Lo personal pesa más que lo social para abortar
Los expertos ponen en duda que exista una “violencia estructural” contra la mujer que empuje a interrumpir embarazos, como afirmó el ministro de Justicia
Sí se echan en falta ayuda a la maternidad y una educación sexual más sólida
El aborto es libre en las primeras 14 semanas. El Gobierno quiere reformarlo / BERNARDO PÉREZ
"Milonga”, “coartada”, “enmascaramiento”: la postura del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de enmarcar el aborto en la “violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo” provoca el rechazo frontal de los expertos. Ven en esas palabras una cortina de humo, una excusa para la pretensión del Gobierno de limitar el aborto —considerado como un derecho en las primeras 14 semanas desde 2010—. No, la violencia de género no es eso, explican. El aborto es una opción. La maternidad, también. Y ambos son derechos que se ejercen desde la libertad. Mujer y madre han dejado de ser sinónimos forzosos, recuerdan.
“Gallardón ha invertido los términos. Convierte maternidad y aborto en un dilema con un elemento añadido: llama violencia de género a lo que no lo es, y trata a las mujeres como si fueran menores de edad sin capacidad de decisión”, afirma la socióloga Soledad Murillo, madre de las leyes de Violencia e Igualdad cuando era secretaria general de Igualdad, y experta de Naciones Unidas. “La violencia de género, según está definida por la ONU desde 1995, es la que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Puede ser física o psíquica. En cambio, la violencia estructural es la de las estructuras políticas, económicas, culturales o religiosas que impiden ejercer los derechos humanos de las mujeres”, define.
“En España no se conculcan los derechos de maternidad”, defiende Murillo. “El que la mujer pueda elegir si es o no madre es la libertad”, puntualiza Santiago Barambio, al frente de la asociación ECAI, que agrupa a 33 clínicas donde se realiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Una libertad que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de 2010, ha potenciado al convertir el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas —ya no hay que alegar motivos—. En caso de malformación o riesgo para la salud de la embarazada, se puede abortar hasta las 22.
María acaba de dar el paso: ha interrumpido su embarazo de cuatro semanas hace pocas horas. “Para ser madre tienes que tener cabeza, y yo todavía soy una niña”, dice. Ha acudido a la clínica acompañada por su novio: están de acuerdo en no ser padres, pero el anticonceptivo falló. “Tengo trabajo, aunque eventual, pero no me siento con capacidad para convertirme en madre”, explica esta joven de 23 años que pide silenciar su apellido. El suyo es un caso frecuente: las razones personales le llevan a decir no.
“Las mujeres abortan porque se encuentran ante un embarazo no planificado que interrumpe su proyecto vital”, explica Olga Sancho, de la madrileña clínica Dator. “Salvo casos de malformación, se encuentran con un embarazo que ni desean ni han buscado”, añade Yolanda Trejo, responsable del trabajo social en la clínica barcelonesa Tutor Médica.
¿Cómo llegan a la conclusión de que no quieren ser madres? Es una decisión personal, que a menudo secundan los que no van a ser padres: los hombres abundan en las salas de espera de las clínicas. Las mujeres adoptan esa postura tras sopesar elementos distintos. “Existen mil factores: falta de estabilidad o consolidación de la pareja, de madurez, de medios para establecerse como familia, de decisión para ser madre”, enumera Sancho. “Las razones son múltiples. Los motivos de una mujer no tienen por qué valer para otra”, dice Trejo, que añade elementos como la edad, la falta de estabilidad en el empleo, el futuro no resuelto, o la existencia de otros hijos... La proporción de mujeres que abortan tras haber sido madres ha subido paulatinamente, hasta el 53,8% en 2010, último año con datos cerrados del Ministerio de Sanidad.
“Puede que ahora, con la crisis, pesen algo más los motivos económicos, pero no tengo forma de saberlo. No se pregunta”, puntualiza Trejo —desde la ley de 2010 no se preguntan las razones por las que se decide abortar—. La proporción de mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y están en desempleo ha subido —15% en 2007, 22% en 2010—, pero también se ha incrementado el paro femenino en ese lapso. “En cualquier caso, la causa económica no es la principal”, asegura Sancho. Victoria Virtudes, de la madrileña clínica El Bosque, está de acuerdo: “Hay mujeres que, contra viento y marea, deciden seguir adelante con su embarazo”. Aunque aún no hay datos oficiales cerrados de 2011, en varios centros están convencidos de que el año pasado, en plena tormenta económica, se realizaron menos abortos que en 2010 —113.031—.
