La debilidad de los servicios sociales sitúa a España a la cola de Europa
Cuatro comunidades, Valencia, Canarias, Madrid y Baleares, muestran los resultados más deficientes
En plena crisis económica, los servicios sociales españoles, a los que acuden alrededor de ocho millones de usuarios, muestran una gran debilidad y una tendencia a empeorar. Cuatro comunidades, Valencia, Canarias, Madrid y Baleares, obtienen un sonoro suspenso, “lo que las sitúa no solo a la cola de España, sino a la cola de Europa, cuya media está unos cinco puntos por encima del gasto español en relación con el PIB”. Por el contrario, aunque ninguna región alcanza notas altas ni mucho menos de excelencia, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja obtienen un nivel medio “aceptable” y con tendencia a superar esa calificación.
“En esta situación de necesidad social es inadmisible que servicios tan básicos no lleguen por igual a unos ciudadanos que a otros en función de la comunidad en la que vivan”, ha señalado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en la presentación de este nuevo índice que mide la cobertura social que se presta.
Para la elaboración de este indicador, que permite comparar la gestión y los resultados por comunidades, se han tenido en cuenta tres variables, los derechos de los ciudadanos regulados por ley, la inversión económica y la cobertura real que se recibe. Se han manejado más de 20 indicadores, todos ellos obtenidos de fuentes oficiales, bien sea el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el INE o Hacienda. Y los datos se han enviado a todas las comunidades, 11 de las cuales han participado activamente en el proceso, mientras que cuatro no han contestado a los requerimientos de la asociación, Extremadura, Cantabria, Baleares y Aragón, lo que no quiere decir que no se tengan datos oficiales sobre ellas.
El índice DEC (derechos, economía, cobertura) mide las leyes de nueva generación que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano en función de su situación social, también el gasto consolidado en servicios sociales por habitante y año y su porcentaje en relación al PIB de cada comunidad. “Las variables económicas que hemos tenido en cuenta nos demuestran dos cosas: que la deuda o el déficit que pueden tener algunas comunidades no es achacable en modo alguno a su gasto social, véase Valencia, por ejemplo; y dos, que una alta inversión en esta materia no garantiza resultados eficientes si ese esfuerzo económico no viene acompañado de la gestión correcta: es el caso de Extremadura, que no tiene una buena integración de todos sus servicios sociales y eso duplica esfuerzos y gasto”, ha afirmado Gustavo García Herrero, miembro de la asociación y coautor del informe. Herrero también ha advertido que el indicador muestra una tendencia, una trayectoria política y de gestión, por tanto ni los éxitos ni los fracasos son imputables a los actuales Gobiernos de las comunidades autónomas, sino que la fotografía muestra el camino recorrido en los últimos años.
El gasto medio por habitante y año en servicios sociales es de 280 euros y supone un 1,25% del PIB español. En esta materia trabajan unas 500.000 personas de forma directa. Los responsables de la asociación han recordado que “por cada millón de euros invertidos se generan entre 25 y 30 empleos directos estables y no deslocalizables, y los retornos económicos son del 40%”. “Hemos querido presentar este estudio antes de los Presupuestos Generales, por ver si podíamos evitar que recorten en esta materia”, ha bromeado Ramírez. “Pero nos tememos lo peor”, ha añadido después.
En cuanto a la cobertura de los servicios sociales (apartado al que se otorga un 5 sobre 10 al efectuar las calificaciones), se han tenido en cuenta numerosas variables, como los trabajadores de los centros sociales básicos, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas mínimas de inserción que reciben los ciudadanos más pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio y su intensidad en horas de cuidados, acogimientos familiares para menores en situación de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para albergar a personas sin hogar. “El trabajo para recopilar estos datos ha sido casi detectivesco, a ver si ahora, con la ley de transparencia se obliga, y se penaliza si ello es posible, a las comunidades que no hacen públicos sus datos. Es casi imposible averiguar las plazas de residencia para mujeres maltratadas, por ejemplo. Si a eso unimos la falta de mapas sobre los que planificar una correcta cobertura de los servicios sociales, se puede decir que en esta materia nos estamos moviendo todos a oscuras”, ha advertido García Herrero.
Ramírez ha incidido también en la escasa información pública que reciben los ciudadanos sobre esta cuestión, y “cuando la hay, a veces es contradictoria. Hemos encontrado tres datos de ayuda a domicilio procedentes del Ministerio de Sanidad, y ninguno era coincidente”. “El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y exigir los datos a las comunidades, bajo la amenaza si es necesario de dejar de hacerles las transferencias económicas”, ha agregado García Herrero.
