LEGISLACIÓN | Hasta la duodécima semana de gestación
Uruguay despenaliza el aborto
Un grupo de activistas Pro Vida se manifiestan en Montevideo. | Efe
- Se suma así a Cuba, Guyana y Puerto Rico, donde también es legal
- Algunos senadores pretenden recabar firmas para someterlo a referéndum
- Cada año se producen más de 30.000 intervenciones ilegales en el país
El Senado uruguayo ha aprobado este miércoles una ley que despenaliza el aborto hasta la duodécima semana de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión de la sanidad publica.
La votación se resolvió con 17 votos a favor y 14 en contra y se espera que en los próximos días la ley sea promulgada por el presidente José Mujica, que ya indicó en reiteradas ocasiones que no vetará la iniciativa, como sí hizo su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2008.
El proyecto obtuvo todos los votos de la bancada de senadores del oficialista Frente Amplio (FA) y uno del legislador del Partido Nacional Jorge Saravia, mientras que votaron en contra los representantes del Partido Colorado y el resto de los senadores nacionalistas.
Hasta que el Parlamento de Uruguay tomó este miércoles esta decisión, sólo en Cuba, Guyana y Puerto Rico el aborto era legal en términos generales. En los otros países latinoamericanos hay distintas causas para legitimarlo, como el riesgo de vida para la madre, la malformación fetal o el hecho de que el embarazo sea fruto de una violación.
La iniciativa fue aprobada inicialmente por el Senado en diciembre pasado, si bien durante su paso por la Cámara de Diputados tuvo que ser modificada para lograr los votos necesarios a favor de su aceptación.
El senador nacionalista Jorge Larrañaga rechazó la iniciativa porque -dijo- su partido defiende "la libertad y la defensa de los derechos humanos" y porque se trata de un "impracticable en numerosos puntos de la República" y que no satisface a nadie "ni en la forma ni en el fondo".
Larrañaga anticipó que si su partido resulta elegido para gobernar en los próximos comicios, en 2014, derogará la norma.
Otros senadores apoyaron una iniciativa que pretende recabar firmas ciudadanas para someter la norma a referéndum.
Por su parte, la senadora del FA Constanza Moreira, una de las impulsoras del texto legal que despenaliza el aborto, subrayó que lo que se trata es de defender los "derechos reproductivos de las mujeres".
La iniciativa, fruto de una promesa electoral de la coalición gobernante, el izquierdista Frente Amplio, establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico, que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán. Luego tendrán cinco días para reflexionar, tras los cuales podrán iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.
Pese a estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.
En 2008 se aprobó una ley similar que fue vetada por el presidente Vázquez, oncólogo de profesión, en un gesto que causó una gran molestia en el seno del FA y entre organizaciones feministas, y que el gobernante justificó por razones de conciencia.
La votación se resolvió con 17 votos a favor y 14 en contra y se espera que en los próximos días la ley sea promulgada por el presidente José Mujica, que ya indicó en reiteradas ocasiones que no vetará la iniciativa, como sí hizo su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2008.
El proyecto obtuvo todos los votos de la bancada de senadores del oficialista Frente Amplio (FA) y uno del legislador del Partido Nacional Jorge Saravia, mientras que votaron en contra los representantes del Partido Colorado y el resto de los senadores nacionalistas.
Hasta que el Parlamento de Uruguay tomó este miércoles esta decisión, sólo en Cuba, Guyana y Puerto Rico el aborto era legal en términos generales. En los otros países latinoamericanos hay distintas causas para legitimarlo, como el riesgo de vida para la madre, la malformación fetal o el hecho de que el embarazo sea fruto de una violación.
La iniciativa fue aprobada inicialmente por el Senado en diciembre pasado, si bien durante su paso por la Cámara de Diputados tuvo que ser modificada para lograr los votos necesarios a favor de su aceptación.
Las voces en contra
El debate de este miércoles en la Cámara Alta se realizó más rápidamente de lo previsto y sin la virulencia que caracterizó las anteriores discusiones legislativas sobre el tema.El senador nacionalista Jorge Larrañaga rechazó la iniciativa porque -dijo- su partido defiende "la libertad y la defensa de los derechos humanos" y porque se trata de un "impracticable en numerosos puntos de la República" y que no satisface a nadie "ni en la forma ni en el fondo".
Larrañaga anticipó que si su partido resulta elegido para gobernar en los próximos comicios, en 2014, derogará la norma.
Otros senadores apoyaron una iniciativa que pretende recabar firmas ciudadanas para someter la norma a referéndum.
Por su parte, la senadora del FA Constanza Moreira, una de las impulsoras del texto legal que despenaliza el aborto, subrayó que lo que se trata es de defender los "derechos reproductivos de las mujeres".
Interrupciones clandestinas
Parlamentarios del FA criticaron la "hipocresía" de la actual legislación uruguaya, que no evita que se practiquen los abortos y que al mismo tiempo causa la muerte de mujeres que interrumpían su embarazo de forma clandestina.La iniciativa, fruto de una promesa electoral de la coalición gobernante, el izquierdista Frente Amplio, establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico, que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán. Luego tendrán cinco días para reflexionar, tras los cuales podrán iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.
Pese a estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.
En 2008 se aprobó una ley similar que fue vetada por el presidente Vázquez, oncólogo de profesión, en un gesto que causó una gran molestia en el seno del FA y entre organizaciones feministas, y que el gobernante justificó por razones de conciencia.
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