Mato apuesta por el diálogo para solucionar las dudas que plantea el sistema de subastas de medicamentos de Andalucía
• La ministra resalta en el Congreso que la medida no reúne requisitos de transparencia y garantías, rompe la unidad del mercado y, sobre todo, impide a los andaluces acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad
• El PSOE ve "interés partidista" en el intento del Gobierno de paralizar la medida, y su portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, considera en su interpelación "un chantaje inaceptable" frenarla cuando supone un ahorro anual de 200 millones de euros
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido "el derecho de todos los usuarios del sistema a una prestación farmacéutica de alta calidad y con una variada oferta" que asegure que se atienden las necesidades de cada paciente. Mato ha hecho esta consideración al responder a una interpelación urgente del diputado José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sobre el ahorro en el gasto farmacéutico mediante el sistema de subastas de medicamentos impulsado por Andalucía.
A juicio de la ministra, esta medida no tiene los suficientes requisitos de transparencia y garantías, rompe la unidad del mercado y, sobre todo, "afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles". En concreto, Mato ha detallado que la subasta va contra el criterio de disponer de varias alternativas de un mismo medicamento, para que el médico elija; establece un monopolio marcado por la Consejería de Salud de un único fármaco en cada territorio e incrementa los riesgos de desabastecimiento. En suma, se trata, en opinión de la ministra, de un auténtico "recorte en las prestaciones sanitarias".
Mato ha recordado que fue aprobado sin los informes del Consejo de Estado y sin el preceptivo aviso y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). A pesar de que existen "razones más que suficientes" para que el Estado presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular este decreto, la ministra ha explicado que "el Gobierno ha querido hacer uso de los mecanismos constitucionales de diálogo entre administraciones".
Por ello, se ha abierto el proceso establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para despejar las dudas y estudiar la información que aporte la Administración Autonómica. Mato considera que "la Junta debe aceptar este diálogo como muestra inequívoca de que está a favor de la cohesión y la equidad". Si hay voluntad de avanzar hacia un Pacto por la Sanidad, "todos los movimientos tienen que ir hacia ahí", ha asegurado la ministra.
Comparativa
Mato ha recordado a Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio, que el anterior equipo ministerial "dejó escrito y firmado un informe de análisis valorando de manera negativa la subasta". También ha señalado que el anterior Gobierno denunció directamente ante el TC, con petición expresa de suspensión, la norma gallega que pretendía controlar la factura farmacéutica, sin recurrir previamente al diálogo.
Sin embargo, Mato ha señalado que estudiará toda la información que aporte la Junta de Andalucía. "Este Gobierno nunca renunciará a analizar con detalle ninguna propuesta de eficiencia", ha afirmado. Aun así, ha considerado que "se pueden plantear medidas para el ahorro en el gasto farmacéutico sin poner en peligro los pilares de nuestro sistema sanitario". Como ejemplo, ha citado la compra centralizada de vacunas, acordada en el último Pleno del Consejo Interterritorial del SNS.
La interpelación del PSOE
En su interpelación, José Martínez Olmos, ha acusado a la ministra Ana Mato de "anteponer los intereses electorales del PP en Andalucía", por la decisión del Gobierno de paralizar el sistema de subasta de medicamentos impulsado por la Junta, una medida que supone un ahorro anual de 200 millones de euros en la factura farmacéutica y que, extendiéndola al conjunto del sistema sanitario, podría significar un ahorro superior a 1.500 millones de euros al año.
Martínez Olmos considera "un chantaje inaceptable" que el Gobierno solicite a Andalucía que paralice la subasta, la deje sin efecto, y amenace con llevar la iniciativa al TC, una posición que "sólo se explica desde una actitud de obstaculización partidista ante la inminencia de las elecciones autonómicas", ha dicho.
Martínez Olmos se ha mostrado "contrario a los recortes de derechos, a la introducción de copagos, a la privatización de los servicios públicos, y a dar pasos atrás", y ha expresado su preocupación, compartida por ciudadanos y profesionales, "por la situación de la Sanidad Pública española, y por el riesgo de que los recortes afecten a la calidad asistencial de los pacientes".
En este sentido, ha defendido que "hay alternativas de ahorro sin necesidad de recurrir a los copagos o a las privatizaciones de servicios públicos, ni hacer recortes que perjudiquen a la calidad asistencial" y sostiene que junto a las medidas de ahorro y eficiencia es necesario generar políticas de ingresos con destino finalista para la Sanidad Pública. "Hace falta más ahorro, más eficiencia y más recursos. Solo así es viable Sanidad Pública de calidad sostenible sin recortes ni copagos", ha recalcado.
Martínez Olmos ha puesto a Andalucía como ejemplo de que "hay otra manera de afrontar la crisis sin tener que recortar los servicios públicos y sin favorecer su privatización", como pasa en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha.
En Andalucía, ha asegurado, "no sólo no se ha producido recorte presupuestario, sino que se han desarrollado iniciativas pioneras de control del gasto sanitario y farmacéutico", como la prescripción por principio activo o la iniciativa por la que interpelaba a la ministra, que ya se aplica en los hospitales españoles, y que consiste en la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia andaluzas cuando son prescritos o indicados por principio activo.
