Los médicos gallegos piden a los partidos políticos una mesa de negociación propia y derogar la actual tasa de reposición
Santiago de Compostela (11/10/2012) - A.Pais
• CESM-Galicia y O'Mega reúnen en un foro a representantes del PPdeG, PSdeG, BNG, UPyD y Sociedad Civil y Democracia para que los médicos les pregunten sobre el contenido de sus programas electorales para el 21-N
• El PPdeG defiende la gestión integrada y la financiación público-privada; el PSdeG ve el sistema "sostenible" y, como el BNG, pide un "presupuesto ajustado" y "otro talante"; UPyD, caminar hacia la descentralización sanitaria; y SCD, reconstruir el sistema
Una mesa específica de negociación para cuestiones médicas en Galicia no parece probable en la próxima legislatura. Al menos, ésta es la conclusión que se pudo sacar tras el foro, organizado por la coalición sindical CESM-O'Mega, en el que representantes de cinco partidos políticos (PPdeG, PSdeG, BNG, UPyD y SCD) expusieron a una treintena de médicos el contenido de los programas electorales de éstos ante los próximos comicios del 21-N, y después contestaron a sus preguntas; entre ellas, la citada sobre la mesa de negociación propia o también si han analizado que con la tasa de reposición del diez por ciento para vacantes peligra la calidad asistencial.
A estas cuestiones hicieron frente, por este orden, Ana Luisa Bouza (BNG), María Teresa Sagardía (Sociedad Civil y Democracia), José Antonio de Lorenzo (UPyD), Miguel Ángel Fernández (PSdeG) y Miguel Ángel Santalices (PPdeG), en un debate moderado por Manuel Rodríguez Piñeiro, secretario general de O'Mega e iniciado por Cándido Andión, secretario general del Sindicato Médico de Galicia.
A la cuestión de la mesa específica de negociación médica, Ana Luisa Bouza contestó de inicio que "no tiene mucho sentido", aunque aclaró que "si la Mesa Sectorial no vale, habrá que buscar otro foro... con más o menos formalidad". Teresa Sagardía sí explicó que su partido "prevé plataformas de ciudadanos de sectores concretos", José Antonio de Lorenzo ve en la cuestión "un problema complejo; se debe articular un mecanismo", Miguel Ángel Fernández incidió en que se debe hablar con los médicos, aunque dejó ver que la Mesa Sectorial es el órgano legal de negociación, y Miguel Ángel Santalices sí pidió ese foro específico para médicos.
En otra cuestión de capital importancia para la profesión médica, la tasa de reposición de las vacantes, establecida en el diez por ciento, Bouza reclamó su derogación en Sanidad y en Educación por ir "en contra de la calidad asistencial", De Lorenzo se opuso porque "el PP primero apuesta por la libre elección de médico y luego disminuye el número de profesionales", Fernández pidió "su cambio, y radicalmente el de la política de contratación", y Santalices pidió "ser consecuentes" porque el Parlamento gallego votó "unánimemente" la jubilación voluntaria a los 65 años, salvo que no hubiera especialistas en paro.
Los programas
El BNG, explicó Bouza, aboga por un cambio de modelo, basado en dos pilares: uno filosófico, un cambio de talante en la gestión y en la negociación sanitarias, dialogando con los profesionales; y otro, que el Sergas tiene una financiación insuficiente. Bouza pidió transparencia en la información de las listas de espera, "algo que debe salir del debate, gobierne quien gobierne", resumió que el copago farmacéutico es incompatible con "la suma de pensionistas y crónicos", habló de "recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria", de limitar la posibilidad de colaboración público-privada y de una Sanidad "como espacio de cuidado y no sólo de curación".
Sociedad Civil y Democracia, repitió Sagardía, ve en el acceso directo de los ciudadanos al Parlamento la única posibilidad de reconstruir el sistema. "La Sanidad pública española tiene una calidad excelente debido a la labor de sus profesionales, que están desmotivados. Hay que analizar todo esto, ver el porqué de una norma que penaliza a la gente por ponerse enferma", dijo, y añadió que es "intolerable que se toque el presupuesto de Sanidad o se aplique el copago".
De Lorenzo, de UPyD, ve "en riesgo la sostenibilidad del sistema", debido a cuestiones como la demografía o problemas organizativos y de gestión que devalúan además su calidad y "conducen a la Privada". Por eso el partido plantea conseguir la viabilidad a largo plazo de la Sanidad pública, aunque ve "problemas graves" en Galicia, como el envejecimiento, la sobreutilización de recursos sanitarios o la "medicalización de algunos problemas" o el gasto creciente en tecnología; y que el derecho a la Sanidad "sea efectivo, no teórico". Y también, "como paso previo a recuperar competencias", la "centralización de aspectos fundamentales de la Sanidad"; una tarjeta sanitaria única en toda España y una cartera de servicios general para asegurar la igualdad.