La voz discordante sobre la relación entre crisis y aborto es la de Empar Pineda, de la clínica Isadora (Madrid). Considera determinante para abortar “la situación socioeconómica de la mujer y de su pareja”. Calcula que tres de cada cuatro interrupciones en su centro se deben a este motivo, “en alza por la crisis”. El segundo en importancia es “el embarazo no programado, que pone en solfa el proyecto de vida”, y el tercero —menos del 10% de los casos— son fallos en el método anticonceptivo.
“Está claro que las mujeres abortan ante una maternidad no deseada, pero no hay datos recientes para saber qué las lleva a no desearla”, asegura desde el terreno de los estudios la demógrafa Margarita Delgado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A tenor de los últimos, con datos de 1991 y 2001, esta experta en la evolución de las interrupciones del embarazo observó el papel relevante de la edad “en un cúmulo de circunstancias que operan de forma distinta”. Los años tenían más peso en las más jóvenes —“no quieren que el embarazo interrumpa su trayectoria vital”— y las más mayores —“ya tienen hijos o sienten que tienen demasiados años para ser madres”—.
¿Juega la falta de ayudas públicas a la maternidad a la hora de frenarla? Para el ministro Ruiz-Gallardón, sí —“la inexistencia de ayudas lleva a muchas mujeres a perder la libertad de elección”, dijo a EL PAÍS—.
“¿Ayudas?, ¿dónde están? La realidad es que no existen. Nadie me pregunta por ellas”, afirma Trejo. “Prácticamente no las hay, ni las ha habido más allá de alguna, ya cancelada, como los 2.500 euros por nacimiento. Y dudo mucho de que en una situación de crisis vaya a haberlas”, añade Pineda. En el sobre de información que se entrega a las mujeres que quieren abortar en Madrid se resumen en poco más que la renta de inserción (para la mujer sin ingresos) y deducciones fiscales (para la que sí los tenga).
“Si lo que quiere decir el ministro es que la maternidad está poco valorada, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿dónde están las políticas de ayuda a las mujeres que quieren tener hijos? Debe haber más guarderías, por ejemplo, y facilitar la vida a las madres”, plantea Marina Subirats, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Conoce “algún caso” de trabajadora represaliada por el embarazo —el ámbito laboral es uno de los que Ruiz-Gallardón vincula a la “violencia estructural”—, pero cree que esas situaciones se deberían erradicar “con inspecciones de trabajo”, una opción que respaldan otras interlocutoras. “Las empleadas solo comunican su embarazo a la empresa cuando han decidido seguir adelante”, puntualiza Olga Sancho, una de los que dudan de esa “violencia”. “El problema de fondo no es que las mujeres aborten, sino que la maternidad no se asume socialmente”, añade Subirats.
“Claro que no hay ayudas sociales para fomentar la natalidad, y la reforma laboral no ayuda a las mujeres embarazadas. Se pueden ver despedidas por tener un 20% de absentismo en dos meses, algo que suele ocurrir en el comienzo del embarazo”, critica Murillo. “Si el Gobierno está tan preocupado por la natalidad, ¿por qué no han incluido alguna medida nueva para defender el empleo de las madres? Las que había las han eliminado”. “Nunca han existido políticas de apoyo a la maternidad a través de los servicios sociales”, añade. “No se puede defender el derecho a ser madre sobre la base de restringir lo que ha costado tanto lograr”, reflexiona Pineda.
“En el franquismo”, recuerda, “las mujeres estaban educadas en una ideología según la cual el destino de las mujeres era el matrimonio y dar hijos al varón. En caso contrario, su vida no tenía sentido”. “Aunque durante milenios la maternidad haya sido una obligación, no puede seguir siéndolo”, plantea Subirats. “Antes, la vida de la mujer estaba muy dedicada a la reproducción, y la del varón, al sostenimiento de la familia, pero estamos en otra etapa, en la de la maternidad opcional, y eso es fantástico, porque revela una adaptación a las condiciones de vida, al descenso de la mortalidad infantil, por ejemplo. La que no se ha adaptado al cambio es la sociedad, que organiza todo como si la mujer siguiera en casa”, añade esta socióloga.
La legalización de los anticonceptivos —en 1978— y de la interrupción del embarazo —1985— han sido pasos decisivos para que la maternidad se haya convertido en una decisión voluntaria. Aunque se quede corta.
