“Queremos que se opere a las mujeres enfermas por las prótesis PIP”
Afectadas por las prótesis defectuosas piden "soluciones" en Valencia
Denuncian que no se cumplen los protocolos de ayuda a las víctimas
Médicos y cirujanos piden al Gobierno que pague la retirada de los implantes
Jaime Prats Valencia8 MAR 2012 - 14:11 CET
Afectadas valencianas por las prótesis PIP muestran partes de urgencias con las lesiones que padecen
“Queremos soluciones y que se opere a las mujeres que estén enfermas por las prótesis defectuosas”. El protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para atender a las mujeres con prótesis de mama PIP (Poly Implant Prothése), elaboradas con silicona industrial no homologada, no funciona adecuadamente, según Eva Giménez, la presidenta de la asociación nacional de afectadas (Anap), con sede en Valencia.
Hace dos semanas, las comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad un procedimiento por el cual, en última instancia, los centros de la red pública extraerán las prótesis si no se localiza al cirujano o la clínica donde tuvo lugar la intervención o si se rechaza el seguimiento o la retirada del implante. Esto no sucede en la Comunidad Valenciana, según Giménez, cuya consejería de Sanidad se comprometió a atender a las mujeres que tuvieran problemas de salud. “Que no mienta y que no diga que ayuda a los afectados”, explica.
Tampoco se cumplen, insiste, las recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) de que los cirujanos rebajen sus honorarios. “Muchos siguen cobrando entre 4.000 y 5.000 euros para extraer las prótesis defectuosas y sustituirlas por unas homologadas, en lugar de la mitad que correspondería al compromiso que adquirieron”, explica Giménez.
La Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España también se ha referido este jueves al problema de las PIP. Han instado al Gobierno a sufragar los gastos de explantación e implantación de nuevas prótesis a las 30.000 mujeres afectadas. El presidente de la entidad, Jesús Moreno, sostiene que "la crisis sanitaria" generada por los implantes defectuosos ha sido una "estafa" de la que han salid perjudicados médicos y pacientes. Y responsabilizó al Gobierno y a la Unión Europea como "responsables" por no haber atendido a los controles de calidad adecuados.
Una veintena de afectadas se ha concentrado la mañana de este jueves frente a la consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana para denunciar el desinterés de departamento valenciano. Entre ellas estaba Julia Hidalgo, que se operó de una reconstrucción mamaria por motivos estéticos en 2006, con su expediente clínico entre las manos. “Tengo las prótesis destrozadas como muestra una ecografía de mema queme han hecho”. “Los restos de silicona transita por el sistema linfático y además de abrasiones tengo alergia”.
De los servicios de urgencias públicos la remiten al cirujano que implantó las prótesis, “que no quiere dar la cara”. En la clínica donde se operó le ofrecen extraer los implantes por el precio acordado, pero si firma un documento que exime al centro de toda responsabilidad futura. Y no está dispuesta. “Me tocará ir a otro centro y pagar 5.000 euros como la primera vez”.
En la protesta estaban también Pilar Galán, de 24 años, y María Ángeles Coleto, de 46. Son madre e hija y ambas tienen prótesis defectuosas. El implante derecho de María Ángeles se le ha desplazado –“lo tengo clavado en la costilla”- y el izquierdo está “medio vacío”. “Tengo tres bultos, dos debajo de las axilas y uno en el pecho”. Se somete periódicamente a controles por si la rotura tiene implicaciones serias en su salud. “Me hacen pruebas de prolactina [una hormona que cuya presencia a determinados niveles sirve de marcador tumoral]”, comenta.
Sin embargo, la Sanidad pública no se hace cargo de la extracción de las prótesis. “Me remiten al cirujano que me operó, que no se hace cargo de nada. Y yo no quiero pagar de nuevo. Somos cinco en casa, todos en paro”. Pilar desconoce el estado de sus implantes. “Aún no me he hecho una ecografía, “Lo que dice la consejería no es cierto, dice que ha habilitado centros de referencia para atendernos y no es así, no nos soluciona el problema”.
El caso de Teresa Noel es diferente. Ella tiene las prótesis PIP desde que le sometieron a una mastectomía radical en un hospital público. “Desde que las llevo siento ardor, picor”, comenta. Hace un mes solicitó información sobre los implantes que llevaba y le respondieron que era los PIP. No se lo habían comunicado antes. “¿Qué quiere que hagamos, esperamos a que se le rompa o se los retiramos?”, le preguntó el médico de la red pública que le atendió. “¿Cómo pueden preguntar algo así?”, señala. Pidió que se las retiraran inmediatamente, y ya está metida en las pruebas previas a la operación.
La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana sostiene que ya han contactado con las 639 pacientes con prótesis PIP tratadas en el sistema público. Respecto a las atendidas en el sistema privado, recuerda que es responsabilidad de la clínica su extracción. En todo caso, indica que hay tres centros de referencia (los hospitales Doctor Peset en Valencia, el Hospital General de Elche y el provincial de Castellón) “para que ninguna mujer quede desasistida”. Y recuerda el teléfono 900 101 081 para atender consultas y canalizar las pacientes hacia los recursos habilitados.
