que los mismos que nos exigen que nos sacrifiquemos y arrimemos el hombro para salir de esta situación de crisis, paralelamente nos menosprecian y nos acusan de inventarnos enfermedades y bajas laborales negándose a ejercer similares políticas de recorte sobre sus salarios, pensiones o privilegios".
Desde CSIT UP, recuerda el sindicato, siempre se ha exigido a la Administración la apertura de una verdadera negociación en los foros correspondientes, sin olvidar su obligación como representantes de los empleados públicos de la CM "es denunciar el abuso que hace el Gobierno regional saltándose la normativa vigente con un claro objetivo político del que no deberían ser víctimas los trabajadores. Por ello, los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales que estamos presentes en la Mesa General de los empleados públicos de la CM colaboran para llevar a cabo las acciones legales que permitan que los tribunales se pronuncien sobre la publicación de las Instrucciones".
CSIT explica que "la inflexibilidad de la Administración en la Mesa General de los empleados públicos de la CM convirtió este foro de negociación en reuniones informativas donde la propuesta presentada por esta organización sindical no fue ni siquiera tenida en cuenta, como tampoco lo ha sido la que presentamos conjuntamente el banco sindical. En esta situación de estancamiento, la Consejería de Presidencia se vio obligada a presentar un documento que pretendía asimilar la propuesta que la Consejería de Sanidad hacía días antes en el seno de su Mesa Sectorial".
"Mientras que la de Sanidad fue firmada por tres sindicatos, la de la Mesa General no obtuvo acuerdo social, seguramente porque las organizaciones sindicales que la formamos no estamos dispuestas a ser cómplices de la imposición de unas medidas que se implantan desde el ámbito parlamentario ignorando el derecho a la negociación colectiva del personal afectado", añade.
Información a los trabajadores
CSIT aclara que desde su condición de sindicato no está legitimados para emprender acciones legales contra una Ley, por lo sus líneas de actuación hasta el momento se han centrado "en la elaboración de documentos y asambleas informativas para que los ciudadanos y empleados afectados por las medidas de recorte, tuvieran conocimiento de las mismas, así como la convocatoria de movilizaciones (concentraciones en los centros, en la Asamblea de Madrid, en las Consejerías y la manifestación del 7 de febrero), que han sido secundadas por gran parte de los afectados".
A pesar de ello, continúa el sindicato, "el Gobierno regional ha preferido seguir menospreciando a sus empleados públicos e imponer sus criterios como si las quejas no se hubieran producido o respondieran a intereses ajenos a la defensa de nuestros derechos".
Para CSIT UP, "las repercusiones que estas medidas conllevan no se pueden resumir en una frase como 'los empleados públicos de la CM vamos a trabajar media hora más diaria sin que éste nos sea remunerada'.
Eso sería demasiado simplista y e injusto, porque estaríamos olvidando que con esta medida, la Comunidad de Madrid realizará 17.000 contrataciones menos, los empleados públicos tendrán una sobrecarga de trabajo que impedirá mantener los niveles de calidad en los servicios públicos que ofrecemos al ciudadano y que los mismos que nos exigen que nos sacrifiquemos y arrimemos el hombro para salir de esta situación de crisis, paralelamente nos menosprecian y nos acusan de inventarnos enfermedades y bajas laborales negándose a ejercer similares políticas de recorte sobre sus salarios, pensiones o privilegios".
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