¿QUÉ PROYECTO PARA ESPAÑA? / 4
I+D+E+i+e
España no tiene más opción que acumular el capital humano necesario para no quedar descolgada para siempre de los países que lideran la construcción de la economía del conocimiento
Uno de los trabajadores de la empresa ABCR Labs en Forcarei (Pontevedra) / PATRICIA SANTOS
En las tres primeras entregas de esta serie he argumentado que, para salir de la crisis actual, que será más larga de lo que muchos imaginan, España necesita un proyecto de futuro que sea capaz de motivar y cohesionar a la ciudadanía. Alemania comenzó el ajuste al euro y a la caída del Muro en 1998. Portugal está haciendo un ajuste dramático bajo tutela internacional. Estos dos países tienen una gran cohesión nacional, lo que asegura poca resistencia social a los ajustes, aunque en ambos casos ha habido vuelcos políticos en las elecciones generales. España, que está empezando a ajustarse ahora, no tiene tanta cohesión, por lo que la reforma estructural hay que motivarla con una ambición de futuro mucho más explícita. Esta ambición no puede ser otra que acumular el capital humano necesario para no quedar descolgados para siempre de los países que van en cabeza en la construcción de la economía del conocimiento. En este cuarto y último artículo voy a hacer una propuesta sobre cómo debería concretarse este proyecto. El proyecto puede resumirse en I+D+E+i+e, es decir, investigación y desarrollo, educación, e innovación y emprendimiento. Lo detallo a continuación.
Cuando sus señorías votaron la ley, el presupuesto público para I+D se había reducido ya un 12,3% respecto a 2009. Se fueron los socialistas y llegaron los populares. ¿Qué fue lo primero que hicieron antes de irse a comer las uvas de Nochevieja? Recortar 600 millones del gasto en I+D. Llevamos ya un 22% acumulado de reducción respecto a 2009 y los firmantes de la Carta abierta por la ciencia en España, entre los que me incluyo, temen que en 2012 el acumulado podría llegar hasta el -30%. Esto hará retroceder la I+D por lo menos una década, porque hacer ciencia no es como hacer carreteras, cuya construcción puede interrumpirse un tiempo para continuarse después. Los científicos emigran y ya no vuelven, y hay que volver a empezar, pero la credibilidad se ha perdido. Así no hay manera de salir del atraso. España financió I+D+i en 2010 por el 1,39% del PIB. En 2011 se estima que la financiación cayó al 1,35%. La media de la UE-27 es el 2,3% y el objetivo del Consejo Europeo es el 3%. Estamos convergiendo… con Marruecos.
Hay una vieja máxima que dice que, si te caes en un hoyo, no te pongas a cavar. Pues cavar es lo que se ha hecho en España en las recesiones pasadas y en la presente. El gasto en I+D parece tener la consideración de gasto suntuario: en las recesiones es lo primero que se recorta, junto con las fiestas de verano de los pueblos y la limpieza de las calles. Es el mundo al revés. Ante fuertes restricciones presupuestarias como las actuales, se tendría que recortar antes el gasto en pensiones que en I+D porque este último es lo único que puede asegurar el pago de las pensiones futuras. En otros países europeos esto se entiende bien, y el gasto en I+D está subiendo. Aquí está bajando en picado. ¿Por qué? ¿Porque no da votos? Dios mío… ¿Cómo es que no ha habido un motín en la clase política ante la política suicida que se está aplicando? Seguimos cavando en el hoyo…
El gasto en I+D debería materializarse en un presupuesto plurianual vinculante, enmarcado en un plan a largo plazo que tuviese como objetivo alcanzar el 3% del PIB propuesto por el Consejo Europeo. En 2012 no solo no debería haber más recortes sino que, en el presupuesto que se presentará después de las elecciones andaluzas, debería enmendarse el recorte anunciado en diciembre pasado. Además, la I+D debería incluirse en los “sectores prioritarios” que tendrán oferta de empleo pública positiva en el ejercicio. En caso contrario, el nuevo modelo productivo y el acceso a la economía del conocimiento seguirán estando cada vez más lejos.