“Hay un déficit de fecundidad no satisfecha en las españolas. En las encuestas dicen que querrían tener al menos dos hijos y tienen poco más de uno, pero eso no se puede relacionar automáticamente con el aborto, sino que apunta a dificultades de índole económica y organizativa, lo que lleva a los problemas para conciliar y la escasez de políticas públicas generosas respecto a los hijos y la familia”, explica Delgado. “Somos uno de los países que Europa Occidental que dedica menos porcentaje del PIB al epígrafe de ‘familia e hijos”, añade.
A esta experta le preocupa “la carencia tremenda”, detectada en sus estudios, de “formación e información sexual”. “Eso sí que es violencia estructural: la falta de políticas de salud sexual y reproductiva desde la escuela, tal como preveía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”, replica Murillo. Y es que esa parte de la norma apenas ha despegado. El debate, que no ha hecho más que empezar, se centra solo en si el aborto deja de nuevo de ser un derecho para convertirse en una posibilidad que se concede a la mujer en ciertos supuestos.
Esta es la opinión del Colegio de Médicos de Madrid —35.000 colegiados—, que hace unos meses aprobó un controvertido informe elaborado por su Comisión Deontológica en contra de la ley de plazos que ha causado, dicen, “un grave daño”. El texto, en el que se asegura que hay que proteger la vida, y que esta comienza con la fecundación, ha vuelto a colear tras el anuncio del ministro de Justicia de que reformará la ley para hacerla más restrictiva. “No puede hablarse de un derecho al aborto, ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”, dicen.
Para los médicos madrileños, la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero tiene “un alto contenido ideológico”. Piden que se regule la objeción de conciencia, y que se contemple el derecho de un hospital completo —recuérdese que solo el 3% de estas intervenciones se hace en la pública—, un servicio ginecológico entero y de los médicos de atención primaria a objetar. Un punto polémico, ya que la ley dicta que solo pueden negarse a la prestación por motivos de conciencia aquellos profesionales “directamente implicados” en la intervención. Para el colegio madrileño, informar —que es el papel del médico de primaria— es tomar parte activa, algo que para la Organización Médica Colegial (que reúne a todos los colegios de España) es un deber del médico.
El documento ha indignado a las organizaciones de mujeres. Como a la asociación Otras Voces Feministas, que asegura que el informe es un “sinsentido” elaborado desde la ideología y no desde el conocimiento de la realidad. También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) se ha manifestado en contra de un documento que, aseguran, quiere influir en la reforma que el Gobierno quiere emprender.
“Gallardón ha invertido los términos. Convierte maternidad y aborto en un dilema con un elemento añadido: llama violencia de género a lo que no lo es, y trata a las mujeres como si fueran menores de edad sin capacidad de decisión”, afirma la socióloga Soledad Murillo, madre de las leyes de Violencia e Igualdad cuando era secretaria general de Igualdad, y experta de Naciones Unidas. “La violencia de género, según está definida por la ONU desde 1995, es la que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Puede ser física o psíquica. En cambio, la violencia estructural es la de las estructuras políticas, económicas, culturales o religiosas que impiden ejercer los derechos humanos de las mujeres”, define.
“En España no se conculcan los derechos de maternidad”, defiende Murillo. “El que la mujer pueda elegir si es o no madre es la libertad”, puntualiza Santiago Barambio, al frente de la asociación ECAI, que agrupa a 33 clínicas donde se realiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Una libertad que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de 2010, ha potenciado al convertir el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas —ya no hay que alegar motivos—. En caso de malformación o riesgo para la salud de la embarazada, se puede abortar hasta las 22.
María acaba de dar el paso: ha interrumpido su embarazo de cuatro semanas hace pocas horas. “Para ser madre tienes que tener cabeza, y yo todavía soy una niña”, dice. Ha acudido a la clínica acompañada por su novio: están de acuerdo en no ser padres, pero el anticonceptivo falló. “Tengo trabajo, aunque eventual, pero no me siento con capacidad para convertirme en madre”, explica esta joven de 23 años que pide silenciar su apellido. El suyo es un caso frecuente: las razones personales le llevan a decir no.
“Las mujeres abortan porque se encuentran ante un embarazo no planificado que interrumpe su proyecto vital”, explica Olga Sancho, de la madrileña clínica Dator. “Salvo casos de malformación, se encuentran con un embarazo que ni desean ni han buscado”, añade Yolanda Trejo, responsable del trabajo social en la clínica barcelonesa Tutor Médica.
