Tráfico de ancianos en Girona

Un geriátrico irregular se reconvierte en ‘pensión’ para sortear los controles de la Generalitat

En la residencia viven en precario una veintena de abuelos

Antía Castedo Girona24 MAR 2012 - 00:46 CET

Dos hombres trasladan a dos ancianas a la nueva pensión. / PERE DURAN

Una veintena de ancianos han vivido al menos 10 días en una pensión en precarias condiciones en Girona después de que los dueños cerrasen sin previo aviso el geriátrico privado donde residían y los recolocasen en el citado hostal. El Departamento de Bienestar y Familia ordenó clausurar la residencia por un cúmulo de irregularidades y envió el caso a la fiscalía, a pesar de lo cual los dueños volvieron ayer a trasladar a los abuelos a las instalaciones de la residencia clausurada, tal como pudo comprobar este periódico. Los propietarios metieron a los ancianos en una pensión cercana sin comunicarlo a las autoridades, antes de la fecha límite para el cierre de la residencia, y se negaron a aportar la lista de nombres de los internos para evitar que la Generalitat pudiese contactar con las familias y buscarles otro centro.

Se trata de la residencia Bassegoda, situada en la calle del mismo nombre de Girona, y que llevaba dos años y medio abierta. Una inspección ya detectó irregularidades a mediados de 2010, informó una portavoz de la Generalitat, que realiza revisiones periódicas en estos centros privados. La residencia necesitaba hacer obras y no tenía todos los papeles en regla. Tampoco cumplía con las ratios establecidas de usuarios. “Los dueños utilizaron estrategias como cambiar el nombre y la razón social de la empresa para no cumplir con los requerimientos y dilatar el proceso”, explicó esta portavoz. La Generalitat ya clausuró en 2008 otra residencia propiedad de las mismas personas en Amer (Selva) tras hallar infracciones graves en la instalación.

Tras comprobar en varias inspecciones que los dueños no cumplían con los requerimientos, Bienestar y Familia ordenó hace dos meses la clausura de la residencia Bassegoda.

La Generalitat exigió la lista de residentes para ponerse en contacto con las familias y recolocar a los ancianos en otros centros. Los dueños prometieron enviarlo el 12 de marzo, 18 días antes de la fecha fijada para el cierre, pero no lo hicieron. La sorpresa fue mayúscula cuando, el pasado día 13, los inspectores volvieron a la residencia y se encontraron con que no había nadie.

Los enviados de la Generalitat intentaron averiguar el paradero de los residentes y lograron saber a través de los vecinos que habían sido trasladados a una pensión situada frente al geriátrico. Bienestar y Familia sospecha que los dueños de esta pensión son los mismos que los de la residencia o que ambos tienen un pacto.

"No me acuerdo de dónde estaba la puerta de la pensión, ¿te acuerdas tú?, le dice una anciana a otra residente

El jueves, la puerta del geriátrico clausurado estaba abierta. Las tres personas que se encontraban dentro no quisieron explicar si eran trabajadores o los dueños del centro. “Está cerrada y no sabemos nada”, dijeron. En el bar que regentan los propietarios de la pensión reinaba el silencio. “Nosotros solo alquilamos las habitaciones, no tenemos nada que ver”, se justificó por teléfono una mujer que se identificó como responsable del local. Dos mujeres ancianas paseaban por la calle cogidas del brazo. “No me acuerdo de dónde estaba la puerta de la pensión, ¿te acuerdas tú?”, le preguntaba una a la otra. Ambas se mostraban desorientadas e incapaces de hilar frases coherentes.

Minutos después un hombre de unos 70 años regresaba de un paseo. “Nos han dicho que mañana [por ayer] van a reabrir la residencia como pensión”, explicó. Según el relato de este hombre, de la veintena de ancianos que vivían en la residencia solo uno había sido trasladado a otro centro. “A otro se lo van a llevar porque se está muriendo”, afirmó. “Nos han dicho que en la nueva pensión tendremos habitación propia y ducha y que nos podemos quedar allí si queremos”. Poco después, apareció un hombre y cogió al abuelo del brazo para llevárselo hacia el bar e impedir la conversación con la periodista.

Los ancianos pagan más de 1.000 euros al mes a los dueños de la residencia. La Generalitat está teniendo dificultades para localizar a los familiares por la negativa de los dueños a facilitar los nombres de los internos. “Utilizamos un listado antiguo, pero no sabemos quiénes son todos los que estaban en la residencia”, reconoce la portavoz oficial. “Algunos de los que aparecen en esa lista se han muerto. A otros no los hemos podido localizar”.

La Generalitat no puede intervenir porque no hay personas incapacitadas y solo puede sugerir que la residencia no es un lugar adecuado

Pese a todas estas polémicas circunstancias, la Generalitat afirma: “No hay ningún abuelo incapacitado”, y al tratarse de personas adultas son ellas y sus familias las que deben decidir si quieren continuar en la pensión. “Solo podemos sugerir que ese no es un lugar adecuado”, afirma la portavoz. Algunas familias ya ha accedido a trasladar a los abuelos a otros centros con la ayuda del Departamento de Bienestar.

El fotógrafo de este periódico se vio ayer por la tarde obligado a llamar a los Mossos d’Esquadra por el comportamiento agresivo de un hombre que trataba de impedir que sacase una foto de la pensión desde la calle. La policía autonómica acudió e identificó a este hombre y dos más, supuestos encargados de la residencia o trabajadores, dos de nacionalidad rumana y un español. Tras irse la policía y mientras los responsables de la residencia trasladaban a los ancianos —algunos en sillas de ruedas— hasta el centro clausurado por la Generalitat, estos mismos hombres volvieron a proferir graves amenazas contra el fotógrafo en una actitud de gran violencia.

En todo caso, tendrá que ser la fiscalía la que ahora tiene que investigar si los ancianos están bien atendidos y si el edificio de la antigua residencia —ahora reabierta como pensión— cumple los estándares de seguridad y salud. El Ayuntamiento de Girona no respondió ayer a las preguntas de este periódico.