Las reformas necesarias en la educación pública primaria y secundaria responden a principios de gestión que pueden resumirse en tres palabras: responsabilidad, evaluación e incentivos. Los directores de los centros deben ser responsables de la ejecución de su proyecto educativo. Su gestión debe ser evaluada por las autoridades educativas e incentivada económicamente y con promociones en la carrera docente. Los profesores deben ser responsables de la formación de sus alumnos. Deben ser evaluados por el director de su centro y esa evaluación debe afectar a sus emolumentos y a su promoción en la carrera docente. Los centros deben ser evaluados y la evaluación debe hacerse pública. Debe haber libertad de elección de centro educativo público.
La aplicación de estos sencillos principios a la gestión de la enseñanza pública provocaría una rápida mejora de su calidad y de los resultados obtenidos. Hay motivos para la esperanza. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid y Cataluña, se están dando pasos muy importantes en esta dirección. La Ley de Educación de Cataluña (BOE de 6 de agosto de 2009), también de recomendable lectura, asume la mayoría de los principios del párrafo anterior, aunque su plazo de aplicación, ocho años, es demasiado largo. Madrid ha sido pionera en la evaluación de los centros y en adoptar la libre elección de centro. También ha dado pasos valientes para fomentar la excelencia.
Todas las comunidades deberían avanzar en esta dirección, a pesar de la feroz resistencia que opondrán Indíbil y Mandonio, a quienes no interesa una educación pública de calidad, y los sindicatos, para quienes la evaluación del desempeño y la excelencia son anatema.
En Dinamarca hay cuatro veces más emprendedores por cada mil habitantes que en España. Comparaciones similares pueden hacerse con otros países líderes en innovación. Los emprendedores ¿nacen o se hacen?, es decir, ¿hay una diferencia genética insuperable entre daneses y españoles que explique las diferencias en emprendimiento? Yo me inclino a pensar que no, que las causas más relevantes son de tipo cultural y educativo y que, por tanto, se puede actuar sobre ellas. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea tarea fácil. Cambios culturales espontáneos en nuestra sociedad ocurren continuamente —los jóvenes miran el ordenador, no la televisión, por ejemplo—. Los cambios culturales provocados son fenómenos mucho más raros y cabe preguntarse si son una buena idea. Pero ¿cuál es la alternativa? Como la alternativa es resignarse a seguir siendo el país del “que inventen ellos”, yo prefiero intentarlo. Además, la experiencia no tan lejana de la Transición nos dice que España sabe hacer un cambio cultural cuando lo necesita, y esto es muy alentador.
A grandes rasgos, se trataría de hacer con el capital humano lo que se hizo en España con el capital físico y, más concretamente, con la infraestructura del transporte, entre 1987 y 2007. Fue un esfuerzo extraordinario —a mi juicio, excesivo— que nos llevó a tener una de las mejores infraestructuras del transporte del mundo. Las actuaciones para mejorar el capital humano habría que planificarlas también a muy largo plazo, décadas, y necesitarían una aportación de recursos masiva. Un plan Marshall, para entendernos. El proceso tendría lugar en tres planos simultáneos, pero diferenciados.
En primer lugar, habiendo normalizado la gestión de enseñanza primaria y secundaria según los principios de gestión enunciados más arriba, se tendrían que reenfocar los proyectos educativos hacia la formación de innovadores, haciendo la enseñanza menos informativa y más analítica. Como señala Mangabeira Unger, catedrático de Harvard y exministro de Lula en Brasil, habría que utilizar, incluso en la enseñanza primaria, las características de la educación universitaria más avanzada. Para ello se tendría que formar al profesorado y organizar circuitos de excelencia que incluyesen a las universidades (en esta serie de artículos no voy a tratar del problema universitario).
En segundo lugar se debería organizar una red de fondos públicos y organizaciones tutelares a la que pudiesen acudir todos los españoles de edades entre, por decir algo, 18 y 30 años que tuviesen una idea potencialmente innovadora, aunque fuese muy modesta, para solicitar financiación y tutela. Esta red de fondos, como he discutido alguna vez con Luis Garicano, debería construirse a partir de experiencias exitosas y escalables, como las que ya empiezan a despuntar en algunas comunidades autónomas. La financiación y gestión privadas serían bienvenidas, aunque es poco probable que en este estadio tengan una presencia relevante. Esta red debería escalarse, con los años, a un volumen de financiación de varios puntos del PIB.