El representante del PSdeG ve el sistema sanitario español "perfectamente sostenible", aun con sus bolsas de ineficiencia: "pese a los recortes, damos mucha calidad", dijo Fernández, que propone "un presupuesto ajustado para Sanidad: que se saque de otras consejerías, pero no de ésta, limitando sustituciones o quitando recursos" y también "la búsqueda de un gran acuerdo social". Como Bouzas, aboga por "sacar las listas de espera de la lucha política, publicándolas y asumiéndolas sin que haya "listas oficiales y listas reales".
Miguel Ángel Fernández pidió la dedicación exclusiva en las jefaturas de servicios en los hospitales, defendiendo "una financiación única y exclusivamente pública: decimos no al sistema de financiación público-privada".
Finalmente, Miguel Ángel Santalices (PPdeG) habló del "problema de sostenibilidad claro" del sistema y defendió la gestión de su partido, con alusión directa al beneficio de 100 millones de euros que produjo el catálogo priorizado de medicamentos y a que "no se implantó el copago asistencial". Santalices defendió las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, que han permitido a Galicia, por ejemplo, variar la política del Gobierno central en pago por prestación farmacéutica o en la atención a los inmigrantes ilegales.
El PPdeG apuesta por la gestión integrada, que "permite una mejor coordinación entre Primaria y Especializada", por la Ley de Garantías de las Prestaciones Sanitarias, con derivación a centro concertado en caso de espera de más de 60 días para ser operado o de 95 días para realización de pruebas, por la libre elección de médico y hospital, por la colaboración público-privada, por fortalecer la tecnología "obsoleta" y por seguir con la convocatoria de OPEs.
La Atención Primaria
Un capítulo aparte, por el que preguntaron los médicos, fue por el deseado (y prometido) refuerzo del primer nivel asistencial, fortalecimiento tanto en recursos como en presupuesto. Bouza y Fernández (BNG y PSdeG) coincidieron en censurar que la gestión integrada van en detrimento de la Primaria y en la paralización del Plan de Mejora de la AP. "Estamos olvidando la puerta de entrada al sistema, un pilar fundamental. Teníamos un Plan de Mejora modélico, ejemplar y consensuado entre los partidos, los sindicatos y los profesionales, pero se vino abajo por real-decreto", dijo Fernández.
Santalices, a este respecto, reconoció que no se ha cumplido con el acuerdo parlamentario de destinar a la AP lo ahorrado con el catálogo de fármacos. "Nos devoró tener que pagar la factura farmacéutica", lamentó.
Tanto los partidos de la oposición como los médicos acusaron al partido en el Gobierno PPdeG) de falta de talante negociador, "no se habla", y le pidieron un cambio, así como la profesionalización de la gestión. Los profesionales mostraron a los representantes de los partidos políticos su profundo desánimo en la situación actual.
A estas cuestiones hicieron frente, por este orden, Ana Luisa Bouza (BNG), María Teresa Sagardía (Sociedad Civil y Democracia), José Antonio de Lorenzo (UPyD), Miguel Ángel Fernández (PSdeG) y Miguel Ángel Santalices (PPdeG), en un debate moderado por Manuel Rodríguez Piñeiro, secretario general de O'Mega e iniciado por Cándido Andión, secretario general del Sindicato Médico de Galicia.
A la cuestión de la mesa específica de negociación médica, Ana Luisa Bouza contestó de inicio que "no tiene mucho sentido", aunque aclaró que "si la Mesa Sectorial no vale, habrá que buscar otro foro... con más o menos formalidad". Teresa Sagardía sí explicó que su partido "prevé plataformas de ciudadanos de sectores concretos", José Antonio de Lorenzo ve en la cuestión "un problema complejo; se debe articular un mecanismo", Miguel Ángel Fernández incidió en que se debe hablar con los médicos, aunque dejó ver que la Mesa Sectorial es el órgano legal de negociación, y Miguel Ángel Santalices sí pidió ese foro específico para médicos.
En otra cuestión de capital importancia para la profesión médica, la tasa de reposición de las vacantes, establecida en el diez por ciento, Bouza reclamó su derogación en Sanidad y en Educación por ir "en contra de la calidad asistencial", De Lorenzo se opuso porque "el PP primero apuesta por la libre elección de médico y luego disminuye el número de profesionales", Fernández pidió "su cambio, y radicalmente el de la política de contratación", y Santalices pidió "ser consecuentes" porque el Parlamento gallego votó "unánimemente" la jubilación voluntaria a los 65 años, salvo que no hubiera especialistas en paro.
