Sanidad retira la exención de pago de fármacos a 3.000 discapacitados
Se trata de personas con enfermedades graves y elevado gasto en fármacos
La Consejería de Sanidad admite la situación y señala que la está estudiando
Jaime Prats Valencia 15 OCT 2012 - 20:33 CET4
Hay recortes que afectan a los usuarios de la sanidad pública. Otros se centran en las personas en situación de discapacidad. Y los hay también que afectan a los dos colectivos de una misma tacada. Es el caso de los, al menos, 3.000 discapacitados con enfermedades crónicas a los que la Consejería de Sanidad ha retirado la gratuidad en el acceso a medicamentos.
La cifra de perjudicados “aumenta rápidamente”, según UGT, que denunció esta situación. Y responde al número de reclamaciones presentadas al departamento que dirige Luis Rosado —que este lunes admitió el problema— por los afectados. Una portavoz de la consejería señaló que se está estudiando “la incidencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012” relativo al incremento del porcentaje de copago (o repago) de medicamentos prescritos por la red pública del Sistema Nacional de Salud.
El 1 de julio pasado, con la entrada en vigor del Real Decreto, se incrementaron los supuestos y la cuantía del copago, de forma que, entre otras medidas, los pensionistas comenzaron a pagar por los fármacos por primera vez. Entonces, la Consejería de Sanidad también comenzó a cobrar los fármacos a miles de personas con discapacidad que hasta entonces no pagaban.
Sin embargo, existen argumentos legales que apoyan la idea de que el copago no debería afectar a este grupo de usuarios de la sanidad pública. Al menos, a algunos de ellos. Una de las razones para no hacerlo está en el propio Real Decreto. El texto señala que quedarán liberados de aportación, entre otros las personas perceptoras de rentas de integración social, de pensiones no contributivas, parados sin prestación y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.
La normativa específica que regula a la dispensación de medicamentos gratuita a este colectivo es la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Pero, además, existe una normativa autonómica, la ley del estatuto de las personas con discapacidad, que reconoce la prestación farmacéutica gratuita para los menores de 18 años con un grado de minusvalía a partir del 33% y del 65% para mayores de 18 años.
Entre los afectados por la medida del Consell se encontrarían pacientes con enfermedades graves de larga evolución que requieren distintos medicamentos, algunos de ellos especialmente caros. Por ejemplo personas con trastornos psiquiátricos graves, enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, párkinson), cardiopatías graves o pacientes terminales o encamados.
“Lo más grave es que este problema se concentra en la gente más pobre,con pensiones bajas, que se encuentran en la situación de hacer un gasto añadido”, explica Toni Femenía, responsable de servicios sociales de UGT.
La cifra de perjudicados “aumenta rápidamente”, según UGT, que denunció esta situación. Y responde al número de reclamaciones presentadas al departamento que dirige Luis Rosado —que este lunes admitió el problema— por los afectados. Una portavoz de la consejería señaló que se está estudiando “la incidencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012” relativo al incremento del porcentaje de copago (o repago) de medicamentos prescritos por la red pública del Sistema Nacional de Salud.
El 1 de julio pasado, con la entrada en vigor del Real Decreto, se incrementaron los supuestos y la cuantía del copago, de forma que, entre otras medidas, los pensionistas comenzaron a pagar por los fármacos por primera vez. Entonces, la Consejería de Sanidad también comenzó a cobrar los fármacos a miles de personas con discapacidad que hasta entonces no pagaban.
Sin embargo, existen argumentos legales que apoyan la idea de que el copago no debería afectar a este grupo de usuarios de la sanidad pública. Al menos, a algunos de ellos. Una de las razones para no hacerlo está en el propio Real Decreto. El texto señala que quedarán liberados de aportación, entre otros las personas perceptoras de rentas de integración social, de pensiones no contributivas, parados sin prestación y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.
La normativa específica que regula a la dispensación de medicamentos gratuita a este colectivo es la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Pero, además, existe una normativa autonómica, la ley del estatuto de las personas con discapacidad, que reconoce la prestación farmacéutica gratuita para los menores de 18 años con un grado de minusvalía a partir del 33% y del 65% para mayores de 18 años.
Entre los afectados por la medida del Consell se encontrarían pacientes con enfermedades graves de larga evolución que requieren distintos medicamentos, algunos de ellos especialmente caros. Por ejemplo personas con trastornos psiquiátricos graves, enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, párkinson), cardiopatías graves o pacientes terminales o encamados.
“Lo más grave es que este problema se concentra en la gente más pobre,con pensiones bajas, que se encuentran en la situación de hacer un gasto añadido”, explica Toni Femenía, responsable de servicios sociales de UGT.
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