Y, en tercer lugar, debería potenciarse e incentivarse el crecimiento de una industria de capital emprendedor potente que apostase por los mejores proyectos surgidos de las incubadoras de la red mencionada en el párrafo anterior, financiando y orientando su crecimiento y expansión. El capital emprendedor o venture capital está mal visto en España, en donde se le denomina capital riesgo para desalentar a potenciales inversores. Los trámites burocráticos de constitución se eternizan y la fiscalidad que soporta es punitiva, rozando lo disuasorio. Esta cultura administrativa debería cambiar de inmediato, porque el capital emprendedor es una pieza clave en una sociedad orientada hacia la innovación, tal y como he ido argumentando en los primeros artículos de esta serie.
Estoy seguro de que las propuestas contenidas en este artículo parecerán utópicas a muchos. La mala noticia es que quizás lo sean. No lo sé. Lo que sí sé es que si no se hace algo parecido a lo que propongo, en el mejor de los casos, es decir, si la crisis se termina en dos o tres años, España se convertirá en un país en el que, en términos comparativos, trenes de alta velocidad cada vez más rápidos transportarán a pasajeros cada vez más lerdos. En el caso más probable, es decir, si la crisis tarda entre cinco y diez años más en resolverse, los trenes de alta velocidad estarán cada vez más deteriorados y serán más lentos.
Hay más. Comunidades históricas como Cataluña y el País Vasco están predispuestas y bien posicionadas para abordar un programa de acumulación de capital humano de este tipo. La corte de Madrid y el palco del Bernabéu no lo están, para empezar porque no lo entienden, pero es que, además, porque son ellos los que construyen las infraestructuras del transporte. Indíbil y Mandonio, por una parte, y los sindicatos, por otra, tampoco van a estar por la labor. Este programa puede y debe arrancar como un proyecto de futuro integrador para toda España. Pero si no arranca así es muy probable que Cataluña y el País Vasco hagan de él bandera independentista y arranquen por su cuenta. Y no será una cuestión de nacionalismo, sino de supervivencia. No hace falta ser nacionalista para ser independentista: basta con querer soltar lastre. Como me dijo un amigo mío de Unió Democràtica de Catalunya: “Para ser de Unió no hace falta creer en Dios. Eso sí, hay que ser cristiano”. En esas estamos.
Investigación y desarrollo
A los políticos españoles de cualquier pelaje se les llena la boca hablando de la necesidad de adoptar un nuevo modelo productivo y de acceder a la economía del conocimiento. No solo la boca, también llenan el BOE. En mayo de 2011 el 99% de los diputados del Congreso votó a favor de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuyo preámbulo se puede leer: “El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento…”. Pura fachada.Cuando sus señorías votaron la ley, el presupuesto público para I+D se había reducido ya un 12,3% respecto a 2009. Se fueron los socialistas y llegaron los populares. ¿Qué fue lo primero que hicieron antes de irse a comer las uvas de Nochevieja? Recortar 600 millones del gasto en I+D. Llevamos ya un 22% acumulado de reducción respecto a 2009 y los firmantes de la Carta abierta por la ciencia en España, entre los que me incluyo, temen que en 2012 el acumulado podría llegar hasta el -30%. Esto hará retroceder la I+D por lo menos una década, porque hacer ciencia no es como hacer carreteras, cuya construcción puede interrumpirse un tiempo para continuarse después. Los científicos emigran y ya no vuelven, y hay que volver a empezar, pero la credibilidad se ha perdido. Así no hay manera de salir del atraso. España financió I+D+i en 2010 por el 1,39% del PIB. En 2011 se estima que la financiación cayó al 1,35%. La media de la UE-27 es el 2,3% y el objetivo del Consejo Europeo es el 3%. Estamos convergiendo… con Marruecos.
