Relacionan unas regulaciones estatales con un descenso en un procedimiento cardiaco común

Los críticos se preocupan de que la presión por los buenos resultados podría reducir el acceso a la atención de los pacientes más enfermos

Traducido del inglés: miércoles, 10 de octubre, 2012

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MARTES, 9 de octubre (HealthDay News) -- Si sufre un ataque cardiaco grave, su tratamiento médico podría depender del lugar en que esté cuando ocurra.
Sí está en un estado de EE. UU. con reportes hospitalarios públicos obligatorios, quizás tenga menos probabilidades de recibir una angioplastia para tratar una arteria bloqueada que si se halla en un estado sin recolección de datos, sugiere un estudio reciente.
Se considera que los que están en mayor riesgo de morir o de desarrollar complicaciones por el procedimiento son los que están en mayor peligro de que no se les aplique, ya que es más probable que reduzcan la calificación de rendimiento del hospital.
Los investigadores hallaron que los pacientes de Medicare que sufrieron ataques cardiacos en tres estados con reportes hospitalarios obligatorios tenían 18 por ciento menos probabilidades de recibir una angioplastia o un dilatador que las personas de estados sin los reportes obligatorios.
Los considerados extremadamente enfermos (las personas que llegan al hospital con evidencia contundente de un ataque cardiaco masivo) tenían alrededor de 27 por ciento menos probabilidades de recibir el tratamiento que las personas comparables en otros estados. El estudio aparece en la edición del 10 de octubre de la revista Journal of the American Medical Association.
"Esto no debe considerarse como una crítica contra la transparencia de los datos", apuntó la Dra. Karen Joynt, autora líder del estudio, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, y cardióloga asociada del Hospital Brigham and Women's, en Boston.
"Es importante que los datos de rendimiento estén disponibles para los pacientes", apuntó Joynt. "Pero no solo necesitamos una filosofía de transparencia en la cultura, sino también la capacidad de capturar los datos correctos para mejorar las condiciones. De otra forma, podríamos crear incentivos para denegar la atención a los pacientes más enfermos".
Los investigadores no hallaron evidencia de que los reportes públicos se asociaran con una reducción en el número de muertes entre los pacientes de ataques cardiacos agudos. Joynt aseguró que esto muestra que "tanto el abuso como el uso insuficiente de la angioplastia fueron evidentes, porque los riesgos de mortalidad no disminuyeron" tras el inicio de los reportes públicos obligatorios.
Joynt explicó que parte de la dificultad es elegir quién no debe recibir un procedimiento en base a los datos. "Las personas comienzan a darse cuenta de que estas decisiones no son fáciles", comentó.
"Tenemos dificultades para predecir cómo les irá a los pacientes realmente enfermos", explicó Joynt. "Suponga que traen a un paciente en helicóptero desde Maine, y se le dice que el [hospital] Brigham representa una oportunidad. Es realmente difícil decirle que hemos evaluado la situación y que no podemos hacer nada por ayudarle".
Solo tres estados (Nueva York, Massachusetts y Pensilvania) requieren actualmente reportes de los resultados de los pacientes tras una angioplastia o la colocación de un dilatador, conocido como intervención coronaria percutánea. Otros estados tienen programas de reportes voluntarios.
La angioplastia es un procedimiento no quirúrgico que se usa para tratar las arterias coronarias estrechadas que se hallan en la enfermedad cardiaca coronaria. Los cardiólogos introducen un balón desinflado u otro dispositivo en un catéter a través de una arteria hasta que llega al bloqueo en el corazón, cuando el balón se abre, permitiendo que la sangre fluya. A veces, se coloca un dilatador en el punto bloqueado para expandir la arteria de forma más permanente.
Cada año, en Estados Unidos se realizan más de 500,000 intervenciones coronarias percutáneas, con un costo que supera los doce mil millones de dólares, según una investigación publicada el año pasado en la revista Journal of the American Medical Association.
Los investigadores usaron datos exclusivamente de pacientes de Medicare, comparando a 49,660 pacientes en estados con reportes obligatorios con 48,142 pacientes en estados sin dicho requerimiento. Todos fueron admitidos con el diagnóstico de ataque cardiaco, llamado infarto agudo de miocardio, a hospitales de EE. UU. entre 2002 y 2010.
Los investigadores compararon las tasas de intervención percutánea y mortalidad entre los estados con los reportes y estados orientales sin los requerimientos de reportar: Maine, Vermont, Nueva Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Maryland y Delaware. Los investigadores también observaron la forma en que las tasas de administración de dilatadores cambiaron antes y después del inicio de los reportes obligatorios en Massachusetts.
El Dr. Mauro Moscucci, profesor de medicina y jefe de la división cardiovascular de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, quien escribió un editorial acompañante en la revista, apuntó que el estudio plantea dos problemas.
"En primer lugar, este estudio y uno anterior de 2005 que investigó en Michigan muestran que los reportes públicos pueden resultar en la denegación de la atención", señaló. "En segundo lugar, como médicos, con frecuencia nos piden y presionan para que realicemos procedimientos que podrían no arrojar mejores resultados".
El estudio de Michigan, que observó los pagos de un programa de salud financiado por la industria automovilística, no tuvo que ver específicamente con Medicare y técnicamente no se trataba de reportes públicos.
Moscucci señaló que un médico puede tardar mucho más en explicar a una familia por qué es muy probable que un procedimiento no resulte eficaz que en simplemente hacer la angioplastia.
"Mi preocupación es que lo hacemos en cada vez más pacientes que no se beneficiarán", lamentó Moscucci. "Los médicos desean acceso a las nuevas tecnologías, con frecuencia [hacer más procedimientos] los beneficia financieramente en nuestro sistema de pago por servicio, tienden a querer complacer a los pacientes, y tienen miedo de los resultados adversos, como una demanda, si se niegan a realizar el procedimiento".
En un comentario sobre el estudio, otra experta dice que a pesar de las inquietudes potenciales sobre un menor acceso a la atención para los pacientes más enfermos, es probable que los requerimientos de reportes públicos sigan en aumento.
"Los estados que ya reportan no dejarán de hacerlo", planteó Jane Bolin, profesora asociada de política y gestión de salud de la Facultad de Salud Pública Rural del Centro de Ciencias de la Salud Texas A&M. "Este estudio en particular, y otros, presionarán a cada vez más estados a mejorar sus resultados a través de los datos. No creo que dejemos de reportar los resultados públicamente".

Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare

FUENTES: Karen Joynt, M.D., M.P.H., instructor, Harvard Medical School, and associate cardiologist, Brigham and Women's Hospital, Boston; Mauro Moscucci, M.D., M.B.A., professor, medicine, and chief, cardiovascular division, University of Miami Miller School of Medicine; Jane Bolin, Ph.D., J.D., associate professor, health policy and management, Texas A&M Health Science Center School of Rural Public Health, College Station, Texas; Oct. 10, 2012, Journal of the American Medical Association

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