lunes, 20 de mayo de 2013

Paliativos, en vez de asistir suicidios - DiarioMedico.com

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Tribuna

Paliativos, en vez de asistir suicidios

Las instituciones públicas en sociedades cada vez más longevas deben de promover la mejora de la calidad de vida, un papel que está lejos del recogido por el Tribunal de Estrasburgo en su fallo sobre suicidio asistido.
Yolanda Zuriarrain Reyna. Médico de Cuidados Paliativos del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA   |  17/05/2013 16:02
 

Cada vez hay más personas mayores en Europa. La esperanza de vida está aumentando en todo el continente, según el último informe de marzo de 2013 de la Oficina Regional de la Organización Mundial (OMS) de manera que, ahora mismo, la población media en la UE puede llegar a vivir hasta los 76 años.

La misma expresión utilizada para definir la longevidad, Esperanza de vida, es ya indicativo de que la vida es un valor, un bien en sí mismo que debe ser defendido, apoyado y potenciado, especialmente desde las disciplinas médicas y sanitarias, que se dedican esencialmente a buscar lo que es óptimo para la vida humana.


La polémica sentencia
Por ello, resulta especialmente sorprendente el fallo del Tribunal de Estrasburgo, uno de los órganos más importantes en pro de la defensa de los derechos humanos, al solicitar a Suiza que "defina con claridad en qué casos una persona, en plena posesión de sus facultades, puede exigir la prescripción de una sustancia que le ayude a morir", independientemente de que la persona en cuestión que concurría a la consulta del Tribunal no padeciera enfermedad ninguna más allá de la senectud. En este caso, la argumentación expuesta por el Tribunal ha sido que "no se debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental, que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal".

En este contexto, debemos considerar si el papel de las instituciones políticas y sanitarias no es, precisamente, promover avances que mejoren la calidad de vida de las personas durante el proceso de envejecimiento, en vez de plantearse el suicidio como la salida más garantista.

En este aspecto es también muy reciente la resolución de Irlanda sobre la misma materia, aunque con un resultado radicalmente opuesto: hace apenas un mes, se ratificaba el veto al suicidio asistido, asegurando que el suicidio es un "problema social" con "terribles consecuencias" para las familias y los enfermos. Los magistrados irlandeses consideraron que la decisión estaba "justificada desde el punto de vista del interés público", pues contribuye a proteger a los "más vulnerables". Ese tribunal aseguró que existe un "riesgo real" de que, incluso con las más "estrictas salvaguardas", la legalización del suicidio asistido impidiera proteger a los más vulnerables, como "los ancianos y los pobres", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad".

Se ha constatado que en los países en los que el suicidio asistido y la eutanasia es legal, las consultas a los equipos de Cuidados Paliativos se reducen notablemente. En Bélgica, los equipos de Cuidados Paliativos sólo fueron consultados en un 9 por ciento de los casos necesarios, viendo reducidas sus consultas en un 10 por ciento desde 2002 (Pereira J., Current Oncology, 2011).

De 2002 a 2012, el número de casos declarados en Bélgica, pasó de 232 a 1.432 (European Institute of Bioethics, abril de 2012). El 52 por ciento de las personas que solicitaron la muerte asistida tenían edades comprendidas entre los 60 y los 79 años, y el 26 superaba la edad de 79 años, según la Agencia Belga de Noticias.

En este contexto, el Tribunal de Estrasburgo se erige en garante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconocen la primacía de la defensa de la vida humana y sus derechos esenciales. Por ello, en una sociedad con una sobrevaloración de la autonomía como bien supremo y el sobreesfuerzo que supone para los familiares afrontar la dependencia, las instituciones deberían convertirse en adalides del derecho a la vida, promoviendo políticas de acceso a los servicios sociosanitarios básicos y especializados como solución a esta realidad.

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