Los empresarios ofrecen a Rajoy un plan para ocupar las camas de los geriátricos
La patronal de la dependencia calcula que financiar el sector con 700 millones generaría retornos por 792 y se crearían 38.500 empleos inmediatos
Los empresarios de los servicios sociales han entregado al presidente del Gobierno un estudio en el que señalan las ventajas económicas de ocupar las 50.000 camas vacías que tienen en los geriátricos. De inmediato, dicen, se podría sacar del desempleo a 38.500 personas que, una vez incorporadas al mundo laboral, aportarían con sus impuestos y los de las propias empresas 792 millones de euros. El dinero público financiaría parte de la ocupación de estas plazas por un coste de 700 millones de euros, que generarían un retorno final de 92 millones anuales, según los cálculos de este estudio, para los que se han tenido en cuenta el ahorro en subsidios por desempleo así como el incremento en nuevas cotizaciones a la Seguridad Social y recaudaciones fiscales por IVA, IRPF. Datos parecidos se hicieron llegar al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, pero los empresarios se quejan de que no encuentran en ese departamento el eco que reclaman.
Este estudio, encargado por la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED) a la recién creada Fundación Economía y Salud, calcula un precio de cada plaza de residencia de 1.664 euros y deja patente que demanda es justo lo que sobra, porque en la actualidad –esto son datos oficiales- hay una lista de espera de 239.000 dependientes con derecho a una ayuda, “el 40% de los cuales precisaría una plaza sociosanitaria”.
El informe entregado en Moncloa presenta, además, un plan especial para la creación de nuevas plazas sociosanitarias que pudieran cubrir la demanda aún existente y la por venir. “La construcción de estas infraestructuras, otras 50.000 plazas, así como la creación de unos 45.500 empleos para ayuda a domicilio, generará enormes estímulos en la economía y en el empleo”, sostienen. Alcanzan a calcular que el sector de la construcción emplearía a 21.875 personas y a otras 60.964 para atender esa nueva oferta de servicios.
Para este plan buscan la colaboración pública, porque entienden que la red sanitaria española está atendiendo a enfermos crónicos o personas en periodos de convalecencia o rehabilitación que podrían encontrar acomodo en otros centros sociosanitarios a un coste para el erario público "casi tres veces inferior”. El traslado de la mitad de estos usuarios a los nuevos centros asistenciales “no debería generar un efecto neto apreciable sobre el empleo, puesto que tras la reorganización de sector sanitario el personal no funcionario e interino sería reabsorbido en las nuevas unidades de recuperación funcional”, aseguran.
El informe cifra en 14.500 las camas que se ocupan de estos casos en 119 hospitales, que el propio sistema sanitario público define como plazas de geriatría y/o larga estancia, con un gasto de 900 millones de euros anuales. Los nuevos centros sociosanitarios podrían atender a la mitad, 7.250, por unos 210 millones, afirman. En la oferta presentada al Gobierno recuerdan que el usuario, al entrar por la puerta de los servicios sociales aportaría un copago del 30% del total del coste.
Las tres medidas planteadas al Gobierno, ocupación de las 50.000 plazas vacías de residencias, creación de infraestructuras nuevas para fines similares y el trasvase de crónicos del sector puramente sanitario al sociosanitario ahorrarían “1.900 millones en cuatro años”, calcula este informe.
Este no es el primer estudio en el que se pone en cifras, aunque con diferentes modelos de gestión, la importante cantera de empleos que supondría en España mantener un ritmo fluido y profesional de asistencia a las personas dependientes, entre otros. Y no todos parten del sector empresarial. Así lo reconocen también los profesionales de los servicios sociales públicos que siempre han añadido que estos empleos, además, no son deslocalizables, por no hablar del impacto de género que tendría el impulso en este sector, dado que son miles las mujeres que han dejado sus trabajos por encargarse de atender a sus mayores o familiares con discapacidad y porque también es un sector que proporciona innumerable empleo a mujeres. De hecho, ese era uno de los fines reconocidos en la propia Ley de Dependencia
Este estudio, encargado por la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED) a la recién creada Fundación Economía y Salud, calcula un precio de cada plaza de residencia de 1.664 euros y deja patente que demanda es justo lo que sobra, porque en la actualidad –esto son datos oficiales- hay una lista de espera de 239.000 dependientes con derecho a una ayuda, “el 40% de los cuales precisaría una plaza sociosanitaria”.
El informe entregado en Moncloa presenta, además, un plan especial para la creación de nuevas plazas sociosanitarias que pudieran cubrir la demanda aún existente y la por venir. “La construcción de estas infraestructuras, otras 50.000 plazas, así como la creación de unos 45.500 empleos para ayuda a domicilio, generará enormes estímulos en la economía y en el empleo”, sostienen. Alcanzan a calcular que el sector de la construcción emplearía a 21.875 personas y a otras 60.964 para atender esa nueva oferta de servicios.
Para este plan buscan la colaboración pública, porque entienden que la red sanitaria española está atendiendo a enfermos crónicos o personas en periodos de convalecencia o rehabilitación que podrían encontrar acomodo en otros centros sociosanitarios a un coste para el erario público "casi tres veces inferior”. El traslado de la mitad de estos usuarios a los nuevos centros asistenciales “no debería generar un efecto neto apreciable sobre el empleo, puesto que tras la reorganización de sector sanitario el personal no funcionario e interino sería reabsorbido en las nuevas unidades de recuperación funcional”, aseguran.
El informe cifra en 14.500 las camas que se ocupan de estos casos en 119 hospitales, que el propio sistema sanitario público define como plazas de geriatría y/o larga estancia, con un gasto de 900 millones de euros anuales. Los nuevos centros sociosanitarios podrían atender a la mitad, 7.250, por unos 210 millones, afirman. En la oferta presentada al Gobierno recuerdan que el usuario, al entrar por la puerta de los servicios sociales aportaría un copago del 30% del total del coste.
Las tres medidas planteadas al Gobierno, ocupación de las 50.000 plazas vacías de residencias, creación de infraestructuras nuevas para fines similares y el trasvase de crónicos del sector puramente sanitario al sociosanitario ahorrarían “1.900 millones en cuatro años”, calcula este informe.
Este no es el primer estudio en el que se pone en cifras, aunque con diferentes modelos de gestión, la importante cantera de empleos que supondría en España mantener un ritmo fluido y profesional de asistencia a las personas dependientes, entre otros. Y no todos parten del sector empresarial. Así lo reconocen también los profesionales de los servicios sociales públicos que siempre han añadido que estos empleos, además, no son deslocalizables, por no hablar del impacto de género que tendría el impulso en este sector, dado que son miles las mujeres que han dejado sus trabajos por encargarse de atender a sus mayores o familiares con discapacidad y porque también es un sector que proporciona innumerable empleo a mujeres. De hecho, ese era uno de los fines reconocidos en la propia Ley de Dependencia
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