Sanidad retrasa el grueso de los recortes
El ahorro de 7.000 millones previsto resulta inalcanzable al ritmo actual
La revisión de la cartera de servicios no estará hasta después de las elecciones del 21-O
La ministra de Sanidad, Ana Mato, antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. / uly martín
El grueso de la reforma sanitaria tendrá que esperar. Pese a su anuncio en abril —casi forzado por el imperativo de ahorrar 7.000 millones en un año que formuló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy—, las medidas se retrasan. Porque salvo las medidas fáciles (el cambio del copago o repago y la exclusión de los extranjeros en situación irregular), las demás propuestas están solo esbozadas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (la reunión de máximo nivel entre comunidades y el Ministerio de Sanidad) de ayer así lo manifestó. A los cinco meses del real decreto ley de los recortes, fue de carácter “técnico y administrativo”, como admitió el propio departamento que dirige Ana Mato en la nota correspondiente. Tanto, que por primera vez ningún miembro del ministerio compareció en la rueda de prensa posterior, lo que motivó una protesta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
De hecho, la principal medida aprobada en el consejo fue la de las pólizas especiales para atender a extranjeros (una especie de seguro para inmigrantes en situación irregular). Sanidad insiste en que con ello no se pretende paliar el problema de la atención a los auténticos sin papeles, sino que es más bien una medida destinada, por ejemplo, a estadounidenses sin seguro en su país o para paliar el denominado turismo sanitario de ciudadanos europeos que prefieren tratarse en España, por ejemplo, porque el copago aquí no existe o para evitarse esperas o escoger el lugar donde pasar la convalecencia. También servirá para los españoles que nunca hayan cotizado pero ganen más de 100.000 euros al año (rentistas). Este seguro costará 710,40 euros anuales en el caso de menores de 65 años, y 1.864,80 euros anuales para los mayores de esa edad. Sanidad no tiene un cálculo del ahorro que puede suponer. Lo que sí midió el Tribunal de Cuentas en 2009 fue el coste del turismo sanitario (917 millones de euros).
Esta medida de excluir a los extranjeros sin papeles (inmigrantes o turistas y estudiantes), junto con las destinadas a reducir el gasto en farmacia, son las únicas que están ya en vigor. Al repago de los medicamentos el ministerio atribuye 400 millones de ahorro en los últimos dos meses, aunque ahí entran también los 80 millones que habría bajado la partida sin tomar esas medidas, si se asume que se hubiera mantenido el descenso de un 4% mensual que venía registrando la partida hasta junio. Este es el único concepto en el que los ahorros posibles se acercan a los previstos (a 200 millones por mes, en los siete meses que quedan para que se cumpla el año se llegaría a los 1.400 millones, cerca de los 1.500 millones presupuestados).
El resto de las partidas para ahorrar está todavía casi en mantillas. El consejo aprobó ayer crear una red de agencias de evaluación integrando las autonómicas ya existentes con la estatal. Su papel será clave para conseguir un ahorro permanente, ya que les corresponderá revisar la cartera de servicios básica (la común a todas las comunidades). Con ello pretende ahorrar 700 millones, según la memoria económica del real decreto ley. Claro que, para eso, habrá que empezar a igualar criterios y eliminar prestaciones obsoletas, algo que se sabe que está en marcha, pero sobre lo que no se ha tomado ninguna decisión aún.
Tampoco se tomó ninguna decisión sobre otro los temas que se están trabajando: qué pasará con el resto de prestaciones de la cartera secundaria (transporte sanitario no urgente, dietoterápicos, ortoprótesis). Se prevé que tengan un copago —con excepciones—, pero no está definido todavía.
Estos dos conceptos son muy delicados desde el punto de vista de la opinión pública, por lo que el retraso de los grupos de trabajo es comprensible. Y fuentes del PSOE afirman que, por eso mismo, a ello se une la conveniencia para decidirlo después de las elecciones gallegas y vascas del 21 de octubre.
También se decidió crear una plataforma de compras centralizada. Con ello se quiere agilizar un sistema que, hasta ahora, solo se ha usado para la vacuna de la gripe y las del resto del calendario vacunal común, con un ahorro estimado de 30 millones. Una cantidad importante, pero muy lejos de los 500 millones atribuidos en la memoria económica.
Esta medida de excluir a los extranjeros sin papeles (inmigrantes o turistas y estudiantes), junto con las destinadas a reducir el gasto en farmacia, son las únicas que están ya en vigor. Al repago de los medicamentos el ministerio atribuye 400 millones de ahorro en los últimos dos meses, aunque ahí entran también los 80 millones que habría bajado la partida sin tomar esas medidas, si se asume que se hubiera mantenido el descenso de un 4% mensual que venía registrando la partida hasta junio. Este es el único concepto en el que los ahorros posibles se acercan a los previstos (a 200 millones por mes, en los siete meses que quedan para que se cumpla el año se llegaría a los 1.400 millones, cerca de los 1.500 millones presupuestados).
El resto de las partidas para ahorrar está todavía casi en mantillas. El consejo aprobó ayer crear una red de agencias de evaluación integrando las autonómicas ya existentes con la estatal. Su papel será clave para conseguir un ahorro permanente, ya que les corresponderá revisar la cartera de servicios básica (la común a todas las comunidades). Con ello pretende ahorrar 700 millones, según la memoria económica del real decreto ley. Claro que, para eso, habrá que empezar a igualar criterios y eliminar prestaciones obsoletas, algo que se sabe que está en marcha, pero sobre lo que no se ha tomado ninguna decisión aún.
Tampoco se tomó ninguna decisión sobre otro los temas que se están trabajando: qué pasará con el resto de prestaciones de la cartera secundaria (transporte sanitario no urgente, dietoterápicos, ortoprótesis). Se prevé que tengan un copago —con excepciones—, pero no está definido todavía.
Estos dos conceptos son muy delicados desde el punto de vista de la opinión pública, por lo que el retraso de los grupos de trabajo es comprensible. Y fuentes del PSOE afirman que, por eso mismo, a ello se une la conveniencia para decidirlo después de las elecciones gallegas y vascas del 21 de octubre.
También se decidió crear una plataforma de compras centralizada. Con ello se quiere agilizar un sistema que, hasta ahora, solo se ha usado para la vacuna de la gripe y las del resto del calendario vacunal común, con un ahorro estimado de 30 millones. Una cantidad importante, pero muy lejos de los 500 millones atribuidos en la memoria económica.
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