Los grandes laboratorios plantan la subasta de fármacos de Andalucía
Solo cuatro de los 11 adjudicatarios firman el acuerdo
La Junta anuncia medidas legales contra los que no han firmado
Emilio de Benito / Reyes Rincón Madrid / Sevilla23 MAR 2012 - 14:12 CET25
La última medida innovadora de la Junta de Andalucía para ahorrar en medicamentos ha fracasado antes de llegar a ponerse en marcha. La propuesta, una subasta a la baja del suministro de fármacos para dispensar en las farmacias debía firmarse hoy, pero solo cuatro de los 11 laboratorios que ganaron el concurso lo han hecho. Son, además, cuatro empresas pequeñas (Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo), por lo que el objetivo de ahorro de la Junta (40 millones) va a resultar inalcanzable.
La decisión se precipitó después de que trascendiera un informe del Consejo del Estado contrario a la medida. Aunque los trabajos de este organismo no son vinculantes, se ha interpretado que ponen en bandeja al Ministerio de Sanidad, que se planteaba recurrir la medida ante el Constitucional, su impugnación.
La fisura entre los firmantes la abrió ayer Sanofi, y hoy, antes de la firma, ya se había adherido Bayer. En medios especializados de sanidad se aseguraba que tampoco lo harían Nycomed y Abbott, entre otros, y que incluso los grandes fabricantes de genéricos indios se apuntarán al plante, como así ha sido.
Como ejemplo del porqué de la medida, Bayer ha indicado en un correo remitido a EL PAÍS que “en vista de las conclusiones alcanzadas por el Consejo de Estado, que encuentran fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y ante las serias dudas e impugnaciones de diferentes colectivos del ámbito de la Salud, Bayer ha decidido suspender la firma del Convenio con el Servicio Andaluz de Salud a la espera de una aclaración sobre la constitucionalidad y legalidad del proceso”.
Por su parte, Sanofi, en un escrito remitido al Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), también justificó la renuncia en un dictamen del Consejo de Estado que cuestiona la legalidad de la subasta, con la que Andalucía prevé ahorrar 40 millones de euros al año. El laboratorio ha informado también de su decisión al sector y en un escrito recuerda que, desde el principio, se mostró contrario a la subasta de medicamentos y que recurrió el procedimiento dos veces por la vía administrativa. Sin embargo, decidió participar. “Por nuestro deber hacia los pacientes y hacia nuestros empleados, nos vimos obligados a presentar una oferta a la subasta andaluza”, explica la compañía en el texto remitido al sector. Y añade:
“Nuestro objetivo no ha sido el de ganar a cualquier precio sino el de no privar a los pacientes andaluces de seguir disponiendo de nuestros medicamentos. Pero Sanofi no es responsable del proceso de venta que impone la Junta de Andalucía. Somos los primeros perjudicados por este proceso”.
El Consejo de Estado —cuyo informe no se ha hecho público— ha abierto la puerta a la impugnación de la norma, que el PSOE propuso hace unos días extender a toda España, con el argumento de que si en Andalucía el ahorro estimado iba a ser, en una primera fase, de 40 millones, en toda España se podría llegar a 1.500 millones. El Congreso rechazó el 15 de marzo la proposición no de ley.
La postura de los grandes laboratorios deja sin efecto la medida, justo el último día antes del posible cambio de Gobierno en Andalucía, que celebra elecciones el domingo. Supone un respaldo a la postura de la patronal Farmaindustria, que prefería que nadie se presentara para así evitar el recorte de los precios.
Farmaindustria no lo consiguió, pero en cambio los fabricantes de genéricos adscritos a la patronal Aeseg sí que mantuvieron la unidad, y ninguno de sus asociados acudió a la llamada de la Junta. También el Gobierno central había amenazado con presentar recurso de inconstitucionalidad.
La consejera de Salud Andaluza, María Jesús Montero, anunció, justo después del plante de los grandes laboratorios, que estudiaría tomar medidas legales contra los que incumplieron el contrato.
La decisión se precipitó después de que trascendiera un informe del Consejo del Estado contrario a la medida. Aunque los trabajos de este organismo no son vinculantes, se ha interpretado que ponen en bandeja al Ministerio de Sanidad, que se planteaba recurrir la medida ante el Constitucional, su impugnación.
La fisura entre los firmantes la abrió ayer Sanofi, y hoy, antes de la firma, ya se había adherido Bayer. En medios especializados de sanidad se aseguraba que tampoco lo harían Nycomed y Abbott, entre otros, y que incluso los grandes fabricantes de genéricos indios se apuntarán al plante, como así ha sido.
Como ejemplo del porqué de la medida, Bayer ha indicado en un correo remitido a EL PAÍS que “en vista de las conclusiones alcanzadas por el Consejo de Estado, que encuentran fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y ante las serias dudas e impugnaciones de diferentes colectivos del ámbito de la Salud, Bayer ha decidido suspender la firma del Convenio con el Servicio Andaluz de Salud a la espera de una aclaración sobre la constitucionalidad y legalidad del proceso”.
Por su parte, Sanofi, en un escrito remitido al Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), también justificó la renuncia en un dictamen del Consejo de Estado que cuestiona la legalidad de la subasta, con la que Andalucía prevé ahorrar 40 millones de euros al año. El laboratorio ha informado también de su decisión al sector y en un escrito recuerda que, desde el principio, se mostró contrario a la subasta de medicamentos y que recurrió el procedimiento dos veces por la vía administrativa. Sin embargo, decidió participar. “Por nuestro deber hacia los pacientes y hacia nuestros empleados, nos vimos obligados a presentar una oferta a la subasta andaluza”, explica la compañía en el texto remitido al sector. Y añade:
“Nuestro objetivo no ha sido el de ganar a cualquier precio sino el de no privar a los pacientes andaluces de seguir disponiendo de nuestros medicamentos. Pero Sanofi no es responsable del proceso de venta que impone la Junta de Andalucía. Somos los primeros perjudicados por este proceso”.
El Consejo de Estado —cuyo informe no se ha hecho público— ha abierto la puerta a la impugnación de la norma, que el PSOE propuso hace unos días extender a toda España, con el argumento de que si en Andalucía el ahorro estimado iba a ser, en una primera fase, de 40 millones, en toda España se podría llegar a 1.500 millones. El Congreso rechazó el 15 de marzo la proposición no de ley.
La postura de los grandes laboratorios deja sin efecto la medida, justo el último día antes del posible cambio de Gobierno en Andalucía, que celebra elecciones el domingo. Supone un respaldo a la postura de la patronal Farmaindustria, que prefería que nadie se presentara para así evitar el recorte de los precios.
Farmaindustria no lo consiguió, pero en cambio los fabricantes de genéricos adscritos a la patronal Aeseg sí que mantuvieron la unidad, y ninguno de sus asociados acudió a la llamada de la Junta. También el Gobierno central había amenazado con presentar recurso de inconstitucionalidad.
La consejera de Salud Andaluza, María Jesús Montero, anunció, justo después del plante de los grandes laboratorios, que estudiaría tomar medidas legales contra los que incumplieron el contrato.
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