El diputado socialista ha acusado al PP de "anteponer los intereses del partido a los intereses de los ciudadanos" y a la ministra Mato de "actuar más como dirigente del PP, siguiendo las instrucciones de Javier Arenas, que como ministra responsable de la sostenibilidad de la Sanidad Pública".
A juicio de la ministra, esta medida no tiene los suficientes requisitos de transparencia y garantías, rompe la unidad del mercado y, sobre todo, "afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles". En concreto, Mato ha detallado que la subasta va contra el criterio de disponer de varias alternativas de un mismo medicamento, para que el médico elija; establece un monopolio marcado por la Consejería de Salud de un único fármaco en cada territorio e incrementa los riesgos de desabastecimiento. En suma, se trata, en opinión de la ministra, de un auténtico "recorte en las prestaciones sanitarias".
Mato ha recordado que fue aprobado sin los informes del Consejo de Estado y sin el preceptivo aviso y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). A pesar de que existen "razones más que suficientes" para que el Estado presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular este decreto, la ministra ha explicado que "el Gobierno ha querido hacer uso de los mecanismos constitucionales de diálogo entre administraciones".
Por ello, se ha abierto el proceso establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para despejar las dudas y estudiar la información que aporte la Administración Autonómica. Mato considera que "la Junta debe aceptar este diálogo como muestra inequívoca de que está a favor de la cohesión y la equidad". Si hay voluntad de avanzar hacia un Pacto por la Sanidad, "todos los movimientos tienen que ir hacia ahí", ha asegurado la ministra.
Comparativa
Mato ha recordado a Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio, que el anterior equipo ministerial "dejó escrito y firmado un informe de análisis valorando de manera negativa la subasta". También ha señalado que el anterior Gobierno denunció directamente ante el TC, con petición expresa de suspensión, la norma gallega que pretendía controlar la factura farmacéutica, sin recurrir previamente al diálogo.
Sin embargo, Mato ha señalado que estudiará toda la información que aporte la Junta de Andalucía. "Este Gobierno nunca renunciará a analizar con detalle ninguna propuesta de eficiencia", ha afirmado. Aun así, ha considerado que "se pueden plantear medidas para el ahorro en el gasto farmacéutico sin poner en peligro los pilares de nuestro sistema sanitario". Como ejemplo, ha citado la compra centralizada de vacunas, acordada en el último Pleno del Consejo Interterritorial del SNS.
La interpelación del PSOE
En su interpelación, José Martínez Olmos, ha acusado a la ministra Ana Mato de "anteponer los intereses electorales del PP en Andalucía", por la decisión del Gobierno de paralizar el sistema de subasta de medicamentos impulsado por la Junta, una medida que supone un ahorro anual de 200 millones de euros en la factura farmacéutica y que, extendiéndola al conjunto del sistema sanitario, podría significar un ahorro superior a 1.500 millones de euros al año.
Martínez Olmos considera "un chantaje inaceptable" que el Gobierno solicite a Andalucía que paralice la subasta, la deje sin efecto, y amenace con llevar la iniciativa al TC, una posición que "sólo se explica desde una actitud de obstaculización partidista ante la inminencia de las elecciones autonómicas", ha dicho.
Martínez Olmos se ha mostrado "contrario a los recortes de derechos, a la introducción de copagos, a la privatización de los servicios públicos, y a dar pasos atrás", y ha expresado su preocupación, compartida por ciudadanos y profesionales, "por la situación de la Sanidad Pública española, y por el riesgo de que los recortes afecten a la calidad asistencial de los pacientes".
En este sentido, ha defendido que "hay alternativas de ahorro sin necesidad de recurrir a los copagos o a las privatizaciones de servicios públicos, ni hacer recortes que perjudiquen a la calidad asistencial" y sostiene que junto a las medidas de ahorro y eficiencia es necesario generar políticas de ingresos con destino finalista para la Sanidad Pública. "Hace falta más ahorro, más eficiencia y más recursos. Solo así es viable Sanidad Pública de calidad sostenible sin recortes ni copagos", ha recalcado.
Martínez Olmos ha puesto a Andalucía como ejemplo de que "hay otra manera de afrontar la crisis sin tener que recortar los servicios públicos y sin favorecer su privatización", como pasa en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha.
En Andalucía, ha asegurado, "no sólo no se ha producido recorte presupuestario, sino que se han desarrollado iniciativas pioneras de control del gasto sanitario y farmacéutico", como la prescripción por principio activo o la iniciativa por la que interpelaba a la ministra, que ya se aplica en los hospitales españoles, y que consiste en la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia andaluzas cuando son prescritos o indicados por principio activo.
El diputado socialista ha acusado al PP de "anteponer los intereses del partido a los intereses de los ciudadanos" y a la ministra Mato de "actuar más como dirigente del PP, siguiendo las instrucciones de Javier Arenas, que como ministra responsable de la sostenibilidad de la Sanidad Pública".
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