Los abogados explican sus argumentos a favor y en contra de la reforma
"El Gobierno necesitaba asegurarse que que todo el mundo tenía acceso a la sanidad y pensaron que no era posible sin esta obligación previa", explica Paul Clement, abogado de la acusación.
Cristina F. Pereda Washington 26 MAR 2012 - 04:05 CET
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington. / JACQUELYN MARTIN (AP)
Los principales abogados que defenderán al Gobierno de Obama y a los 26 Estados que denunciaron su reforma sanitaria se reunieron hace unas semanas en Washington para explicar los detalles de sus argumentos, que girarán en torno a estas cinco claves.
¿Qué pretende solucionar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible?
Con la ley de reforma del sistema sanitario, el Congreso intentó romper un círculo vicioso: 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico; cuando uno de ellos necesita atención médica, las aseguradoras deben pagársela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las pólizas de los ciudadanos que sí tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1.000 dólares extra cada mes para cubrir ese margen. El precio tan elevado, a su vez, hace que muchos ciudadanos no puedan costearse el seguro, especialmente si carecen de empleo.
¿Hay una crisis nacional que resolver?
Las leyes comerciales norteamericanas exigen que el Congreso responda con la legislación a un problema a nivel nacional o entre dos Estados que sean incapaces de resolverlo por sí mismos. Sin embargo, las dos partes implicadas no están de acuerdo en si 50 millones de ciudadanos sin seguro médico equivale a un problema nacional.
Michael Carvin, abogado de la acusación, pronunció en una comparecencia en Washington el pasado mes de febrero una de las preguntas claves en este caso y que más han empleado los detractores de la reforma: “¿Por qué supone un problema que yo no tenga seguro mientras no lo necesito?”
Según Akhil Amar, profesor de derecho de la Universidad de Yale, “se trata de resolver un problema entre los Estados porque los costes que corresponden a unas personas estaban siendo impuestos a otras”. En este sentido, el antecedente más reciente en el Tribunal Supremo es una sentencia de 1942 mantuvo la vigencia de una ley federal que había sido disputada como una cláusula comercial. El alto tribunal estableció que el Congreso no había sobrepasado sus competencias al regular un asunto económico como el tipo de plantaciones que puede llevar a cabo un agricultor -con consecuencias para la economía local, estatal y nacional. Es el mismo argumento con el que los defensores de la reforma intentarán convencer a los jueces.
El mandato individual
La ley exige a todos los ciudadanos norteamericanos que compren una póliza de seguro médico a partir de 2014 si no se la proporciona su lugar de trabajo.
"Quienes redactaron la ley consideraron que esto era crítico, el Gobierno necesitaba asegurarse que que todo el mundo tenía acceso a la sanidad y pensaron que no era posible sin esta obligación previa", explica Paul Clement, abogado que defenderá la inconstitucionalidad de la reforma. "Se trata de una provisión única en las leyes. En otras crisis nacionales el Congreso podía haber estimado que la solución estaba en obligar a los ciudadanos a comprar, pero nunca lo hicieron. Nunca he visto que esto funcione y suscita un problema básico: determinar cuáles son los límites del gobierno federal".
Neal Katyal, abogado representante del Gobierno de Obama, presentó el caso como una reacción a un problema de carácter nacional: los 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico por las condiciones anteriores a la reforma y que permitían a las aseguradoras rechazar a pacientes con problemas médicos preexistentes. "El Congreso eliminó esas condiciones para que todo el mundo tenga acceso a un seguro. El problema surge cuando los ciudadanos perciben que pueden estar sin seguro hasta el día que lo necesiten, que esperen a contratarlo a cuando estén enfermos", afirmó Katyal.
El Gobierno defiende que incluyó el mandato individual para garantizar que todos los ciudadanos tienen un seguro en todo momento. "No podemos equiparar, como ya se ha hecho, el seguro médico con el de un automóvil. En el caso de la industria del automóvil solo pagas por tus costes, no estás pagando la factura de nadie más", argumentó Katyal.
Michael Carvin, el abogado que representa a la federación de empresarios contra la reforma, reconoce que las compañías aseguradoras deben pagar casi 30.000 millones de dólares cada año para cubrir los gastos de personas sin seguro, gastos que acaban derivando a los que sí contratan una póliza, elevando su precio. "El Tribunal Supremo no va a poner en duda la razón que llevó a Congreso a aprobar esta regulación, lo que debe determinar es si tiene poder para articular un mandato constitucional o no", comentó.