Los programas
El BNG, explicó Bouza, aboga por un cambio de modelo, basado en dos pilares: uno filosófico, un cambio de talante en la gestión y en la negociación sanitarias, dialogando con los profesionales; y otro, que el Sergas tiene una financiación insuficiente. Bouza pidió transparencia en la información de las listas de espera, "algo que debe salir del debate, gobierne quien gobierne", resumió que el copago farmacéutico es incompatible con "la suma de pensionistas y crónicos", habló de "recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria", de limitar la posibilidad de colaboración público-privada y de una Sanidad "como espacio de cuidado y no sólo de curación".
Sociedad Civil y Democracia, repitió Sagardía, ve en el acceso directo de los ciudadanos al Parlamento la única posibilidad de reconstruir el sistema. "La Sanidad pública española tiene una calidad excelente debido a la labor de sus profesionales, que están desmotivados. Hay que analizar todo esto, ver el porqué de una norma que penaliza a la gente por ponerse enferma", dijo, y añadió que es "intolerable que se toque el presupuesto de Sanidad o se aplique el copago".
De Lorenzo, de UPyD, ve "en riesgo la sostenibilidad del sistema", debido a cuestiones como la demografía o problemas organizativos y de gestión que devalúan además su calidad y "conducen a la Privada". Por eso el partido plantea conseguir la viabilidad a largo plazo de la Sanidad pública, aunque ve "problemas graves" en Galicia, como el envejecimiento, la sobreutilización de recursos sanitarios o la "medicalización de algunos problemas" o el gasto creciente en tecnología; y que el derecho a la Sanidad "sea efectivo, no teórico". Y también, "como paso previo a recuperar competencias", la "centralización de aspectos fundamentales de la Sanidad"; una tarjeta sanitaria única en toda España y una cartera de servicios general para asegurar la igualdad.
El representante del PSdeG ve el sistema sanitario español "perfectamente sostenible", aun con sus bolsas de ineficiencia: "pese a los recortes, damos mucha calidad", dijo Fernández, que propone "un presupuesto ajustado para Sanidad: que se saque de otras consejerías, pero no de ésta, limitando sustituciones o quitando recursos" y también "la búsqueda de un gran acuerdo social". Como Bouzas, aboga por "sacar las listas de espera de la lucha política, publicándolas y asumiéndolas sin que haya "listas oficiales y listas reales".
Miguel Ángel Fernández pidió la dedicación exclusiva en las jefaturas de servicios en los hospitales, defendiendo "una financiación única y exclusivamente pública: decimos no al sistema de financiación público-privada".
Finalmente, Miguel Ángel Santalices (PPdeG) habló del "problema de sostenibilidad claro" del sistema y defendió la gestión de su partido, con alusión directa al beneficio de 100 millones de euros que produjo el catálogo priorizado de medicamentos y a que "no se implantó el copago asistencial". Santalices defendió las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, que han permitido a Galicia, por ejemplo, variar la política del Gobierno central en pago por prestación farmacéutica o en la atención a los inmigrantes ilegales.
El PPdeG apuesta por la gestión integrada, que "permite una mejor coordinación entre Primaria y Especializada", por la Ley de Garantías de las Prestaciones Sanitarias, con derivación a centro concertado en caso de espera de más de 60 días para ser operado o de 95 días para realización de pruebas, por la libre elección de médico y hospital, por la colaboración público-privada, por fortalecer la tecnología "obsoleta" y por seguir con la convocatoria de OPEs.
La Atención Primaria
Un capítulo aparte, por el que preguntaron los médicos, fue por el deseado (y prometido) refuerzo del primer nivel asistencial, fortalecimiento tanto en recursos como en presupuesto. Bouza y Fernández (BNG y PSdeG) coincidieron en censurar que la gestión integrada van en detrimento de la Primaria y en la paralización del Plan de Mejora de la AP. "Estamos olvidando la puerta de entrada al sistema, un pilar fundamental. Teníamos un Plan de Mejora modélico, ejemplar y consensuado entre los partidos, los sindicatos y los profesionales, pero se vino abajo por real-decreto", dijo Fernández.
Santalices, a este respecto, reconoció que no se ha cumplido con el acuerdo parlamentario de destinar a la AP lo ahorrado con el catálogo de fármacos. "Nos devoró tener que pagar la factura farmacéutica", lamentó.
Tanto los partidos de la oposición como los médicos acusaron al partido en el Gobierno PPdeG) de falta de talante negociador, "no se habla", y le pidieron un cambio, así como la profesionalización de la gestión. Los profesionales mostraron a los representantes de los partidos políticos su profundo desánimo en la situación actual.
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