Los responsables de la asociación han exigido una regulación “urgente” de las condiciones básicas que garanticen a los ciudadanos la igualdad en sus derechos a la protección social para “corregir las situaciones de inequidad” en todo el territorio, “máxime en tiempos de crisis”.
“En esta situación de necesidad social es inadmisible que servicios tan básicos no lleguen por igual a unos ciudadanos que a otros en función de la comunidad en la que vivan”, ha señalado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en la presentación de este nuevo índice que mide la cobertura social que se presta.
Para la elaboración de este indicador, que permite comparar la gestión y los resultados por comunidades, se han tenido en cuenta tres variables, los derechos de los ciudadanos regulados por ley, la inversión económica y la cobertura real que se recibe. Se han manejado más de 20 indicadores, todos ellos obtenidos de fuentes oficiales, bien sea el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el INE o Hacienda. Y los datos se han enviado a todas las comunidades, 11 de las cuales han participado activamente en el proceso, mientras que cuatro no han contestado a los requerimientos de la asociación, Extremadura, Cantabria, Baleares y Aragón, lo que no quiere decir que no se tengan datos oficiales sobre ellas.
El índice DEC (derechos, economía, cobertura) mide las leyes de nueva generación que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano en función de su situación social, también el gasto consolidado en servicios sociales por habitante y año y su porcentaje en relación al PIB de cada comunidad. “Las variables económicas que hemos tenido en cuenta nos demuestran dos cosas: que la deuda o el déficit que pueden tener algunas comunidades no es achacable en modo alguno a su gasto social, véase Valencia, por ejemplo; y dos, que una alta inversión en esta materia no garantiza resultados eficientes si ese esfuerzo económico no viene acompañado de la gestión correcta: es el caso de Extremadura, que no tiene una buena integración de todos sus servicios sociales y eso duplica esfuerzos y gasto”, ha afirmado Gustavo García Herrero, miembro de la asociación y coautor del informe. Herrero también ha advertido que el indicador muestra una tendencia, una trayectoria política y de gestión, por tanto ni los éxitos ni los fracasos son imputables a los actuales Gobiernos de las comunidades autónomas, sino que la fotografía muestra el camino recorrido en los últimos años.
El gasto medio por habitante y año en servicios sociales es de 280 euros y supone un 1,25% del PIB español. En esta materia trabajan unas 500.000 personas de forma directa. Los responsables de la asociación han recordado que “por cada millón de euros invertidos se generan entre 25 y 30 empleos directos estables y no deslocalizables, y los retornos económicos son del 40%”. “Hemos querido presentar este estudio antes de los Presupuestos Generales, por ver si podíamos evitar que recorten en esta materia”, ha bromeado Ramírez. “Pero nos tememos lo peor”, ha añadido después.
En cuanto a la cobertura de los servicios sociales (apartado al que se otorga un 5 sobre 10 al efectuar las calificaciones), se han tenido en cuenta numerosas variables, como los trabajadores de los centros sociales básicos, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas mínimas de inserción que reciben los ciudadanos más pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio y su intensidad en horas de cuidados, acogimientos familiares para menores en situación de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para albergar a personas sin hogar. “El trabajo para recopilar estos datos ha sido casi detectivesco, a ver si ahora, con la ley de transparencia se obliga, y se penaliza si ello es posible, a las comunidades que no hacen públicos sus datos. Es casi imposible averiguar las plazas de residencia para mujeres maltratadas, por ejemplo. Si a eso unimos la falta de mapas sobre los que planificar una correcta cobertura de los servicios sociales, se puede decir que en esta materia nos estamos moviendo todos a oscuras”, ha advertido García Herrero.
Ramírez ha incidido también en la escasa información pública que reciben los ciudadanos sobre esta cuestión, y “cuando la hay, a veces es contradictoria. Hemos encontrado tres datos de ayuda a domicilio procedentes del Ministerio de Sanidad, y ninguno era coincidente”. “El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y exigir los datos a las comunidades, bajo la amenaza si es necesario de dejar de hacerles las transferencias económicas”, ha agregado García Herrero.
Los responsables de la asociación han exigido una regulación “urgente” de las condiciones básicas que garanticen a los ciudadanos la igualdad en sus derechos a la protección social para “corregir las situaciones de inequidad” en todo el territorio, “máxime en tiempos de crisis”.
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