Madrid jubila forzosamente y por sorpresa a 700 de sus médicos
El colegio profesional denuncia el trato “vejatorio” al personal de mayor experiencia y alerta de que el “ahorro fácil” puede afectar a los pacientes
'LOS FUSILAMIENTOS DE LA SANIDAD PÚBLICA'. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la organización que ha liderado las protestas contra la privatización de seis hospitales públicos en Madrid, organizó frente al Museo del Prado una escenificación del célebre cuadro de Goya. / Álvaro García
Víctor Gutiérrez Millet, nefrólogo de 68 años con cuatro décadas de carrera en el hospital 12 de Octubre de Madrid, jamás pensó que su dedicación exclusiva a la sanidad pública iba a acabar así, de sopetón y sin siquiera una palabra de gratitud. Poco antes de terminar su jornada del 30 de abril, antes de un largo puente —el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid— le llamaron de Personal. Le entregaron una carta en la que comunicaban su jubilación forzosa por superar los 65 años. “Una carta de una crueldad increíble, aséptica, sin una sola frase de agradecimiento por la entrega profesional de 40 años”, asegura. Solo en su servicio hay dos jubilados forzosos más; en todo el hospital, unos 150. La sanidad madrileña pierde, de golpe, 700 especialistas (son 15.000 en total), según cálculos del Colegio de Médicos de Madrid.
El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los médicos mayores de 65 años, que hasta ahora podían prolongar su actividad hasta los 70 si superaban un examen físico y psicológico. Y lo hace, como anunció en marzo, para ahorrar. Los facultativos que rondan esa edad son los mejor pagados del sistema. Acumulan trienios y carrera profesional, y muchos ocupan jefaturas. En lugar de ir jubilándolos progresivamente, de manera que los servicios donde trabajan pudieran reprogramar las consultas, la Consejería de Sanidad —con la que este diario no pudo contrastar los datos en dos días— ha optado por hacerlo de golpe y minutos antes de un puente. La gran mayoría de las plazas se quedan sin cubrir, puesto que la tasa de reposición es, como para el resto de funcionarios, del 10%.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha convocado un día de huelga a la semana a partir del próximo 7 de mayo, es decir, pocos días después de la marcha de 700 médicos mayores de 65 años que acaban de ser jubilados de manera forzosa.
“¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?”. Esta es la pregunta que se planteará a los ciudadanos en la consulta popular que el personal sanitario madrileño ha organizado para los próximos 5 y el 10 de mayo. Se puede consultar la ubicación de las mesas para votar en www.consultaporlasanidad.org .
Una carta firmada por 12.000 usuarios y trabajadores del hospital Infanta Sofía de Parla —uno de los que se privatizarán— anuncia que los pacientes cambiarán de centro sanitario y pedirán ser atendidos en otro “cien por cien público”.
El Colegio de Médicos de Madrid alerta de que prescindir, sin planificación, de tal cantidad de especialistas en pro de un “ahorro fácil” puede afectar a la asistencia. Que su marcha se produzca “de forma sorpresiva implica un desprecio hacia los pacientes, que este mismo lunes ya no encontrarán a sus médicos y, posiblemente, a ningún otro facultativo con su experiencia, peso o preparación”, añade, y habla de trato "vejatorio" por la forma en que la Consejería de Sanidad ha comunicado la marcha de los trabajadores.
La carta que recibieron el martes los facultativos indicaba que su contrato acaba el 15 de mayo. La de Gutiérrez Millet, fundador del servicio de Nefrología del 12 de Octubre —el hospital líder en trasplantes renales y pancreáticos en España— y con decenas de publicaciones en revistas médicas, le recordaba que le quedan nueve días de vacaciones y le invitaban a tomárselas. Son exactamente los días laborables que faltan hasta el día 15, así que podría no volver a pisar su puesto de trabajo. “Pero mis compañeros y yo tenemos consultas el lunes, y vamos a ir”, asegura. También Rufino Paz, internista del hospital de Getafe de 68 años, trabajará hoy. “Mis enfermos están citados y a algunos les conozco de muchos años. No puedo irme así, en algunos casos tengo que decidir tratamientos. Si al menos me hubieran dado tiempo para organizarme...”, se lamenta.
Como su compañero del 12 de Octubre, Paz está indignado por “las formas y la mala educación” con la que la Comunidad de Madrid les jubila. Ambos habían firmado al cumplir los 65 años una prolongación hasta los 70. “Han cambiado la ley y nos la aplican con efecto retroactivo”, se queja.
A finales del año pasado la Comunidad modificó la normativa y hace unas semanas aprobó un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que consagra el final de la carrera de los médicos a los 65, salvo “un máximo” de un 30% de los que soliciten seguir. Gutiérrez Millet asegura que no conoce a ninguno que haya podido quedarse y que a él le han denegado la prórroga basándose en razones “absolutamente falsas”. “No es cierto que mi servicio esté suficientemente dotado”, afirma. Tampoco han tenido en cuenta, lamenta, sus publicaciones ni su gestión de las consultas externas de nefrología, que con él “pasaron de tener una lista de espera de tres meses a 10 días de media”.
