El decreto gallego de gestión clínica debería regular incentivos

La Consejería de Sanidad de Galicia considera que no es posible pues tendrán que ser específicos para cada unidad, contradiciendo así un informe del Consejo Consultivo regional.

María R. Lagoa. Vigo | dmredaccion@diariomedico.com | 27/03/2014 19:51

El dictamen del Consello Consultivo de Galicia sobre el decreto de gestión clínica advierte de que han de regularse expresamente los indicadores que se tendrán en cuenta para la fijación de los incentivos, incluyendo tanto los referidos a la utilización de recursos como los relativos a la mejora de la salud de la población. No está de acuerdo con que su establecimiento se deje totalmente a los acuerdos de gestión clínica. "En todo caso, al hablar de un porcentaje máximo de reversión para los incentivos, podría interpretarse que se tendrán en cuenta únicamente indicadores relativos a la eficiencia en la utilización de los recursos, cuando el objetivo primordial de este nuevo modelo sería la mejora de los resultados de salud", explica el órgano consultivo.

Las críticas a los mecanismos de incentivación, que no han sido corregidos, coinciden con las denuncias de los sindicatos CESM-Omega y CIG Saúde

La indicación no ha sido aceptada por la Consejería de Sanidad en el texto definitivo del decreto, porque considera que no es posible dado que esos indicadores tendrán que ser específicos para cada unidad de gestión clínica. "El decreto fija unos criterios generales. Los económicos tienen que estar previstos pero no significa que sean los únicos que se van a tener en cuenta. Los indicadores tienen que ser diferentes según la unidad y tienen que recogerse en los acuerdos de gestión; un área materno-infantil puede tener un indicador de número de cesáreas, que no tendría sentido en un área del corazón", ha explicado a Diario Médico el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Antonio Fernández-Campa.

Aunque ha trascendido esta semana, el Consello Consultivo, un órgano de carácter técnico jurídico, emitió su dictamen sobre el proyecto que le presentó la Consejería en el mes de enero. El informe, que es preceptivo pero no vinculante, concluye, por unanimidad de todos sus miembros con derecho a voto, que el texto evaluado es contrario al ordenamiento jurídico. Sin embargo, Fernández-Campa asegura que la mayoría de sus indicaciones se han incorporado a la versión final del decreto.

Las críticas a los mecanismos de incentivación, que no han sido corregidos, coinciden con las denuncias de los sindicatos CESM-Omega y CIG Saúde, que ayer mismo resaltaron las coincidencias y reclamaron la retirada inmediata del Decreto. También la consideración de que el decreto es demasiado genérico.

El Consello señala que adolece de indefinición y falta de claridad en algunas previsiones, que pueden suscitar dudas sobre la afectación final que el nuevo modelo puede producir en la estructura organizativa del sistema. Además de la incentivación, el Consello echa en falta que para la autorización de las áreas de gestión clínica no sea necesaria la evaluación de ventajas e inconvenientes que esta estructura pueda tener para los pacientes. El secretario general de la Consejería ha afirmado que esta exigencia se recoge en el texto final vigente.

Requisitos
El Consello critica que no se indique de manera clara qué personas formarán parte del comité de dirección de cada unidad, ni tampoco qué requisitos o condiciones deben reunir para incorporarse a este órgano. A su juicio, habría que señalar si este comité es un órgano colegiado o, en caso contrario, cuál será el sistema de adopción de acuerdos. "Hemos dejado claro quien nombra, que será el gerente de la estructura de gestión integrada, y que funcionará como órgano colegiado", ha acotado Fernández-Campa.

El dictamen dedica gran parte de su argumentación a las incorrecciones que ha encontrado en el procedimiento para elaborar la norma. Indica que no se cumplió debidamente con el trámite de audiencia a los colegios profesionales de médicos y enfermeros, ni a las asociaciones de pacientes, ya que la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público de Galicia establece que, cuando los proyectos afecten a los derechos e intereses legítimos de determinados grupos o sectores de la ciudadanía, tienen que someterse a su evaluación directamente o a través de organizaciones que los representen. Concretamente, señala que el plazo para las alegaciones fue inferior a los 15 días que explicita la citada ley y que el tiempo y las modificaciones sufridas por el texto obligaban a una nueva consulta.

Fernández-Campa ha comenzado por negar que la Consejería tenga la obligación de cumplir con el trámite de información pública porque se trata de un proyecto de ámbito organizativo y ha añadido que en el proceso de elaboración se buscó la participación de los colegios.

Carrera de fondo

La polémica no abandona el alumbramiento de la gestión clínica en Galicia. No ha cesado desde que la Consejería de Sanidad dio a conocer el primer borrador del decreto; las sucesivas modificaciones y la versión final, aprobada la pasada semana, no acallaron las críticas.