¿Cómo llegan a la conclusión de que no quieren ser madres? Es una decisión personal, que a menudo secundan los que no van a ser padres: los hombres abundan en las salas de espera de las clínicas. Las mujeres adoptan esa postura tras sopesar elementos distintos. “Existen mil factores: falta de estabilidad o consolidación de la pareja, de madurez, de medios para establecerse como familia, de decisión para ser madre”, enumera Sancho. “Las razones son múltiples. Los motivos de una mujer no tienen por qué valer para otra”, dice Trejo, que añade elementos como la edad, la falta de estabilidad en el empleo, el futuro no resuelto, o la existencia de otros hijos... La proporción de mujeres que abortan tras haber sido madres ha subido paulatinamente, hasta el 53,8% en 2010, último año con datos cerrados del Ministerio de Sanidad.
“Puede que ahora, con la crisis, pesen algo más los motivos económicos, pero no tengo forma de saberlo. No se pregunta”, puntualiza Trejo —desde la ley de 2010 no se preguntan las razones por las que se decide abortar—. La proporción de mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y están en desempleo ha subido —15% en 2007, 22% en 2010—, pero también se ha incrementado el paro femenino en ese lapso. “En cualquier caso, la causa económica no es la principal”, asegura Sancho. Victoria Virtudes, de la madrileña clínica El Bosque, está de acuerdo: “Hay mujeres que, contra viento y marea, deciden seguir adelante con su embarazo”. Aunque aún no hay datos oficiales cerrados de 2011, en varios centros están convencidos de que el año pasado, en plena tormenta económica, se realizaron menos abortos que en 2010 —113.031—.
La voz discordante sobre la relación entre crisis y aborto es la de Empar Pineda, de la clínica Isadora (Madrid). Considera determinante para abortar “la situación socioeconómica de la mujer y de su pareja”. Calcula que tres de cada cuatro interrupciones en su centro se deben a este motivo, “en alza por la crisis”. El segundo en importancia es “el embarazo no programado, que pone en solfa el proyecto de vida”, y el tercero —menos del 10% de los casos— son fallos en el método anticonceptivo.
“Está claro que las mujeres abortan ante una maternidad no deseada, pero no hay datos recientes para saber qué las lleva a no desearla”, asegura desde el terreno de los estudios la demógrafa Margarita Delgado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A tenor de los últimos, con datos de 1991 y 2001, esta experta en la evolución de las interrupciones del embarazo observó el papel relevante de la edad “en un cúmulo de circunstancias que operan de forma distinta”. Los años tenían más peso en las más jóvenes —“no quieren que el embarazo interrumpa su trayectoria vital”— y las más mayores —“ya tienen hijos o sienten que tienen demasiados años para ser madres”—.
¿Juega la falta de ayudas públicas a la maternidad a la hora de frenarla? Para el ministro Ruiz-Gallardón, sí —“la inexistencia de ayudas lleva a muchas mujeres a perder la libertad de elección”, dijo a EL PAÍS—.
“¿Ayudas?, ¿dónde están? La realidad es que no existen. Nadie me pregunta por ellas”, afirma Trejo. “Prácticamente no las hay, ni las ha habido más allá de alguna, ya cancelada, como los 2.500 euros por nacimiento. Y dudo mucho de que en una situación de crisis vaya a haberlas”, añade Pineda. En el sobre de información que se entrega a las mujeres que quieren abortar en Madrid se resumen en poco más que la renta de inserción (para la mujer sin ingresos) y deducciones fiscales (para la que sí los tenga).
“Si lo que quiere decir el ministro es que la maternidad está poco valorada, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿dónde están las políticas de ayuda a las mujeres que quieren tener hijos? Debe haber más guarderías, por ejemplo, y facilitar la vida a las madres”, plantea Marina Subirats, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Conoce “algún caso” de trabajadora represaliada por el embarazo —el ámbito laboral es uno de los que Ruiz-Gallardón vincula a la “violencia estructural”—, pero cree que esas situaciones se deberían erradicar “con inspecciones de trabajo”, una opción que respaldan otras interlocutoras. “Las empleadas solo comunican su embarazo a la empresa cuando han decidido seguir adelante”, puntualiza Olga Sancho, una de los que dudan de esa “violencia”. “El problema de fondo no es que las mujeres aborten, sino que la maternidad no se asume socialmente”, añade Subirats.