La Fiscalía de Valencia abrió hace dos meses diligencias previas para investigar si existe delito en el caso de las prótesis PIP, en respuesta a una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han hallado evidencias que vinculen las prótesis PIP cono el desarrollo de cáncer.
Hace dos semanas, las comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad un procedimiento por el cual, en última instancia, los centros de la red pública extraerán las prótesis si no se localiza al cirujano o la clínica donde tuvo lugar la intervención o si se rechaza el seguimiento o la retirada del implante. Esto no sucede en la Comunidad Valenciana, según Giménez, cuya consejería de Sanidad se comprometió a atender a las mujeres que tuvieran problemas de salud. “Que no mienta y que no diga que ayuda a los afectados”, explica.
Tampoco se cumplen, insiste, las recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) de que los cirujanos rebajen sus honorarios. “Muchos siguen cobrando entre 4.000 y 5.000 euros para extraer las prótesis defectuosas y sustituirlas por unas homologadas, en lugar de la mitad que correspondería al compromiso que adquirieron”, explica Giménez.
La Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España también se ha referido este jueves al problema de las PIP. Han instado al Gobierno a sufragar los gastos de explantación e implantación de nuevas prótesis a las 30.000 mujeres afectadas. El presidente de la entidad, Jesús Moreno, sostiene que "la crisis sanitaria" generada por los implantes defectuosos ha sido una "estafa" de la que han salid perjudicados médicos y pacientes. Y responsabilizó al Gobierno y a la Unión Europea como "responsables" por no haber atendido a los controles de calidad adecuados.
Una veintena de afectadas se ha concentrado la mañana de este jueves frente a la consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana para denunciar el desinterés de departamento valenciano. Entre ellas estaba Julia Hidalgo, que se operó de una reconstrucción mamaria por motivos estéticos en 2006, con su expediente clínico entre las manos. “Tengo las prótesis destrozadas como muestra una ecografía de mema queme han hecho”. “Los restos de silicona transita por el sistema linfático y además de abrasiones tengo alergia”.
De los servicios de urgencias públicos la remiten al cirujano que implantó las prótesis, “que no quiere dar la cara”. En la clínica donde se operó le ofrecen extraer los implantes por el precio acordado, pero si firma un documento que exime al centro de toda responsabilidad futura. Y no está dispuesta. “Me tocará ir a otro centro y pagar 5.000 euros como la primera vez”.
En la protesta estaban también Pilar Galán, de 24 años, y María Ángeles Coleto, de 46. Son madre e hija y ambas tienen prótesis defectuosas. El implante derecho de María Ángeles se le ha desplazado –“lo tengo clavado en la costilla”- y el izquierdo está “medio vacío”. “Tengo tres bultos, dos debajo de las axilas y uno en el pecho”. Se somete periódicamente a controles por si la rotura tiene implicaciones serias en su salud. “Me hacen pruebas de prolactina [una hormona que cuya presencia a determinados niveles sirve de marcador tumoral]”, comenta.
Sin embargo, la Sanidad pública no se hace cargo de la extracción de las prótesis. “Me remiten al cirujano que me operó, que no se hace cargo de nada. Y yo no quiero pagar de nuevo. Somos cinco en casa, todos en paro”. Pilar desconoce el estado de sus implantes. “Aún no me he hecho una ecografía, “Lo que dice la consejería no es cierto, dice que ha habilitado centros de referencia para atendernos y no es así, no nos soluciona el problema”.
El caso de Teresa Noel es diferente. Ella tiene las prótesis PIP desde que le sometieron a una mastectomía radical en un hospital público. “Desde que las llevo siento ardor, picor”, comenta. Hace un mes solicitó información sobre los implantes que llevaba y le respondieron que era los PIP. No se lo habían comunicado antes. “¿Qué quiere que hagamos, esperamos a que se le rompa o se los retiramos?”, le preguntó el médico de la red pública que le atendió. “¿Cómo pueden preguntar algo así?”, señala. Pidió que se las retiraran inmediatamente, y ya está metida en las pruebas previas a la operación.
La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana sostiene que ya han contactado con las 639 pacientes con prótesis PIP tratadas en el sistema público. Respecto a las atendidas en el sistema privado, recuerda que es responsabilidad de la clínica su extracción. En todo caso, indica que hay tres centros de referencia (los hospitales Doctor Peset en Valencia, el Hospital General de Elche y el provincial de Castellón) “para que ninguna mujer quede desasistida”. Y recuerda el teléfono 900 101 081 para atender consultas y canalizar las pacientes hacia los recursos habilitados.
La Fiscalía de Valencia abrió hace dos meses diligencias previas para investigar si existe delito en el caso de las prótesis PIP, en respuesta a una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han hallado evidencias que vinculen las prótesis PIP cono el desarrollo de cáncer.
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