Autogolpe en Sant Pau
Salud interviene el hospital por su déficit pese a haber aprobado todas sus cuentas.
Uno de los patrones que avaló el agujero es el jefe de gabinete de Boi Ruiz
Ferran Balsells Barcelona24 MAR 2012 - 22:15 CET2
Un aspecto de la fachada del hospital de Sant Pau, en Barcelona. / MARCEL.LÍ SÀENZ
La Generalitat aprobó en 2010 y 2011 las pérdidas de 18,3 millones de euros del hospital de Sant Pau que el pasado lunes utilizó el Gobierno catalán para justificar la intervención del centro y el despido de su gerente, Jordi Varela. El aval de la Generalitat a las cuentas del centro se había concretado a través de la mayoría de representantes que el Gobierno catalán tiene en el patronato de la fundación que gestiona el hospital, donde controla tres de las cinco sillas del patronato. Las otras dos representan al Ayuntamiento y al Arzobispado de Barcelona.
El patronato es el responsable de supervisar periódicamente las cuentas del centro, así como las medidas que plantea aplicar la gerencia. “A través del patronato, la Generalitat ha controlado mes a mes las cuentas”, destacó a este diario el ya exgerente Jordi Varela, que rechazó realizar más declaraciones. “La Generalitat se ha intervenido a sí misma”, ilustra sorprendido el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté, “porque ha controlado en todo momento las cuentas de Sant Pau”.
El Gobierno catalán, por su parte, no ha ofrecido su versión, pese a que este periódico se lo ha solicitado desde el pasado jueves. Varela fue nombrado director de Sant Pau en 2004 por el primer Gobierno del tripartito y sustituyó en el cargo a Josep Anton Grau, que ahora vuelve a estar vinculado a la fundación patrimonial de Sant Pau como representante designado por el alcalde, Xavier Trias.
Los tres representantes de la Generalitat en el patronato de la fundación gestora de Sant Pau son Jaume Tort, también jefe del gabinete de Boi Ruiz en el Departamento de Salud; Jaume Estany, coordinador general de la Corporación Sanitaria de Barcelona, y Albert Folia, auditor nombrado en 2010 precisamente para controlar las cuentas de Sant Pau.
“La Generalitat conocía el déficit porque el patronato ha aprobado las cuentas de cada ejercicio a través de reuniones mensuales”, admite un portavoz del propio hospital. “La Generalitat ya controlaba el Sant Pau; esta intervención no tiene sentido”, insiste un portavoz del comité de empresa del centro. “En todo caso, debería exigir una explicación a sus representantes en el patronato”,
Sara Jaurrieta (PSC), patrona por el Ayuntamiento de Barcelona hasta 2010, admite que el órgano de gobierno del hospital aprobó cuentas deficitarias, pero justifica: “Estos se deben a los recortes brutales e inaplicables aplicados por el consejero Boi Ruiz, de hasta 26 millones en un año”. “Mi misión como patrona es supervisar las cuentas, pero también velar por la calidad de los servicios asistenciales y la equidad de su acceso por los ciudadanos”, se defiende la edil socialista.
El hospital queda ahora en manos de tres miembros del Departamento de Salud y otros tres del de Economía. “Según los datos de que dispone la Generalitat, las cuentas del Sant Pau de 2011 se hallan en situación de desequilibrio económico”, justificó el Gobierno catalán en un comunicado emitido el pasado lunes. En 2010, las pérdidas ascendieron a 8,7 millones y a 9,6 en 2011.
Al haber aprobado este déficit, los patronos también han incumplido el compromiso que la fundación gestora mantiene con el Gobierno catalán para “mantener el equilibrio patrimonial y controlar el gasto”, como detalla la memoria de Sant Pau de 2009. Este compromiso deriva del plan de salvamento que el antiguo Gobierno de la Generalitat aplicó a partir de 2007 para sanear el centro, que acumulaba un déficit de cerca de 250 millones desde la década de 1970. La Generalitat solicitó un gran crédito por ese importe. Como contraprestación, el hospital quedaba obligado a no incurrir en nuevas pérdidas y aplicar políticas de austeridad.
El agujero de 18,3 millones debería elevarse hasta 30 porque el hospital no ha provisionado en los dos últimos años las demandas judiciales interpuestas por los trabajadores contra el centro, como obliga a hacerlo la normativa de contabilidad cuando existe un riesgo de que el hospital pierda la demanda.
El patronato es el responsable de supervisar periódicamente las cuentas del centro, así como las medidas que plantea aplicar la gerencia. “A través del patronato, la Generalitat ha controlado mes a mes las cuentas”, destacó a este diario el ya exgerente Jordi Varela, que rechazó realizar más declaraciones. “La Generalitat se ha intervenido a sí misma”, ilustra sorprendido el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté, “porque ha controlado en todo momento las cuentas de Sant Pau”.