“Claro que no hay ayudas sociales para fomentar la natalidad, y la reforma laboral no ayuda a las mujeres embarazadas. Se pueden ver despedidas por tener un 20% de absentismo en dos meses, algo que suele ocurrir en el comienzo del embarazo”, critica Murillo. “Si el Gobierno está tan preocupado por la natalidad, ¿por qué no han incluido alguna medida nueva para defender el empleo de las madres? Las que había las han eliminado”. “Nunca han existido políticas de apoyo a la maternidad a través de los servicios sociales”, añade. “No se puede defender el derecho a ser madre sobre la base de restringir lo que ha costado tanto lograr”, reflexiona Pineda.
“En el franquismo”, recuerda, “las mujeres estaban educadas en una ideología según la cual el destino de las mujeres era el matrimonio y dar hijos al varón. En caso contrario, su vida no tenía sentido”. “Aunque durante milenios la maternidad haya sido una obligación, no puede seguir siéndolo”, plantea Subirats. “Antes, la vida de la mujer estaba muy dedicada a la reproducción, y la del varón, al sostenimiento de la familia, pero estamos en otra etapa, en la de la maternidad opcional, y eso es fantástico, porque revela una adaptación a las condiciones de vida, al descenso de la mortalidad infantil, por ejemplo. La que no se ha adaptado al cambio es la sociedad, que organiza todo como si la mujer siguiera en casa”, añade esta socióloga.
La legalización de los anticonceptivos —en 1978— y de la interrupción del embarazo —1985— han sido pasos decisivos para que la maternidad se haya convertido en una decisión voluntaria. Aunque se quede corta.
“Hay un déficit de fecundidad no satisfecha en las españolas. En las encuestas dicen que querrían tener al menos dos hijos y tienen poco más de uno, pero eso no se puede relacionar automáticamente con el aborto, sino que apunta a dificultades de índole económica y organizativa, lo que lleva a los problemas para conciliar y la escasez de políticas públicas generosas respecto a los hijos y la familia”, explica Delgado. “Somos uno de los países que Europa Occidental que dedica menos porcentaje del PIB al epígrafe de ‘familia e hijos”, añade.
A esta experta le preocupa “la carencia tremenda”, detectada en sus estudios, de “formación e información sexual”. “Eso sí que es violencia estructural: la falta de políticas de salud sexual y reproductiva desde la escuela, tal como preveía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”, replica Murillo. Y es que esa parte de la norma apenas ha despegado. El debate, que no ha hecho más que empezar, se centra solo en si el aborto deja de nuevo de ser un derecho para convertirse en una posibilidad que se concede a la mujer en ciertos supuestos.
Más ideología que medicina
MARÍA R. SAHUQUILLO
El aborto divide a la profesión médica. El tema, rodeado siempre de un profundo debate político, ha sido espinoso en España desde la despenalización de la práctica, en 1985. Tampoco la ley de plazos ha logrado poner de acuerdo a los facultativos. Algunos se muestran a favor de que la mujer pueda interrumpir su embarazo de manera libre durante las primeras 14 semanas, tal y como prevé la ley de 2010. Otros creen que el aborto no es un derecho y consideran que España debería volver a una ley de supuestos, como la que existía hasta julio de 2010, pero mucho más estricta.Esta es la opinión del Colegio de Médicos de Madrid —35.000 colegiados—, que hace unos meses aprobó un controvertido informe elaborado por su Comisión Deontológica en contra de la ley de plazos que ha causado, dicen, “un grave daño”. El texto, en el que se asegura que hay que proteger la vida, y que esta comienza con la fecundación, ha vuelto a colear tras el anuncio del ministro de Justicia de que reformará la ley para hacerla más restrictiva. “No puede hablarse de un derecho al aborto, ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”, dicen.
Para los médicos madrileños, la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero tiene “un alto contenido ideológico”. Piden que se regule la objeción de conciencia, y que se contemple el derecho de un hospital completo —recuérdese que solo el 3% de estas intervenciones se hace en la pública—, un servicio ginecológico entero y de los médicos de atención primaria a objetar. Un punto polémico, ya que la ley dicta que solo pueden negarse a la prestación por motivos de conciencia aquellos profesionales “directamente implicados” en la intervención. Para el colegio madrileño, informar —que es el papel del médico de primaria— es tomar parte activa, algo que para la Organización Médica Colegial (que reúne a todos los colegios de España) es un deber del médico.
El documento ha indignado a las organizaciones de mujeres. Como a la asociación Otras Voces Feministas, que asegura que el informe es un “sinsentido” elaborado desde la ideología y no desde el conocimiento de la realidad. También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) se ha manifestado en contra de un documento que, aseguran, quiere influir en la reforma que el Gobierno quiere emprender.
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