Hay una vieja máxima que dice que, si te caes en un hoyo, no te pongas a cavar. Pues cavar es lo que se ha hecho en España en las recesiones pasadas y en la presente. El gasto en I+D parece tener la consideración de gasto suntuario: en las recesiones es lo primero que se recorta, junto con las fiestas de verano de los pueblos y la limpieza de las calles. Es el mundo al revés. Ante fuertes restricciones presupuestarias como las actuales, se tendría que recortar antes el gasto en pensiones que en I+D porque este último es lo único que puede asegurar el pago de las pensiones futuras. En otros países europeos esto se entiende bien, y el gasto en I+D está subiendo. Aquí está bajando en picado. ¿Por qué? ¿Porque no da votos? Dios mío… ¿Cómo es que no ha habido un motín en la clase política ante la política suicida que se está aplicando? Seguimos cavando en el hoyo…
El gasto en I+D debería materializarse en un presupuesto plurianual vinculante, enmarcado en un plan a largo plazo que tuviese como objetivo alcanzar el 3% del PIB propuesto por el Consejo Europeo. En 2012 no solo no debería haber más recortes sino que, en el presupuesto que se presentará después de las elecciones andaluzas, debería enmendarse el recorte anunciado en diciembre pasado. Además, la I+D debería incluirse en los “sectores prioritarios” que tendrán oferta de empleo pública positiva en el ejercicio. En caso contrario, el nuevo modelo productivo y el acceso a la economía del conocimiento seguirán estando cada vez más lejos.
Educación
Al contrario que con la I+D, los principales problemas de la educación primaria y secundaria en España no son presupuestarios, sino de gestión y orientación. Esto lo pone de manifiesto, por ejemplo, el sonrojante informe PISA para la Comunidad Canaria publicado por la OCDE la semana pasada, de lectura muy recomendable. Al contrario que con la I+D, ninguneada por una terrible indiferencia política y social, la educación suscita debates encontrados y es campo de batalla favorito para la pinza formada por Indíbil y Mandonio y los sindicatos (conceptos estos definidos en el tercer artículo de esta serie) para tratar de bloquear cualquier reforma que altere el status quo.Las reformas necesarias en la educación pública primaria y secundaria responden a principios de gestión que pueden resumirse en tres palabras: responsabilidad, evaluación e incentivos. Los directores de los centros deben ser responsables de la ejecución de su proyecto educativo. Su gestión debe ser evaluada por las autoridades educativas e incentivada económicamente y con promociones en la carrera docente. Los profesores deben ser responsables de la formación de sus alumnos. Deben ser evaluados por el director de su centro y esa evaluación debe afectar a sus emolumentos y a su promoción en la carrera docente. Los centros deben ser evaluados y la evaluación debe hacerse pública. Debe haber libertad de elección de centro educativo público.
La aplicación de estos sencillos principios a la gestión de la enseñanza pública provocaría una rápida mejora de su calidad y de los resultados obtenidos. Hay motivos para la esperanza. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid y Cataluña, se están dando pasos muy importantes en esta dirección. La Ley de Educación de Cataluña (BOE de 6 de agosto de 2009), también de recomendable lectura, asume la mayoría de los principios del párrafo anterior, aunque su plazo de aplicación, ocho años, es demasiado largo. Madrid ha sido pionera en la evaluación de los centros y en adoptar la libre elección de centro. También ha dado pasos valientes para fomentar la excelencia.
Todas las comunidades deberían avanzar en esta dirección, a pesar de la feroz resistencia que opondrán Indíbil y Mandonio, a quienes no interesa una educación pública de calidad, y los sindicatos, para quienes la evaluación del desempeño y la excelencia son anatema.
Innovación y emprendimiento
En Dinamarca hay cuatro veces más emprendedores por cada mil habitantes que en España. Comparaciones similares pueden hacerse con otros países líderes en innovación. Los emprendedores ¿nacen o se hacen?, es decir, ¿hay una diferencia genética insuperable entre daneses y españoles que explique las diferencias en emprendimiento? Yo me inclino a pensar que no, que las causas más relevantes son de tipo cultural y educativo y que, por tanto, se puede actuar sobre ellas. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea tarea fácil. Cambios culturales espontáneos en nuestra sociedad ocurren continuamente —los jóvenes miran el ordenador, no la televisión, por ejemplo—. Los cambios culturales provocados son fenómenos mucho más raros y cabe preguntarse si son una buena idea. Pero ¿cuál es la alternativa? Como la alternativa es resignarse a seguir siendo el país del “que inventen ellos”, yo prefiero intentarlo. Además, la experiencia no tan lejana de la Transición nos dice que España sabe hacer un cambio cultural cuando lo necesita, y esto es muy alentador.
