Las denuncias, eficaces para intimidar a los agresores y evitar que reincidan

Madrid (23/03/2012) - Redacción

Las penas por agresión a un profesional sanitario oscilan entre 10-20 días de multa y los 3 años de prisión, en función de la gravedad

Es habitual conocer casos de personal sanitario que es agredido física o verbalmente por usuarios de sus centros de trabajo, y aunque aún queda camino por recorrer, parece que el propio acto de denunciar está surtiendo ya un efecto disuasorio. Así lo explica Igor Pinedo, abogado experto en derecho sanitario, del despacho Asjusa-Letramed, que trabaja en la asesoría de jurídica de los servicios sanitarios de diversas comunidades autónomas. El letrado explica que generalmente los pacientes o familiares, que son denunciados suelen "atesorar antecedentes violentos en centros sanitarios", si bien su conducta violenta desaparece desde el momento en el que son llevados a los tribunales. "Los agresores que han sido denunciados y juzgados ante un tribunal no suelen volver a agredir; parece que, además del efecto que tenga la multa o la pena que se le imponga, ponerse delante del juez a dar explicaciones también hace mella en la gran mayoría de ellos y evitan reincidir".

El experto concreta que los castigos se fijan en función de la gravedad de la agresión. Así, si la agresión se califica como una falta leve, es decir, que ha sido una amenaza verbal, vejación o injuria, la pena oscila entre 10 y 20 días de multa, y las multas pueden ir de 2 a 400 euros al día. Si la agresión se califica como delito de atentado contra funcionario público, el denunciado se enfrenta a una pena de entre 1 y 3 años de prisión, tal vez más si concurre con otro tipo de delitos".

Para Pinedo, otra de las claves fundamentales está en proporcionar información suficiente a los profesionales sobre sus derechos y las vías legales que existen para defenderlos, puesto que en este tema existe un desconocimiento generalizado. En su trabajo diario, dentro del despacho Asjusa-Letramed, como asesor jurídico de varios servicios sanitarios autonómicos, Igor Pinedo ha detectado que "sólo se denuncia un 10 por ciento de las agresiones que se producen, y lo cierto- reconoce- es que en los últimos años tampoco se puede hablar de que haya aumentado significativamente en el número de denuncias".

Las mujeres sufren más ataques que los hombres, sobre todo verbales

Los centros del sector público suelen ser los escenarios donde se produce la mayor parte de las agresiones, y son los centros de Atención Primaria y los Servicios de Urgencias de los hospitales los que registran el mayor número de altercados. En cuanto al perfil de la víctima, Pinedo apunta que "en general se percibe una mayor incidencia de ataques, sobre todo verbales, a las profesionales sanitarias".

Respecto al tipo de persona que agrede, el letrado asegura que no se puede determinar una tendencia más o menos marcada en función entre hombres y mujeres, aunque reconoce que "hasta ahora, el 85 por ciento de los agresores eran los propios pacientes, pero cada vez con más frecuencia, son los familiares los que se enfrentan a médicos, fundamentalmente en Atención Primaria, o a otros profesionales sanitarios como celadores, ATS y enfermeras, en el caso de las áreas de urgencias hospitalarias".

Los detonantes: bajas laborales, recetas médicas, pruebas diagnósticas

Las causas de la actitud agresiva de un paciente o de sus familiares, en la mayoría de las ocasiones, se circunscriben a tres tipos de circunstancias. Según puntualiza Igor Pinedo, "ya sea de forma directa o indirecta", la primera causa de agresión viene por reclamaciones de bajas laborales o determinadas incapacidades, y que el doctor se niega a conceder por no cumplir los requisitos necesarios. En segundo lugar, están las agresiones de los pacientes que demandan un determinado medicamento que han venido tomando durante un tiempo, y que por decisión médica, o bien se le retira o se le cambia. Por último, la tercera causa habitual, es la demanda de algún tipo de prueba diagnóstica específica, a pesar de que el paciente no reúna el cuadro clínico aconsejado por protocolo.

Para Igor Pinedo, "el común denominador a todos ellos se encuentra en el desconocimiento de los límites del sistema sanitario, la conciencia de ser únicamente sujetos de derechos y no de obligaciones, y la influencia que reciben de determinadas noticias o contenidos médicos publicados sobre todo en Internet, que carecen de rigor médico o se alejan de un interpretación médica correcta".