Uruguay legaliza el aborto
El país despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación
Francisco Peregil Buenos Aires18 OCT 2012 - 01:25 CET130
Una mujer reza mientras asiste al debate en el Senado de Uruguay. / A. S. (REUTERS)
Sí pero no. El Senado de Uruguay ha aprobado este miércoles con 17 votos a favor y 14 en contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado. Y eso hace que se vuelva a hablar de Uruguay como la gran referencia de América del Sur en cuanto a avances sociales, que se mencione el hecho de que Uruguay integra, junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y la capital de México, la cortísima lista de países latinoamericanos donde existe una ley de plazos que permite a las mujeres abortar sin necesidad de justificar su decisión.
Pero en realidad esta norma es mucho más restrictiva de la que en 2008 aprobaron diputados y senadores y fue rechazada solo porque el entonces presidente, el izquierdista del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se negó a promulgarla. En consecuencia, volvió a cosechar las críticas de las organizaciones feministas que ya expresaron su rechazo el pasado 25 de septiembre, cuando el proyecto fue aprobado por la mínima en el Parlamento, con 50 votos a favor y 49 en contra. En los próximos días, el presidente uruguayo José Mujica, perteneciente también al Frente Amplio, tendrá que promulgar la ley y ya ha adelantado en reiteradas ocasiones que no vetará la iniciativa.
Al aprobarla el Parlamento, una representante del grupo feminista uruguayo Mujer y Salud (Mysu) ya advirtió: “Esta ley es una ley de mínimos, no es la que nosotras hubiéramos deseado . Lo que prevé es que cuando una mujer quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo tiene que comparecer ante un tribunal integrado por un ginecólogo, un experto en salud mental, un especialista en el área social… Y explicitar los motivos por los cuales quiere interrumpir su embarazo. Después de eso la mandan a reflexionar cinco días, tras los que tiene que volver a comparecer para ver qué decisión tomó sobre ello”. Ese es el procedimiento que establece la ley cuando se refiere a que la despenalización del aborto "siempre que se realice bajo la supervisión del Estado".
Y el miércoles, la representante de Mysu, Martha Aguñín, declaró a Telemundo: "No están conformados los equipos como para que esto se pueda cumplir en los plazos determinados. La ley establece que es hasta las doce semanas de gestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si una mujer no acude inmediatamente, como suele suceder, que detecta que está con un embarazo, tiene que ir primero al médico, luego comparecer ante un tribunal, luego cinco días para reflexionar… El plazo empieza a correr y ¿quién te garantiza que esos servicios estén ya establecidos como para que una cosa que hay que solucionar en plazos muy perentorios se pueda llevar a cabo?".
Las críticas también han llegado por parte de los sectores antiabortistas. Carlos Iafigliola, miembro de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida ha defendido que “el aborto, se haga como se haga, es algo sumamente destructivo y deja secuelas de por vida”.
A pesar de que hasta ahora el aborto estaba penado por ley en Uruguay, las cifras oficiales indican que cada año se producen más de 30.000 interrupciones de embarazo. La nueva ley establece que, una vez pasado el tribunal, las mujeres podrán abortar en cualquier centro público o privado de salud y que estos estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que la haga un tercero, en caso de acogerse a la objeción de conciencia.
Pero en realidad esta norma es mucho más restrictiva de la que en 2008 aprobaron diputados y senadores y fue rechazada solo porque el entonces presidente, el izquierdista del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se negó a promulgarla. En consecuencia, volvió a cosechar las críticas de las organizaciones feministas que ya expresaron su rechazo el pasado 25 de septiembre, cuando el proyecto fue aprobado por la mínima en el Parlamento, con 50 votos a favor y 49 en contra. En los próximos días, el presidente uruguayo José Mujica, perteneciente también al Frente Amplio, tendrá que promulgar la ley y ya ha adelantado en reiteradas ocasiones que no vetará la iniciativa.
Al aprobarla el Parlamento, una representante del grupo feminista uruguayo Mujer y Salud (Mysu) ya advirtió: “Esta ley es una ley de mínimos, no es la que nosotras hubiéramos deseado . Lo que prevé es que cuando una mujer quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo tiene que comparecer ante un tribunal integrado por un ginecólogo, un experto en salud mental, un especialista en el área social… Y explicitar los motivos por los cuales quiere interrumpir su embarazo. Después de eso la mandan a reflexionar cinco días, tras los que tiene que volver a comparecer para ver qué decisión tomó sobre ello”. Ese es el procedimiento que establece la ley cuando se refiere a que la despenalización del aborto "siempre que se realice bajo la supervisión del Estado".
Y el miércoles, la representante de Mysu, Martha Aguñín, declaró a Telemundo: "No están conformados los equipos como para que esto se pueda cumplir en los plazos determinados. La ley establece que es hasta las doce semanas de gestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si una mujer no acude inmediatamente, como suele suceder, que detecta que está con un embarazo, tiene que ir primero al médico, luego comparecer ante un tribunal, luego cinco días para reflexionar… El plazo empieza a correr y ¿quién te garantiza que esos servicios estén ya establecidos como para que una cosa que hay que solucionar en plazos muy perentorios se pueda llevar a cabo?".
Las críticas también han llegado por parte de los sectores antiabortistas. Carlos Iafigliola, miembro de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida ha defendido que “el aborto, se haga como se haga, es algo sumamente destructivo y deja secuelas de por vida”.
A pesar de que hasta ahora el aborto estaba penado por ley en Uruguay, las cifras oficiales indican que cada año se producen más de 30.000 interrupciones de embarazo. La nueva ley establece que, una vez pasado el tribunal, las mujeres podrán abortar en cualquier centro público o privado de salud y que estos estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que la haga un tercero, en caso de acogerse a la objeción de conciencia.
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