El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, lamenta “la falta de respeto” con la que Madrid ha despedido a los profesionales. “Iremos a la huelga en defensa de nuestro sistema y de nuestros pacientes”, añade. Otras comunidades han modificado su legislación en los últimos años para jubilar a los médicos a los 65. Cataluña tuvo que dar marcha atrás obligada por los tribunales. “Lo peor es que mi puesto se amortiza”, se lamenta Paz. “Quiero trabajar. Tengo más experiencia y motivación ahora que con 40 años”.
El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los médicos mayores de 65 años, que hasta ahora podían prolongar su actividad hasta los 70 si superaban un examen físico y psicológico. Y lo hace, como anunció en marzo, para ahorrar. Los facultativos que rondan esa edad son los mejor pagados del sistema. Acumulan trienios y carrera profesional, y muchos ocupan jefaturas. En lugar de ir jubilándolos progresivamente, de manera que los servicios donde trabajan pudieran reprogramar las consultas, la Consejería de Sanidad —con la que este diario no pudo contrastar los datos en dos días— ha optado por hacerlo de golpe y minutos antes de un puente. La gran mayoría de las plazas se quedan sin cubrir, puesto que la tasa de reposición es, como para el resto de funcionarios, del 10%.
El conflicto por la privatización se recrudece
E. G. S.
La aprobación de los pliegos del concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos madrileños (el mayor paquete privatizador impulsado en España) ha reavivado las protestas de los sanitarios. El Gobierno regional ha intentado aplacar la marea blanca al obligar a las empresas adjudicatarias a contratar a todo el personal actual —eso sí, sin especificar duración de los contratos ni condiciones—, pero no lo ha logrado.La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha convocado un día de huelga a la semana a partir del próximo 7 de mayo, es decir, pocos días después de la marcha de 700 médicos mayores de 65 años que acaban de ser jubilados de manera forzosa.
“¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?”. Esta es la pregunta que se planteará a los ciudadanos en la consulta popular que el personal sanitario madrileño ha organizado para los próximos 5 y el 10 de mayo. Se puede consultar la ubicación de las mesas para votar en www.consultaporlasanidad.org .
Una carta firmada por 12.000 usuarios y trabajadores del hospital Infanta Sofía de Parla —uno de los que se privatizarán— anuncia que los pacientes cambiarán de centro sanitario y pedirán ser atendidos en otro “cien por cien público”.
La carta que recibieron el martes los facultativos indicaba que su contrato acaba el 15 de mayo. La de Gutiérrez Millet, fundador del servicio de Nefrología del 12 de Octubre —el hospital líder en trasplantes renales y pancreáticos en España— y con decenas de publicaciones en revistas médicas, le recordaba que le quedan nueve días de vacaciones y le invitaban a tomárselas. Son exactamente los días laborables que faltan hasta el día 15, así que podría no volver a pisar su puesto de trabajo. “Pero mis compañeros y yo tenemos consultas el lunes, y vamos a ir”, asegura. También Rufino Paz, internista del hospital de Getafe de 68 años, trabajará hoy. “Mis enfermos están citados y a algunos les conozco de muchos años. No puedo irme así, en algunos casos tengo que decidir tratamientos. Si al menos me hubieran dado tiempo para organizarme...”, se lamenta.
Como su compañero del 12 de Octubre, Paz está indignado por “las formas y la mala educación” con la que la Comunidad de Madrid les jubila. Ambos habían firmado al cumplir los 65 años una prolongación hasta los 70. “Han cambiado la ley y nos la aplican con efecto retroactivo”, se queja.
A finales del año pasado la Comunidad modificó la normativa y hace unas semanas aprobó un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que consagra el final de la carrera de los médicos a los 65, salvo “un máximo” de un 30% de los que soliciten seguir. Gutiérrez Millet asegura que no conoce a ninguno que haya podido quedarse y que a él le han denegado la prórroga basándose en razones “absolutamente falsas”. “No es cierto que mi servicio esté suficientemente dotado”, afirma. Tampoco han tenido en cuenta, lamenta, sus publicaciones ni su gestión de las consultas externas de nefrología, que con él “pasaron de tener una lista de espera de tres meses a 10 días de media”.
El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, lamenta “la falta de respeto” con la que Madrid ha despedido a los profesionales. “Iremos a la huelga en defensa de nuestro sistema y de nuestros pacientes”, añade. Otras comunidades han modificado su legislación en los últimos años para jubilar a los médicos a los 65. Cataluña tuvo que dar marcha atrás obligada por los tribunales. “Lo peor es que mi puesto se amortiza”, se lamenta Paz. “Quiero trabajar. Tengo más experiencia y motivación ahora que con 40 años”.
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