A grandes rasgos, se trataría de hacer con el capital humano lo que se hizo en España con el capital físico y, más concretamente, con la infraestructura del transporte, entre 1987 y 2007. Fue un esfuerzo extraordinario —a mi juicio, excesivo— que nos llevó a tener una de las mejores infraestructuras del transporte del mundo. Las actuaciones para mejorar el capital humano habría que planificarlas también a muy largo plazo, décadas, y necesitarían una aportación de recursos masiva. Un plan Marshall, para entendernos. El proceso tendría lugar en tres planos simultáneos, pero diferenciados.
En primer lugar, habiendo normalizado la gestión de enseñanza primaria y secundaria según los principios de gestión enunciados más arriba, se tendrían que reenfocar los proyectos educativos hacia la formación de innovadores, haciendo la enseñanza menos informativa y más analítica. Como señala Mangabeira Unger, catedrático de Harvard y exministro de Lula en Brasil, habría que utilizar, incluso en la enseñanza primaria, las características de la educación universitaria más avanzada. Para ello se tendría que formar al profesorado y organizar circuitos de excelencia que incluyesen a las universidades (en esta serie de artículos no voy a tratar del problema universitario).
En segundo lugar se debería organizar una red de fondos públicos y organizaciones tutelares a la que pudiesen acudir todos los españoles de edades entre, por decir algo, 18 y 30 años que tuviesen una idea potencialmente innovadora, aunque fuese muy modesta, para solicitar financiación y tutela. Esta red de fondos, como he discutido alguna vez con Luis Garicano, debería construirse a partir de experiencias exitosas y escalables, como las que ya empiezan a despuntar en algunas comunidades autónomas. La financiación y gestión privadas serían bienvenidas, aunque es poco probable que en este estadio tengan una presencia relevante. Esta red debería escalarse, con los años, a un volumen de financiación de varios puntos del PIB.
Y, en tercer lugar, debería potenciarse e incentivarse el crecimiento de una industria de capital emprendedor potente que apostase por los mejores proyectos surgidos de las incubadoras de la red mencionada en el párrafo anterior, financiando y orientando su crecimiento y expansión. El capital emprendedor o venture capital está mal visto en España, en donde se le denomina capital riesgo para desalentar a potenciales inversores. Los trámites burocráticos de constitución se eternizan y la fiscalidad que soporta es punitiva, rozando lo disuasorio. Esta cultura administrativa debería cambiar de inmediato, porque el capital emprendedor es una pieza clave en una sociedad orientada hacia la innovación, tal y como he ido argumentando en los primeros artículos de esta serie.
¿Juntos o separados?
Estoy seguro de que las propuestas contenidas en este artículo parecerán utópicas a muchos. La mala noticia es que quizás lo sean. No lo sé. Lo que sí sé es que si no se hace algo parecido a lo que propongo, en el mejor de los casos, es decir, si la crisis se termina en dos o tres años, España se convertirá en un país en el que, en términos comparativos, trenes de alta velocidad cada vez más rápidos transportarán a pasajeros cada vez más lerdos. En el caso más probable, es decir, si la crisis tarda entre cinco y diez años más en resolverse, los trenes de alta velocidad estarán cada vez más deteriorados y serán más lentos.
Hay más. Comunidades históricas como Cataluña y el País Vasco están predispuestas y bien posicionadas para abordar un programa de acumulación de capital humano de este tipo. La corte de Madrid y el palco del Bernabéu no lo están, para empezar porque no lo entienden, pero es que, además, porque son ellos los que construyen las infraestructuras del transporte. Indíbil y Mandonio, por una parte, y los sindicatos, por otra, tampoco van a estar por la labor. Este programa puede y debe arrancar como un proyecto de futuro integrador para toda España. Pero si no arranca así es muy probable que Cataluña y el País Vasco hagan de él bandera independentista y arranquen por su cuenta. Y no será una cuestión de nacionalismo, sino de supervivencia. No hace falta ser nacionalista para ser independentista: basta con querer soltar lastre. Como me dijo un amigo mío de Unió Democràtica de Catalunya: “Para ser de Unió no hace falta creer en Dios. Eso sí, hay que ser cristiano”. En esas estamos.
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