Las quejas y consultas sobre salud al Defensor subieron un 15% en 2011

Las quejas, consultas y actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, subieron el año pasado, en que el Gobierno de la Generalitat recortó en 840 millones el gasto en salud, un 15 por ciento (de 1.199 en 2010 a 1.409 en 20011); la mayor parte volvieron a estar relacionadas con los deberes y derechos de los pacientes, y en su totalidad, con la Administración autonómica.

C. Fernández. Barcelona | 05/03/2012 00:00

El año pasado, igual que los anteriores, las listas de espera fueron objeto de atención por parte del Síndic, que le ha recordado al Departamento de Salud de la Generalitat la existencia de un compromiso legal sobre al derecho a ser intervenido dentro de un plazo máximo. "A pesar de eso, son diversas las quejas que se han recibido porque se ha sobrepasado el plazo máximo de garantía (...). En algunas quejas tramitadas, el Departamento ha aducido que, a pesar de que se trata de procedimientos quirúrgicos garantizados, la gestión de la lista de espera se basa en criterios médicos de urgencia y en la fecha de inclusión, para mantener la equidad en casos similares, y atendiendo a que los recursos sanitarios son limitados". El Síndic ha instado a informar a los pacientes ingresados sobre cómo exigir el derecho a la intervención una vez transcurrido el plazo garantizado.

Las quejas, consultas y actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, subieron el año pasado, en que el Gobierno de la Generalitat recortó en 840 millones el gasto en salud, un 15 por ciento (de 1.199 en 2010 a 1.

Ante el anuncio del consejero de Salud, Boi Ruiz, de que se está elaborando un decreto que recogerá cambios en materia de listas de espera, Ribó le ha pedido que los criterios de priorización no se utilicen para justificar una demora superior a la que se garantiza actualmente.

En el informe anual que el Síndic ha entregado al Parlamento también destaca la insatisfacción de los familiares con la atención recibida por algunos enfermos en la fase terminal de su vida. De los casos analizados, deduce que los cuidados paliativos se tienen que generalizar a todos los enfermos que lo necesiten, independientemente de la patología que les afecte; y que hay que poner atención especial en enfermedades cuya fase terminal es más difícil de diagnosticar.

En materia de intimidad y confidencialidad, destaca que hay que evitar interrupciones en la consulta médica y, en relación con la información asistencial y el acceso a la documentación clínica, que el paciente tiene derecho a obtener una copia completa de su historia clínica.

También insta a la Administración a proporcionar material suficiente de autoanálisis a los diabéticos y a garantizar que el cierre parcial de centros de primaria no afecte a los derechos sanitarios.