Consenso iberoamericano contra el tráfico de células madre

La Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes ha aprobado en Quito una resolución con la que pretende poner freno al turismo de células madre y su uso sin evidencia demostrada, una propuesta de la Organización Nacional de Trasplantes.

Europa Press | 30/10/2012 12:36

La Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, que acaba de celebrarse en Ecuador, ha aprobado por unanimidad la 'Resolución de Quito' contra el turismo de células madre para trasplante y su uso sin evidencia demostrada, una iniciativa propuesta y redactada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Con esta iniciativa se condena la compra, el tráfico y el turismo de células madre para trasplante, y se reconoce la necesidad de combatir la publicidad engañosa, que presenta estas prácticas como 'remedios milagrosos' o como terapias consolidadas, aunque estas se encuentren en fase de investigación, y asume la falta de mecanismos de regulación y control que existen en muchos países de la región.

Desde el Ministerio de Sanidad, del que depende la ONT, señalan que su desarrollo es una "respuesta a la creciente preocupación entre los países iberoamericanos por el incremento en los últimos años del uso fraudulento de la terapia celular", asimismo, destacan, con su firma "España ha vuelto a demostrar, su liderazgo en Iberoamérica en materia de donación y trasplante".

También intensificarán la información a los ciudadanos sobre la evidencia científica actual en el uso de este tipo de terapias; además recoge la necesidad de aunar esfuerzos "supranacionales" para impedir el establecimiento de redes internacionales delictivas en cualquiera de los países iberoamericanos; y demanda armonizar los marcos legales que regulen estas prácticas, con el fin de proteger la dignidad y la seguridad tanto de los donantes como de los pacientes receptores.

En el encuentro también se ha aprobado la relección de España, y en consecuencia, del director de la ONT, Rafael Matesanz, como presidente de la Red y del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante durante los próximos dos años.

Además en la reunión se elaboraron una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de los distintos organismos de coordinación de donación y trasplante que existen en cada uno de los países iberoamericanos, las políticas de comunicación, y una guía para auditar establecimientos de tejidos.

En la reunión han participado representantes de los 21 países que integran la Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, así como las sociedades científicas y reconocidos organismos de este campo, entre los que se encuentra la Sociedad Internacional de Trasplantes, Organización Panamericana de la Salud, Sociedad Iberoamericana de Trasplantes, Sociedad de Trasplantes de América Latina y El Caribe y Asociación Iberoamericana de Bancos y Tejidos.

Compromiso general

La resolución recuerda que los Estados Iberoamericanos se encuentran realizando importantes esfuerzos para establecer y mantener adecuadamente sistemas nacionales de donación y trasplantes basados en la confianza y en la donación altruista, motivo que manifiestan su "rechazo rotundo a la oferta de tratamientos curativos con células madre cuya eficacia no haya sido demostrada y que no garantice la seguridad en los pacientes".

Al tiempo que condenan a la adquisición de partes del cuerpo humano para trasplante donde exista explotación de las poblaciones más vulnerables, y en donde se busquen beneficios de tipo económico, incluyendo el tráfico de material humano derivado de estas prácticas y el turismo de trasplante celular.
Por todo ello, también se han comprometido a realizar inspecciones oportunas cuando exista sospecha del uso de estas técnicas que se encuentren fuera del marco legal y la denuncia a través de los mecanismos competentes de aquellos casos que demuestren la practica de actividades ilícitas.

Además, acuerdan alentar a los profesionales de la salud a notificar a las autoridades pertinentes sobre las prácticas ilícitas bajo su conocimiento, de conformidad con las capacidades y la legislación nacional; y comunicar a los miembros de la Red cualquier irregularidad que se detecte en el ámbito de cada país.