MÉDICOS, ABOGADOS Y UNA MAGISTRADA IMPLICADOS EN EL CASO
La condena de un millón de euros al Sermas fue debatida en La Paz
"Ni la Medicina, ni el Derecho son ciencias exactas". Sólo teniendo muy presentes estas palabras de Inés Huerta, magistrada de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se puede entender el debate que tuvo lugar en la primera jornada del Foro de Sanidad y Derecho que se celebró el pasado jueves en el Salón de Actos del Hospital Infantil de La Paz.
S. Valle | 01/10/2012 00:00
La magistrada junto con Eduardo Asensi, abogado del despacho Asjusa-Letramed, y los médicos Antonio González, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina y hasta el pasado viernes jefe de servicio de esta especialidad en el hospital, y Manuel Jiménez Lendinez, jefe de Servicio de Medicina Intensiva del hospital, formaron el grupo de ponentes encargados de indagar en los detalles del caso práctico sobre el que se discutió: el fallecimiento en 2004 de una joven gestante a las 36 horas de entrar en el Hospital La Paz y después de dar a luz por cesárea.
La Paz paga
La reclamación de los padres y el marido de la fallecida motivaron dos resoluciones encontradas, una del TSJ de Madrid que absolvió al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y otra del Supremo que revocó la resolución anterior y condenó a la Administración a indemnizar con un millón de euros a la familia (ver DM del 17 -VII-2012).
El seguro de responsabilidad patrimonial de la Administración con Zurich tiene una cobertura máxima de 600.000 euros; el resto, hasta el millón de euros, corre a cargo del hospital. Javier Cobas Gamallo, subdirector gerente del Hospital Materno Infantil de La Paz, se acuerda perfectamente de la cuestión a debate porque ocurrió en noviembre de 2004 y en enero de ese año llegó a trabajar al hospital. "Poder hablar del caso ha sido una especie de exorcismo", señala.
Cobas ha puesto en marcha estas jornadas sobre Sanidad y Medina porque considera que el médico debe saber más de Derecho y afirma que "vivimos de espaldas al Derecho y no puede ser así, porque los jueces hacen sentencias que muchas veces no tienen en cuenta al médico".
Con la razón a la espaldaDespués de la primera sesión, médicos, abogados y también la magistrada se sienten satisfechos. Ha sido una batalla dialéctica difícil.
Todos los ponentes, excepto el médico intensivista, estuvieron directamente implicados y, además, en el mismo bando. El abogado defendió a la compañía que perdió el juicio, la magistrada vio revocada su resolución por el Supremo y el obstetra, recién jubilado, fue quien atendió a la fallecida.
El Supremo sostuvo su sentencia en la duda expresada en el informe del perito judicial, médico intensivista, sobre si la atención recibida no hubiera podido ser mejor. Pero sobre todo condenó porque la gestante no firmó el consentimiento informado antes de que le hicieran la cesaria.
La causa más probable de la muerte fue el fallo anafiláctico, como reación al Augmentine, pero la autopsia no se pudo realizar por negativa de la familia, según apuntó el ginecólogo González.
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