¿Es equiparable el mandato a la obligación de pagar impuestos?
Muchos han comparado la obligación de adquirir una póliza de seguros, es decir, hacer una compra, con el pago de impuestos. El experto Amar simplificó este asunto argumentando que si el Congreso puede decidir cuántos impuestos cobrar a los ciudadanos, en qué va a invertir ese dinero y poner esa inversión -en infraestructuras, servicios, etc.- otra vez a su disposición, ¿por qué no puede decirles directamente en qué gastar ese dinero?
Éste es el principal punto de desacuerdo entre las partes: “Estamos hablando de una circunstancia única en la jurisprudencia de Estados Unidos: que el Gobierno obligue a los ciudadanos a hacer una compra para ayudar a bajar los precios”, afirmó Clement. La Administración Obama ha justificado la constitucionalidad de la reforma en la Cláusula Comercial de las competencias del Congreso, por la que se le otorga competencias para regular comercio entre los Estados.
Los defensores del Gobierno, sin embargo, argumentan que se trata de un mercado distinto a cualquier otro. “Todos los ciudadanos necesitarán este servicio en algún momento a lo largo de sus vidas”, defendió Katyal. “El Congreso no te está haciendo pagar por algo que no querías comprar, sino que está ayudando a que otros no lo paguen por ti, o que tú no lo pagues por ellos”, en referencia a la subida de precios que imponen las aseguradoras.
Mientras que el Gobierno defiende que el Congreso tiene que legislar en esta materia a nivel nacional, porque si un estado no regula en un asunto, las consecuencias pueden sufrirse en otro; los republicanos, según Clement, consideran que se trata de una industria comercial -no una crisis nacional que deban resolver-, y las leyes de comercio de EE UU prohíben al Gobierno obligar a los ciudadanos a que compren.
Los defensores de la reforma, alegarán que sí se puede, comparando el mandato con la obligación que impuso el Gobierno a los ciudadanos, a través de los rescates de la industria automovilística financiado con impuestos de todos los norteamericanos y que les obligó a destinar ese dinero a tres compañías en bancarrota.
Sostenibilidad legal si el mandato individual es rechazado
Los cuatro expertos coincidieron en que la inconstitucionalidad del mandato individual dificultaría gravemente la aplicación de la ley al completo, dado que está basada en la obligación de adquirir una póliza de seguros para hacer que sean más asequibles para todos los ciudadanos. El Gobierno de Obama, afirmaron, negociaría con todas las agencias federales para estudiar las posibles consecuencias y las adaptaciones de la ley que serán necesarias para garantizar su articulación una vez que entre en vigor.
¿Qué pretende solucionar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible?
Con la ley de reforma del sistema sanitario, el Congreso intentó romper un círculo vicioso: 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico; cuando uno de ellos necesita atención médica, las aseguradoras deben pagársela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las pólizas de los ciudadanos que sí tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1.000 dólares extra cada mes para cubrir ese margen. El precio tan elevado, a su vez, hace que muchos ciudadanos no puedan costearse el seguro, especialmente si carecen de empleo.
¿Hay una crisis nacional que resolver?
Las leyes comerciales norteamericanas exigen que el Congreso responda con la legislación a un problema a nivel nacional o entre dos Estados que sean incapaces de resolverlo por sí mismos. Sin embargo, las dos partes implicadas no están de acuerdo en si 50 millones de ciudadanos sin seguro médico equivale a un problema nacional.
Michael Carvin, abogado de la acusación, pronunció en una comparecencia en Washington el pasado mes de febrero una de las preguntas claves en este caso y que más han empleado los detractores de la reforma: “¿Por qué supone un problema que yo no tenga seguro mientras no lo necesito?”
Según Akhil Amar, profesor de derecho de la Universidad de Yale, “se trata de resolver un problema entre los Estados porque los costes que corresponden a unas personas estaban siendo impuestos a otras”. En este sentido, el antecedente más reciente en el Tribunal Supremo es una sentencia de 1942 mantuvo la vigencia de una ley federal que había sido disputada como una cláusula comercial. El alto tribunal estableció que el Congreso no había sobrepasado sus competencias al regular un asunto económico como el tipo de plantaciones que puede llevar a cabo un agricultor -con consecuencias para la economía local, estatal y nacional. Es el mismo argumento con el que los defensores de la reforma intentarán convencer a los jueces.
El mandato individual
La ley exige a todos los ciudadanos norteamericanos que compren una póliza de seguro médico a partir de 2014 si no se la proporciona su lugar de trabajo.