El Gobierno catalán, por su parte, no ha ofrecido su versión, pese a que este periódico se lo ha solicitado desde el pasado jueves. Varela fue nombrado director de Sant Pau en 2004 por el primer Gobierno del tripartito y sustituyó en el cargo a Josep Anton Grau, que ahora vuelve a estar vinculado a la fundación patrimonial de Sant Pau como representante designado por el alcalde, Xavier Trias.
Los tres representantes de la Generalitat en el patronato de la fundación gestora de Sant Pau son Jaume Tort, también jefe del gabinete de Boi Ruiz en el Departamento de Salud; Jaume Estany, coordinador general de la Corporación Sanitaria de Barcelona, y Albert Folia, auditor nombrado en 2010 precisamente para controlar las cuentas de Sant Pau.
“La Generalitat conocía el déficit porque el patronato ha aprobado las cuentas de cada ejercicio a través de reuniones mensuales”, admite un portavoz del propio hospital. “La Generalitat ya controlaba el Sant Pau; esta intervención no tiene sentido”, insiste un portavoz del comité de empresa del centro. “En todo caso, debería exigir una explicación a sus representantes en el patronato”,
Sara Jaurrieta (PSC), patrona por el Ayuntamiento de Barcelona hasta 2010, admite que el órgano de gobierno del hospital aprobó cuentas deficitarias, pero justifica: “Estos se deben a los recortes brutales e inaplicables aplicados por el consejero Boi Ruiz, de hasta 26 millones en un año”. “Mi misión como patrona es supervisar las cuentas, pero también velar por la calidad de los servicios asistenciales y la equidad de su acceso por los ciudadanos”, se defiende la edil socialista.
El hospital queda ahora en manos de tres miembros del Departamento de Salud y otros tres del de Economía. “Según los datos de que dispone la Generalitat, las cuentas del Sant Pau de 2011 se hallan en situación de desequilibrio económico”, justificó el Gobierno catalán en un comunicado emitido el pasado lunes. En 2010, las pérdidas ascendieron a 8,7 millones y a 9,6 en 2011.
Al haber aprobado este déficit, los patronos también han incumplido el compromiso que la fundación gestora mantiene con el Gobierno catalán para “mantener el equilibrio patrimonial y controlar el gasto”, como detalla la memoria de Sant Pau de 2009. Este compromiso deriva del plan de salvamento que el antiguo Gobierno de la Generalitat aplicó a partir de 2007 para sanear el centro, que acumulaba un déficit de cerca de 250 millones desde la década de 1970. La Generalitat solicitó un gran crédito por ese importe. Como contraprestación, el hospital quedaba obligado a no incurrir en nuevas pérdidas y aplicar políticas de austeridad.
El agujero de 18,3 millones debería elevarse hasta 30 porque el hospital no ha provisionado en los dos últimos años las demandas judiciales interpuestas por los trabajadores contra el centro, como obliga a hacerlo la normativa de contabilidad cuando existe un riesgo de que el hospital pierda la demanda.
En pérdidas con un patrimonio millonario
Ferran Balsells
Sant Pau acumula pérdidas pese a que se trata del hospital catalán que posee un patrimonio millonario: unos 1.200 inmuebles valorados en cerca de 300 millones de euros que tiene alquilados y que le reportaron en 2010 un beneficio de 9,2 millones de euros. Se trata de edificios donados por los ciudadanos e instituciones que el hospital ha ido acumulando desde el siglo XV para que el centro sanitario los aproveche en beneficio de los ciudadanos. En 1991, cuando las deudas del Sant Pau amenazaban con embargar el patrimonio, los gestores dividieron el hospital en dos fundaciones, una patrimonial —que se quedó con todas las propiedades y, por tanto, los ingresos— y otra de gestión de los servicios sanitarios, de naturaleza deficitaria. Un año más tarde, Sant Pau creó una tercera fundación para captar y destinar recursos a la investigación. “El problema de Sant Pau”, denuncia el comité de empresa, es que “la fundación patrimonial no comparte sus ingresos con la asistencial”. Es más, ejerce el control del patrimonio con mano de hierro. “Los donantes entregaron sus propiedades a Sant Pau para que las rentas sirvieran para atender a los enfermos”, argumentan los representantes de los trabajadores. Un portavoz de Sant Pau, en cambio, justifica que los ingresos de la fundación patrimonial se destinen a “formar a los profesionales y mantener el hospital como centro de referencia, pero no a sufragar un déficit que en todo caso debería cubrir la Generalitat, ya que Sant Pau es un hospital público”.
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