"Quienes redactaron la ley consideraron que esto era crítico, el Gobierno necesitaba asegurarse que que todo el mundo tenía acceso a la sanidad y pensaron que no era posible sin esta obligación previa", explica Paul Clement, abogado que defenderá la inconstitucionalidad de la reforma. "Se trata de una provisión única en las leyes. En otras crisis nacionales el Congreso podía haber estimado que la solución estaba en obligar a los ciudadanos a comprar, pero nunca lo hicieron. Nunca he visto que esto funcione y suscita un problema básico: determinar cuáles son los límites del gobierno federal".
Neal Katyal, abogado representante del Gobierno de Obama, presentó el caso como una reacción a un problema de carácter nacional: los 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico por las condiciones anteriores a la reforma y que permitían a las aseguradoras rechazar a pacientes con problemas médicos preexistentes. "El Congreso eliminó esas condiciones para que todo el mundo tenga acceso a un seguro. El problema surge cuando los ciudadanos perciben que pueden estar sin seguro hasta el día que lo necesiten, que esperen a contratarlo a cuando estén enfermos", afirmó Katyal.
El Gobierno defiende que incluyó el mandato individual para garantizar que todos los ciudadanos tienen un seguro en todo momento. "No podemos equiparar, como ya se ha hecho, el seguro médico con el de un automóvil. En el caso de la industria del automóvil solo pagas por tus costes, no estás pagando la factura de nadie más", argumentó Katyal.
Michael Carvin, el abogado que representa a la federación de empresarios contra la reforma, reconoce que las compañías aseguradoras deben pagar casi 30.000 millones de dólares cada año para cubrir los gastos de personas sin seguro, gastos que acaban derivando a los que sí contratan una póliza, elevando su precio. "El Tribunal Supremo no va a poner en duda la razón que llevó a Congreso a aprobar esta regulación, lo que debe determinar es si tiene poder para articular un mandato constitucional o no", comentó.
¿Es equiparable el mandato a la obligación de pagar impuestos?
Muchos han comparado la obligación de adquirir una póliza de seguros, es decir, hacer una compra, con el pago de impuestos. El experto Amar simplificó este asunto argumentando que si el Congreso puede decidir cuántos impuestos cobrar a los ciudadanos, en qué va a invertir ese dinero y poner esa inversión -en infraestructuras, servicios, etc.- otra vez a su disposición, ¿por qué no puede decirles directamente en qué gastar ese dinero?
Éste es el principal punto de desacuerdo entre las partes: “Estamos hablando de una circunstancia única en la jurisprudencia de Estados Unidos: que el Gobierno obligue a los ciudadanos a hacer una compra para ayudar a bajar los precios”, afirmó Clement. La Administración Obama ha justificado la constitucionalidad de la reforma en la Cláusula Comercial de las competencias del Congreso, por la que se le otorga competencias para regular comercio entre los Estados.
Los defensores del Gobierno, sin embargo, argumentan que se trata de un mercado distinto a cualquier otro. “Todos los ciudadanos necesitarán este servicio en algún momento a lo largo de sus vidas”, defendió Katyal. “El Congreso no te está haciendo pagar por algo que no querías comprar, sino que está ayudando a que otros no lo paguen por ti, o que tú no lo pagues por ellos”, en referencia a la subida de precios que imponen las aseguradoras.
Mientras que el Gobierno defiende que el Congreso tiene que legislar en esta materia a nivel nacional, porque si un estado no regula en un asunto, las consecuencias pueden sufrirse en otro; los republicanos, según Clement, consideran que se trata de una industria comercial -no una crisis nacional que deban resolver-, y las leyes de comercio de EE UU prohíben al Gobierno obligar a los ciudadanos a que compren.
Los defensores de la reforma, alegarán que sí se puede, comparando el mandato con la obligación que impuso el Gobierno a los ciudadanos, a través de los rescates de la industria automovilística financiado con impuestos de todos los norteamericanos y que les obligó a destinar ese dinero a tres compañías en bancarrota.
Sostenibilidad legal si el mandato individual es rechazado
Los cuatro expertos coincidieron en que la inconstitucionalidad del mandato individual dificultaría gravemente la aplicación de la ley al completo, dado que está basada en la obligación de adquirir una póliza de seguros para hacer que sean más asequibles para todos los ciudadanos. El Gobierno de Obama, afirmaron, negociaría con todas las agencias federales para estudiar las posibles consecuencias y las adaptaciones de la ley que serán necesarias para garantizar su articulación una vez que entre en vigor.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario